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Los Invisibles- Gael Garcia Bernal y Marc Silver #Migracion


El pasado viernes 25 de Marzo fue visto por última vez el compañero Gabriel Gómez Caña (de playera roja en la foto) mejor conocido en RadioAMLO como (Gabotex) quien se trasladaba del plantón en demanda por mejores condiciones en su área de trabajo, hacia su domicilio particular, todo esto en Orizaba Veracruz .

El martes 29 de Marzo Sara Gómez Caña, denuncio la desaparición de su hermano Gabriel quien seguramente es un desaparecido político, debido a sus fuertes críticas y señalamientos en torno a la corrupción del actual alcalde de Orizaba Veracruz.
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México D.F. 10 de Marzo de 2011.  Hoy fue promovida la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo que suscribe parte de la diputación federal del PRI.
En el documento se plantean la reforma de 139 de los artículos vigentes de la Ley Federal del Trabajo, la adición de 30 artículos nuevos, la derogación de 15 y los transitorios propuestos son 6, en un texto de 58 páginas a renglón seguido, por cuya razón y habida cuenta la premura de la información que es necesario propalar, esta evaluación comprende los aspectos positivos y negativos más relevantes, a reserva de preparar la evaluación detallada de la iniciativa.
Planteamientos regresivos o contrarios a derecho:
• Sobre el concepto del trabajo decente de la OIT, que ellos denominan trabajo digno, (Art. 2o) se mutilan sus principios eliminando todo lo vinculado con respecto a la democracia sindical, a la contratación colectiva y a la huelga. El objetivo es obvio: el PRI pretende mantener a toda costa los privilegios corporativos del modelo sindical que patrocina, soslayando que el trinomio libertad sindical- democracia sindical- autonomía sindical, es inescindible.
• En el artículo 15-A, se reproduce el planteamiento del PAN respecto de un tipo de relación individual de trabajo denominada “trabajo en régimen de subcontratación” entre un trabajador y un patrón denominado “subcontratista” que asimilan al patrón dedicado a ejecutar obras o servicios por su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su dirección, para una tercera persona “denominada beneficiario” ya sea en el mismo lugar donde tiene sus actividades el beneficiario (servicios en la práctica ilegal prevaleciente llamada insourcing) o en lugar distinto (servicios en la práctica ilegal prevaleciente llamada outsourcing) Con ello se pretende que en la relación existente entre un contratista dedicado a prestar servicios con sus propios trabajadores para otras personas, se califique ahora a ese empresario como subcontratista, en un esfuerzo por validar legalmente las anómalas figuras del insourcing y el outsourcing que son violatorias porque se usan para precarizar el trabajo y para substraer materia de trabajo regulada en la contratación colectiva o individual del patrón beneficiario con sus propios trabajadores, afectando tanto a éstos como a los tercerizados, efectos que se producirían no obstante los inoperantes “candados” que se plantean en los párrafos finales de este artículo. Con esta tipificación se está haciendo la tarea a la patronal con el evidente objeto de validar la existencia de la multitud de empresas de mano de obra conocidas como manpower, dedicadas a tercerizar las relaciones de trabajo, haciendo del trabajo una mercancía, lo cual está prohibido porque el trabajo no puede ser materia de comercio, principio consignado en artículo 3o de la LFT vigente e internacionalmente refrendado en la Constitución de la OIT, que vincula jurídicamente a México, en cuyo Anexo de la Declaración de Filadelfia se establece en su apartado II, de principios fundamentales, que: a) “el trabajo no es una mercancía”, principio que se confirma y desarrolla en el Convenio 181 también de la OIT, denominado “Convenio sobre las agencias de empleo privadas”, que por cierto, no ha sido suscrito por México, pero que no obstante, su fundamentación tanto en lo que hace al principio de que el trabajo no es mercancía, como a la prevención de que la tercerización no puede afectar la libertad sindical ni la unidad de la contratación colectiva, concuerda con nuestra Constitución en lo que hace al derecho a la sindicación y con la LFT vigente en lo que concierne también a la libertad sindical y a la contratación colectiva, de cuyos principios de desprende que el contrato colectivo debe aplicarse unitariamente a todos los trabajadores al servicio de la empresa o establecimiento aplicados a la ejecución de la materia de trabajo objeto de la empresa o establecimiento, con la única excepción de los trabajadores de confianza, cuando así se haya pactado en el propio contrato colectivo. •    En el artículo 25, se plantea una seria contradicción al principio de bilateralidad ya que se posibilita que los trabajadores en lo individual, puedan pactar modalidades al contrato colectivo en lo que hace a labores complementarias o conexas.
•    En los nuevos artículos 39-A al 39-F, se regulan el período de prueba de hasta 180 días, si se trata de altos empleados con pago de salarios y prestaciones devengadas; el contrato para capacitación inicial hasta por seis meses si se trata de altos empleados con pago salarios devengados, figuras no prorrogables, así como modalidades al trabajo por tiempo indeterminado.
•    En el artículo 47 se adicionan causales de rescisión válidas pero indebidamente se posibilita que el aviso de despido pueda darse también por “correo certificado”, lo que permitiría a patrones truculentos enviar sobre cerrado sin contenido y luego alegar que el aviso se envió por ese medio.
• Se valida pagar los salarios por medios electrónicos sin necesidad de convenirlo (Art. 101).
•    Se prohíbe la intervención patronal en el sindicato e inhibir la libertad sindical, pero no se instrumentan normas para impedirlo o sancionarlo.
• Además en forma carente de la más elemental técnica y conocimientos jurídicos, en el artículo 180-A, se alude al delito de “utilizar los servicios de menores” contra las prescripciones de la ley laboral y se concede graciosamente facultad de denuncia a cualquier persona, pero para el nuevo tipo penal (que no se prevé en el Código Penal Federal) no se propone penalidad alguna, omisión que lo hace nulo, en atención al principio general de derecho de que no puede haber delito sin pena legalmente establecida (Nulla poena sine lege).
•    Se abstienen de plantear la supresión del segundo párrafo del artículo 395 y, por tanto, mantienen la inconstitucional vigencia de la cláusula de exclusión del trabajo por renuncia o expulsión del sindicato titular del contrato colectivo.
• Plantean que las tablas de enfermedades profesionales y de monto de las indemnizaciones por riesgo profesional, en adelante sean fijadas y revisadas y fijadas periódicamente, conforme a los avances científicos, lo cual es correcto pero al suprimir las tablas vigentes, no prevén transitorio que las mantenga vigentes hasta que se aplique la nueva regla.
•    En el artículo 530 que se refiere a los servicios gratuitos de las procuradurías de la defensa del trabajo, proponen que se solicite el apoyo de las autoridades cuando el trabajador no pueda pagar los honorarios ¿¿??
•    En el artículo 802 validan que la antefirma, pueda substituir a la firma autógrafa ¿¿??
•    Respecto de la prueba de recuento en la huelga y en los juicios de titularidad, plantean que solo los sindicalizados tendrán derecho a votar y no así el resto de los trabajadores a quienes se aplique el contrato colectivo motivo de la huelga o en disputa, lo que constituye un candado más para mantener el control corporativo de los trabajadores. El resto de propuestas para esta prueba, son acordes con la jurisprudencia de la Corte en cuanto al voto secreto y al padrón auténtico (artículo 931)
• Plantean diversas reformas al procedimiento, la mayoría adecuadas, excepto que en varias disposiciones introducen reglas privativas para mantener el control del sindicalismo corporativo en las juntas de conciliación y arbitraje.
• Sobre el tema de la justicia administrativa, en graciosa concesión a la patronal, eluden el perfeccionamiento de la inspección del trabajo y de un sistema efectivo de sanciones a la patronal por violaciones a la ley, en los que existe coincidencia en las iniciativas PRD-UNT y PAN;
•    Acatando las directrices de la patronal, retiran su planteamiento sobre la semana de 40 horas.
Planteamientos acordes con las iniciativas PRD-UNT:
•    Se plantean aumentos al salario mínimo acordes con el índice nacional de precios.
•    Se destacan los fenómenos del desempleo, del subempleo, del empleo precario, de la discriminación, de la explotación de los niños y de los efectos de afectación al fisco, al IMSS y al INFONAVIT, cuestiones en las que conceptualmente se coincide con las iniciativas PRD-UNT y en alguna medida con las del PAN;
• Se plantea la productividad con beneficios compartidos mediante la capacitación y la innovación tecnológica para promover la competitividad y la modernización, cuestiones en las que conceptualmente también se coincide con las iniciativas PRD-UNT y en alguna medida con las del PAN;
• Se plantea que los programas de productividad en la contratación colectiva se vinculen a la validez del contrato pero la tendencia del proyecto de iniciativa, supone degradación de la institución de la contratación colectiva, todavía mayor a la que ya impera, situación que haría inoperante la reforma;
•    Se coincide con las iniciativas PRD-UNT y PAN en la prohibición de prueba de embarazo para la contratación;
Propuestas aceptables diversas a las planteadas en la iniciativa PRD-UNT
• En los nuevos artículos 836-A al 836-D, se moderniza la materia de la prueba con los múltiples medios electrónicos en redacciones técnicas que deben valorarse por especialistas en esta tecnología.
• En materia procesal, la iniciativa aborda la modernización de las reglas así como profesionalización de los integrantes de las juntas y de mayores espacios de conciliación, pero se soslayan las propuestas del PRD-UNT, que aluden reformas procesales acordes a las nuevas necesidades en materia de impartición de justicia desde la reforma del marco constitucional (jueces de los laboral en lugar de las juntas)
CONCLUSIONES:
Esta propuesta resulta todavía más limitada que la que la bancada del PRI se abstuvio de promover a fines del año pasado por la oposición de la patronal a la semana de 40 horas, lo que aumenta su distancia con las iniciativas PRD-UNT, en tanto que no incide sobre la modernización del modelo laboral y productivo porque no aborda la reforma del marco constitucional (substitución de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos por un Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades, jueces de los laboral en lugar de juntas, Registro Público de sindicatos y contratos colectivos, derogación del apartado B del 123, federalización de la inspección del trabajo, etc.) y por el contrario acentúa los amarres que favorecen el sindicalismo corporativo, el de protección así como la preeminencia de los contratos de protección. Cabe advertir incluso que es más limitada que la del PAN en diversos temas como en los planteamientos de voto directo y secreto en las elecciones sindicales, de transparencia sindical, de publicación del registro de sindicatos y contratos colectivos, de fortalecimiento a la inspección del trabajo y de mayor penalización a la patronal por violaciones a la ley.
No alude a la instauración del seguro de desempleo. Sobre las cuestiones de flexibilización unilateral y precarización de las condiciones y modelos de trabajo, con las propuestas del PRI, pareciera que se está haciendo la tarea a la patronal para convalidar la reiterada violación a la ley con mecanismos de hecho que han precarizado el trabajo, entronizado el falso sindicalismo y el contratismo de protección.
Además, prevalece una técnica jurídica deficiente con inconsistencias y hasta absurdos jurídicos amen de la inobservancia de principios generales de derecho, de contenidos de la Constitución y de convenios de la OIT, como se hizo notar en los comentarios que anteceden.
Lic. Héctor Barba García. Asesor jurídico

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Tapachula, Chis. 30 de Marzo de 2011.- El coordinador del Consejo Regional de Damnificados del Huracán Stan, Carlos Tapia Ramírez, hizo una convocatoria a los afectados por el fenómeno hidrometeorológico del 2005 de los 41 municipios de Chiapas a unirse al Movimiento Rural Ciudadano Genuino "Por la Defensa de la Democracia y las Instituciones al Servicio de la Sociedad.

En entrevista estableció que este movimiento nace con el fin de cerrar el paso a la fuerzas retrogradas del país, que pretenden mantener secuestradas las instituciones de la república por delincuentes de cuello blanco incrustados en el poder, tal es el caso del ex gobernador de Chiapas Pablo Salazar y del senador Rubén Velázquez.

Manifestó que los chiapanecos, particularmente los damnificados del Stan, hombres, mujeres y niños repudian las pretensiones y la intromisión de Pablo Salazar Mendiguchía, en los asuntos políticos del estado, debido a que es el principal responsable de los desvíos de fondos para la reconstrucción.

"Este movimiento surge en los 41 municipios devastados por el huracán Stan en octubre de 2005, en las regiones Sierra, Soconusco, Costa y Frailesca de Chiapas donde se cometió la más grave ofensa, a través del fraude, saqueo , represión y venganza afectaron la dignidad del pueblo"

Tapia Ramírez , señaló que a casi seis años de la tragedia provocada por el Stan, persiste una reconstrucción inconclusa de la zona devastada y no obstante la formal querella interpuesta por los afectados el 03 de abril de 2009 ante la PGR en Tapachula, así como la demanda de juicio político interpuesta contra Pablo Salazar en julio de 2007 en el Congreso local, mismas que siguen engavetadas.

Por ello resalto que con la conformación de este movimiento ciudadano se instalarán módulos en cada unos de los municipios afectados para recabar firmar y exponerlas ante los órganos electorales, el Instituto Federal Electoral (IFE) y Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), para solicitar la cancelación de las pretensiones políticas de Pablo Salazar y Rubén Velázquez defraudadores del pueblo de Chiapas.

"Solicitamos a las organizaciones cívicas de ciudadanos, organismos no gubernamentales, magisterio, estudiantes, servidores públicos, indígenas, obreros, periodistas y damnificados nos unamos para echar abajo la candidatura que a la que aspira Pablo Salazar y Rubén Velázquez en la política, de ser así serán repudiados, por ser monumentos a la impunidad", concluyo.
Cintalapa, Chis.-En sesión de cabildo, los regidores del PRI, PAN, PRD y Convergencia, desaprobaron la propuesta de aumento salarial de los integrantes de la comuna.

Los representantes de los partidos políticos consideraron incorrecto, el porcentaje que se propuso, ya que supera el 15 por ciento en algunos casos.

El presidente municipal, que en el trienio pasado ganaba 60 mil pesos, en la actual administración se propuso un aumento de 20 mil pesos más.

Mientras que respecto al síndico, quien en la pasada administración ganaba 36 mil pesos, se pretendía cobrara 48 mil pesos.

Los regidores, con salario el año pasado de 25 mil pesos, en la presente administración municipal, se esperaba cobraran 30 mil pesos.

De acuerdo con la Ley de Transparencia, El Gobernador del Estado de Chiapas, en el 2010 tenía un sueldo de 110 mil pesos, por lo que para los regidores, el edil de Cintalapa, no puede ganar 80 mil pesos en el 2011.

Los regidores indicaron que están de a
cuerdo en un incremento máximo de seis mil pesos, más no de 20 mil pesos como se planteó.
  • No la curaron a tiempo y le amputaron un dedo

Tapachula Chiapas, 31 de marzo de 2011.- La apatía y carente calidad profesional del personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en esta Perla de Soconusco, nuevamente cobró una víctima, quien padece de hipertensión y diabetes, pero al solicitar una consulta para que le revisaran un dedo del pie derecho, ésta se postergó y ante un diagnóstico médico erróneo tuvieron que amputarlo, a pesar de que a tiempo y con la debida atención se pudo haber evitado.

La denuncia interpuesta a la institución médica exige que se realice justicia para la paciente y sean las autoridades pertinentes quienes designen el castigo para los responsables. La hija de la afectada, Mayra Iliana Pérez Ponce, expresó que su mamá acudió el 28 de febrero, del presente año, al consultorio del IMSS para una revisión de uno de sus dedos, del pie derecho, debido a unas punzadas que estaba padeciendo, pero el médico, correspondiente a ese consultorio no se encontraba; fue el doctor Sánchez Calvario, quien la envío de vuelta a su casa y le recomendó que regresara a consulta el sábado 5 de marzo, porque su caso no era "urgente".

La hija de la paciente narró que llegaron a consulta el 5 de marzo, tal como se lo habían indicado, en esa ocasión la atendió el doctor Julio C. López Córdova, quien luego de observar y revisar el dedo, se percató que éste se encontraba lastimado y solicitó al enfermero en turno que le realizara una limpieza general en el pie.

El enfermero hizo énfasis en la diabetes e hipertensión de la paciente y le cuestionó al médico Julio C. López, qué medicamento era el adecuado aplicarle para llevar a cabo la limpieza y el doctor indicó le pusieran Isodine, a pesar que el propio enfermero manifestó que no era propicio ese medicamento, pero lo grave fue la respuesta del médico, quien con un tono irónico expresó: "entonces ponle una gasa si gustas", situación que generó que el doctor y el enfermero discutieran al respecto y, finalmente, ninguno le realizó la curación correcta y una vez más la regresaron a su casa.

Pérez Ponce explicó que, posteriormente, su mamá empezó a tener fiebre en la madrugada del domingo 6 de marzo, por lo que se presentaron en el IMSS muy temprano, pero fue atendida hasta las 14:30 horas, pues no había personal para realizarle la curación. "Por la elevada temperatura que presentaba, llegó un momento en el que estuvo a punto de desmayarse y sólo en ese momento, ante los gritos de ayuda, salieron a auxiliarla; le curaron el dedo y nos mandaron a la casa", explicó.

De acuerdo a la narración de la denunciante, para el día lunes 7 del mismo mes, tuvieron que acudir a urgencias, donde la vio otro doctor en turno y determinó que la paciente se internara de inmediato; hasta las 14:00 horas llegó el médico traumatólogo de nombre José Mak, quien pidió su envío a quirófano debido a que no se le había atendido de manera pronta.

Al final, apuntó la señora Mayra Ileana Pérez, que a su mamá la metieron a cirugía a las 5 de la tarde y le fue amputado el dedo. Esta situación ha confrontado a la familia porque si los médicos hubieran brindado la atención oportuna, se habría evitado, "inclusive hay más detalles irregulares, pues el médico en uno de los estudios indicó que se trataba del pie izquierdo, pero realmente se trataba del derecho. La molestia es inevitable, no es posible que no puedan brindar un buen servicio, como corresponde, y cada día se cometan este tipo de negligencias", finalizó. 
  • Les Imponen Cuotas Para Entregarles los Recursos.
  • Quienes no Cumplen son Borrados del Programa, Denuncian Comunidades Ejidales.

Tapachula, Chis. 30 de marzo.- Beneficiarias del programa Oportunidades del Ejido Miramar de esta ciudad denunciaron públicamente el cobro de cuotas de las que han sido objeto para recibir el apoyo federal y recientemente, el despojo al beneficio del que han sido víctimas varias familias por parte del personal del programa.

“Pedimos justicia y esclarecimiento de los programas federales en contra de la señora Elodia Gómez Pérez, ya que desde hace varios meses nos amenaza y nos quita 20 pesos de cooperación del apoyo de oportunidades y pide 20 pesos de cooperación para pagar a los uniformados y nos obliga a gastar parte de nuestro apoyo en la tienda DICONSA” señaló Celia Barrios Gramajo vocal de oportunidades de esta comunidad.

Incluso si no acceden a dar las cooperaciones han sido amenazados de que todos los beneficiarios del programa en esta comunidad serán dados de baja o suspendido por un tiempo.

Apuntaron que Gómez Pérez a quien identifican como Coordinadora de Almacenes de tiendas DICONSA de la SEDESOL las intimida diciéndoles que a ella no le pueden hacer nada porque está protegida por Mario Betancourt, representante en Tapachula del Programa Oportunidades, a quien le han denunciado constantemente estos actos de abusos sin que hasta el momento haya actuado en consecuencia, “por eso hace lo que quiere y dice que nadie la puede correr porque todos la protegen, especialmente Betancourt”.

Denunciaron también que como acto de represión, los funcionarios  dieron de baja a 14 jóvenes que estudian el nivel secundaria junto a sus titulares, quienes con esto han perdido la beca con la que contaban para seguir estudiando, por ello ven en riesgo sus estudios.

El profesor Heber López López de la Telesecundaria de la comunidad dijo que esta acción es lamentable porque los jóvenes necesitan ese apoyo y no es posible que de un momento a otro desaparezcan del programa, incluso algunos padres de familia ya contemplan la posibilidad de que sus hijos abandonen la escuela por esta razón.

“Queremos que venga el apoyo de nuestros hijos, somos pobres, no tenemos con que mantener a nuestros hijos, cuál es el motivo que nos lo quiten. Sí me preocupa, mi esposo no gana mucho y con lo poco apenas nos alcanza para comer, ahora de donde vamos a agarrar para mandar a nuestros hijos a la escuela” expresó con lagrimas en los ojos Gabriela Salinas González, madre de familia.

Finalmente, señalaron que incluso a las vocales que han denunciado estos actos de abuso  ya no las dejan entrar a las oficinas de Oportunidades, en donde les han dicho que las puertas para ellas están cerradas por órdenes estrictas del representante de Oportunidades en Tapachula Mario Betancourt, por lo que pidieron la intervención del Gobierno Federal y Estatal en este problema.

Fuente
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas 29 de marzo de 2011
Boletín conjunto

  • El Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa AC (CDH Digna Ochoa); el Centro de Derechos Humanos Fray Matias de Córdova y Ordoñez AC (CDH Fraymaco); y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC. (Frayba), manifiestan su preocupación por el hostigamiento judicial a los integrantes del CDH Digna Ochoa, de manera específica hacia su director el abogado Nataniel Hernández Núñez y otros abogados de la misma institución.

El pasado 15 de marzo, Nataniel Hernández y su hermana Jazmín Hernández Núñez, se encontraban en una diligencia en el Juzgado Cuarto de Distrito, en las instalaciones que ocupa el Poder Judicial de la Federación en la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, México. Su presencia en dicho lugar se debió a que asistían jurídicamente a seis personas de la comunidad de Nicolás Bravo II, Municipio de Mapastepec Chiapas. Al término de dicha diligencia cuatro de estas personas, tres hombres y una mujer, fueron detenidas por la Policía Federal Ministerial (PFM).
 
Al percatarse de estos hechos, Nataniel Hernández permaneció en la ciudad tratando de averiguar el motivo de la detención de estas personas, cuando aproximadamente a las 20.00 hrs., mientras se encontraba en los juzgados de distrito para conocer la situación jurídica de las personas detenidas, se le acercaron varios elementos de la PFM quienes le preguntaron. “tu eres Nataniel, somos de la AFI y hay una orden de aprehensión”, al que Nataniel les informó que contaba con un amparo y que no podían detenerlo, pero la Agente del Ministerio Público Federal Griselda Flores de León, adscrita al Juzgado Tercero de Distrito, les indicó a los policías: “es él, llévenselo, su amparo no sirve”.
 
Nataniel Hernández fue trasladado a las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR) en Tapachula. Durante el trayecto le informaron que estaba detenido por un bloqueo carretero y le preguntaron si era dirigente de alguna organización que esté en contra del gobierno. Ya en la PGR le hicieron una revisión médica y le tomaron fotografías, para posteriormente trasladarlo al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No 3 en Tapachula (CERSS No. 3) y a su ingreso le informaron que estaba acusado del delito de ataques a las vías de comunicación por una denuncia interpuesta por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por los hechos ocurridos el 22 de febrero de 2011, bajo el expediente penal 33/2011 radicado en el Juzgado Tercero de Distrito de la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez. Junto con él están acusados los Sres. Eduardo Alonso Martínez Silva y José María Martínez Cruz, colaboradores del CDH Digna Ochoa.
 
En el CERSS No. 3 se encontraban tres de las personas que habían detenido horas antes y una otra se encontraba en el CERSS No. 4 de Tapachula, que es femenil. Las cuatro personas fueron liberadas durante las primeras horas del día 16 de marzo. En su declaración preparatoria Nataniel Hernández se reservó su derecho a declarar y ratificó su declaración del 22 de febrero de 2011, por lo que fue liberado bajo caución el día 16 de marzo pagando una multa de 11,000 mil pesos.  

El 18 de marzo del año en curso, el Juez de la causa penal José Luis Zaya Roldán, decretó el auto de formal prisión contra Nataniel Hernández, por lo que seguirá el proceso en libertad bajo caución, yendo a firmar cada martes ante el juzgado que lleva la causa.
 
Según copias del expediente jurídico se puede observar que la resolución del Juez es una reproducción del pliego de consignación elaborado por el Agente del Ministerio Público Federal de Arriaga, la cual se fundamenta en declaraciones de policías, las cuales han resultado ser formatos acomodados para fabricar el delito. En el expediente penal existen declaraciones idénticas y con los mismos errores de redacción.
 
Es importante mencionar que es el Agente del Ministerio Público Federal de Arriaga, quien inició la averiguación previa correspondiente, la cual incluye además el delito de extorsión. El Juez del Juzgado Tercero de Distrito que conoce la causa penal hace la consignación por el el delito de ataques a las vías de comunicación, remitiendo copias certificadas al Juez del Ramo Penal en Tonolá, para que resuelva la declaratoria por el delito de extorsión, el cual es del fuero común, por lo que existe el riesgo que Nataniel Hernández, sea nuevamente detenido.
 
Los centros de derechos humanos firmantes, manifestamos nuestra preocupación por la utilización de acciones legales en contra de defensores de derechos humanos, con el objeto de hostigarlos judicialmente y desprestigiar su trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos.

Exigimos al gobierno mexicano que cumpla con su obligación de poner fin a todo tipo de agresión y/u obstrucción al trabajo de las y los defensores de derechos humanos en Chiapas y que cumpla con las obligaciones contraídas en la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos.
 
Antecedentes
 
Nataniel Hernández y dos abogados más del CDH Digna Ochoa, fueron detenidos el 22 de febrero del 2011 cuando se encontraban realizando actividades de observación y documentación de posibles violaciones a los derechos humanos, que podrían cometerse por parte de las autoridades estatales mientras se realizaba una manifestación en el tramo carretero Tonalá – Pijijiapan, en el punto conocido como La Pilita, en el municipio de Pijijiapan, organizado por el Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas.

Los defensores detenidos fueron trasladados al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No. 14, El Amate (CERSS No. 14, El Amate), en el municipio de Cintalapa, Chiapas y puestos a disposición del Juzgado Primero Penal bajo el expediente 34/2011, por los delitos de atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial del Estado y motín. Los defensores salieron bajo las reservas de ley el 2 de marzo de 2011.


Por Eugenio Raúl Zaffaroni
El poder planetario está marcado por tres revoluciones (la mercantil, la indus-trial y la tecnológica), que dieron lugar a tres momentos: el colonialismo, el neocolo-nialismo y ahora a la globalización. Este último lo marca una revolución técnica en las comunicaciones que provocó mayor concentración de capital, pérdida de poder de los estados, desplazamientos migratorios, incremento de las disparidades tecnológicas, desempleo, exclusión social y guerras. También aumentó la información disponible, las posibilidades de democratización del conocimiento y la integración de países en bloques económicos.

El crimen organizado es un concepto de origen periodístico, que nunca alcanzó una satisfactoria definición criminológica, pero que se trasladó a la legislación penal y procesal penal para aumentar el ejercicio del poder punitivo respecto de un conjunto de delitos no bien delimitado, lo que pretende configurar un derecho penal diferen-ciado y con menores garantías para un ámbito delictivo sin delimitación. Su idea más aproximada está dada por la criminalidad de mercado, abarcando desde todos los tráficos prohibidos hasta el juego, la prostitución, las diferentes formas de comercio sexual, la falsificación de moneda y los secuestros extorsivos. No faltan leyes que incluyen al terrorismo en su concepto legal.
 
Los fenómenos criminales de mercado y especialmente las prohibiciones pena-les que pretenden prevenirlos o erradicarlos, no se pueden analizar sin tomar en cuen-ta su dimensión económica. No se trata de caer en un reduccionismo economicista –marxista o de cualquier otro marco- sino de aproximarse a una criminalidad económica y a los efectos de la prohibición tomando en cuenta su naturaleza, o sea, de reconocer una dimensión elemental de la realidad, lo que con frecuencia y éxito se ha hecho en el derecho bien lejos de cualquier reduccionismo.
 
La moderna tecnología y la supresión de barreras agilita el desplazamiento de capitales en procura de más renta en menor tiempo, manejados por tecnócratas que no son sus dueños. Esto reduce el poder de los estados sobre los capitales e incluso su control. El objetivo de mayor renta en menor tiempo va venciendo todos los obstáculos éticos y legales, o sea, que produce una peligrosa desviación hacia lo ilíci-to.
 
Los estados debilitados son incapaces de controlar las actividades del capital aligerado de obstáculos éticos, pero además éste corrompe sus instituciones. La co-rrupción institucional en ocasiones descalabra economías nacionales al descontrolar sus cuatro pilares básicos: la importación, el crédito, la recaudación fiscal y los orga-nismos reguladores de servicios monopolizados. El gasto público se incrementa y dila-pida.
Estos fenómenos acentúan la estratificación social, promueven el hundimiento de los sectores medios, polarizan la distribución de la renta, desbaratan la previsión social, reducen la inversión en programas sociales, impiden que estos lleguen a sus destinatarios y fortalecen la vigencia de ideologías políticas autoritarias y discrimina-doras.
 
Este proceso se observa con mucha mayor claridad en los países subdesarrolla-dos o periféricos, pero son inocultables a estas alturas síntomas análogos en los países centrales, aunque sus líderes políticos -imitando a sus colegas periféricos- lo nieguen obstinadamente, siendo aún algo creíbles dada la menor obviedad del fenómeno.
 
La creciente pauperización de la periferia del poder mundial y los conflictos vio-lentos impulsan a grandes masas de población a la emigración interna y externa. Esto genera otro tráfico ilícito y provoca un fenómeno de acumulación de riqueza y miseria en los limitados espacios urbanos, análogo al de la revolución industrial, con altos niveles de violencia criminal sumada a la discriminación de los nuevos habitan-tes con peligroso renacimiento de ideologías racistas.

Las clases medias empobrecidas y las subordinadas que sufren la peor victimi-zación coinciden en el reclamo de mayor represión, alimentado por la publicidad vindi-cativa del discurso único de medios, planetarizado por efecto de la propaganda del sistema penal de los Estados Unidos, convertido en empresa demandante de servi-cios y en variable contra el desempleo desde los años ochenta, en contra de toda su anterior tradición.

Los políticos sin poder para proveer soluciones estructurales –a causa del debi-litamiento de los estados nacionales, por temor, por incapacidad o por oportunismo, optan por reducir su discurso a propuestas de mayor represión o segurismo interno, apostando a la destrucción de toda racionalidad en la legislación penal y vendiendo la ilusión de soluciones mediante tipos penales nuevos, penas más largas, menores ga-rantías frente al poder punitivo estatal y, sobre todo, menores controles sobre las agencias policiales y de inmigración. Esta manipulación publicitaria de la opinión pública -fomentada por organizaciones emergentes con gran espacio publicitario- es el actual segurismo interno o ideología de la seguridad urbana.

El resultado no es otro que una mayor selectividad discriminatoria en el ejercicio del poder punitivo y la acelerada autonomización de las policías, con el consiguiente deterioro por corrupción de la eficacia del servicio de seguridad, con riesgo para las instituciones democráticas por participación en la corrupción del aparato penal y con peligro de golpes de estado.
 
El control urbano de la exclusión social parece orientarse hacia una profundiza-ción de contradicciones violentas entre los propios excluidos, que proveen el ejército de criminalizados, victimizados y policizados. La violencia entre personas de los mis-mos sectores subalternos, al tiempo que por eliminación disminuye su número, impide el diálogo, la toma de conciencia y la coalición y, por ende, hace que se autoexcluyan de todo protagonismo político. La neutralización y autodestrucción física y cultural de los excluidos como consecuencia de la política del segurismo interno puede denominarse endocidio.
 
La ilusión de que las leyes penales sean la solución mágica en este panorama, lentamente se va convirtiendo en una peligrosa alucinación funcional a la concentración de riqueza en medio de la crisis del estado social de derecho, en creciente transformación hacia un estado elitista de policía, que en la periferia asume una marcada tendencia genocida de eliminación de excluidos.

Las leyes penales nunca eliminan los fenómenos, pues éstos no se evitan con papeles, pero habilitan un poder punitivo que se ejerce -por razones estructurales- en forma selectiva sobre los disidentes y los más vulnerables. De este modo, las leyes que pretenden erradicar la criminalidad de mercado sólo consiguen dificultar los servicios y la circulación que ofrece esta criminalidad, con lo cual –conforme a las propias leyes del mercado: a mayores riesgos mayores costos- provocan la eliminación de las organizaciones más endebles y la concentración en las más poderosas y sofisticadas, al mismo tiempo que encarecen el servicio criminal.

En la práctica aumentan los ingresos de las organizaciones criminales y potencian su capacidad organizativa y tecnológica y, por consiguiente, su poder corruptor que involucra con frecuencia a los más altos niveles de autoridades estatales. Se cae en un círculo vicioso que conduce a que cada vez sea más difícil acceder y ejercer cualquier poder político o económico sin participar en alguna medida por acción o por omisión de la corrupción. Esto hace vulnerables a todos los participantes del poder, que quedan en cierta forma involucrados. Como en las viejas técnicas dictatoriales, se verticaliza y disciplina mediante corrupción.La pretendida lucha contra el crimen organizado reducida o limitada exclusivamente a la represión penal, que obliga a los países a sancionar leyes penales so pena de sanciones económicas, no parece responder a un objetivo serio, como lo prueba la existencia de refugios en que se oculta el dinero que es producto del crimen organizado en el mundo y que hasta el presente nadie ha tocado, aunque todos saben donde se encuentran.

Por otra parte, la eliminación de las pymes criminales concentra la renta crimi-nal en las grandes empresas transnacionales, o sea, que va a dar a los países centrales.

Es algo más que una hipótesis neokeynesiana que la economía mundial sufriría una grave crisis recesiva si se la privase súbitamente de la inyección anual de cifras astronómicas que son resultado de encarecimiento artificial de servicios prestados por el crimen organizado a través de la plusvalía insólita que la prohibición otorga a todos sus tráficos. Desde la perspectiva del fundamentalismo de mercado se sostiene que esa renta sin producción se convertiría en ahorro, pero no parecen confiar en eso los responsables de la economía mundial, lo que es razonable, porque incluso en el supuesto de resultar verdadera, es difícil imaginar el equipo necesario para convertirla en producción y menos aún sus efectos sobre el medio ambiente.

La presión internacional cambia de tema con cierta periodicidad, insistiendo sucesivamente en distintas formas de criminalidad organizada, aunque ninguna sea nueva. Esas mudanzas de enemigo obedecen a luchas de agencias que operan internacionalmente por la hegemonía discursiva, que se traduce en transferencia de grandes recursos presupuestarios, lo que repercute sobre los organismos internacionales, que sufren una crónica carencia de recursos genuinos. 

La lucha contra la corrupción da lugar a la creación de complicadas burocracias nacionales e internacionales muy poco eficaces, que por lo regular molestan con formalidades y centran su actividad en delitos de poca monta. En ocasiones se tiene la impresión de que la presión internacional obedece a los mayores costos que para sus inversores implica la corrupción en los países subdesarrollados, pues para nada se presiona por la elevación de los niveles de calidad institucional y democrática que, como se sabe, son el único remedio para ese mal.

Se han cometido macrodefraudaciones internacionales protagonizadas por capital golondrina mediante ardides groserísimos, sin que sus perpetradores ni sus cómplices locales –ubicados en las más altas esferas del poder político- sufriesen la menor molestia por parte de estos organismos ni del sistema penal, pese a haber provocado la quiebra de enteras economías nacionales y con sospechosa complicidad de tecnócratas internacionales.

En este último sentido, puede afirmarse que ha surgido una macrocriminalidad económica que es la más alta manifestación de criminalidad organizada, inconcebible sin la participación por acción u omisión de los más altos niveles políticos de algunos estados, especialmente durante la última década del siglo pasado, encubierta con un discurso de fundamentalismo de mercado, con lo que se llega a la conclusión de que la más grave manifestación del crimen organizado es el crimen económico de estado, que destruye sus propios aparatos productivos y despilfarra el patrimonio estatal. 

Debe señalarse que, como consecuencia de los crímenes antes mencionados, se agudizan las tensiones sociales y la violencia urbana, lo que es aprovechado por los propios macrocriminales -y sus cómplices, encubridores y beneficiarios- impetrando leyes penales draconianas y escuadrones de la muerte en la versión del mencionado segurismo interno, o sea, fomentando el endocidio y desacreditando a las fuerzas políticas democráticas y moderadas. Para todo eso disponen de inmensos aparatos de publicidad, no raramente vinculados a empresas proveedoras de armamento policial y de seguridad.

Lo cierto es que todo el nebuloso conjunto de actividad criminal que se acumula en el pseudoconcepto de crimen organizado se continúa practicando en gran escala, mientras se insiste con nuevas leyes penales y con mayores ámbitos de arbitrario poder selectivo por parte de las agencias policiales. Este arbitrio mayor abre un espacio de injerencia de esas agencias en el mercado ilícito que, combinado con su propia corrupción–producto del mismo arbitrio que afloja los controles sobre ella-, termina operando un efecto proteccionista en beneficio de algunos prestadores de servicios criminales y en detrimento de otros.

Cuando se agrega al pseudoconcepto de crimen organizado el terrorismo –que es otra nebulosa conceptual- la legislación represiva corre el riesgo de fomentar -y a veces producir- los crímenes de destrucción masiva que se pretenden evitar, por efecto de la criminalización de una entera colectividad que se siente injustamente agredida, no siendo raro que jóvenes con problemas de identidad por pertenecer a una subcultura injertada, desvíen su conducta identificándose según los parámetros criminales. Todo ello sin contar con que la guerra al terrorismo degenera rápidamente en terrorismo de estado, que es una incuestionable manifestación de crimen organizado, esta vez desde las propias cúpulas del poder estatal.

En el plano internacional se ha pretendido emprender una guerra preventiva contra el terrorismo, tomando prestado el término del derecho penal. El catastrófico resultado de esta intervención, el caso omiso a los más altos organismos internacionales, la falsedad de los motivos determinantes y la pretensión de un simulacro de proceso culminado en ejecuciones arbitrarias, han tenido el penoso efecto de desprestigiar a las organizaciones internacionales y echar sombras sobre los largos y costosos esfuer-zos realizados desde la última posguerra para establecer una justicia penal internacional.
 
Ante la impotencia de los organismos internacionales y la relativa indiferencia de demasiados gobiernos, se ha instalado por mero imperio del poder –no tanto militar como económico- algo análogo a la llamada doctrina de la seguridad nacional vigente en las dictaduras genocidas del cono sur americano hace tres décadas. En efecto: se triplicó el sistema penal, pues se montó un sistema penal paralelo con detenciones masivas prolongadas y sin proceso, y también –lo que es aún mucho más grave- otro subterráneo, con desapariciones forzadas de personas recluidas en centros de detención clandestinos (campos de concentración) en territorio europeo y con inevitable conocimiento de los gobiernos, que ahora obstaculizan la investigación de la complicidad de sus agentes invocando el secreto de estado.

Conforme a la mencionada doctrina de la seguridad nacional, se confunden los conceptos de guerra y poder punitivo, para dar por resultado una guerra sucia, que por ser tal no respeta las reglas de Ginebra, y que por ser guerra impone penas sin respectar las garantías del derecho penal y procesal penal, o sea, que consagra un espacio liberado para la práctica de crímenes estatales de lesa humanidad .

Por supuesto que todo esto no ha tenido ningún efecto preventivo respecto de los crímenes masivos indiscriminados. De este modo se verifica como nunca antes la tendencia del poder punitivo a desinteresarse de su objetivo manifiesto para centrarse en la forma de ejercicio de su poder que, por su selectividad y desplazamiento estructurales se convierte en inquisitorial al ordinarizar la excepción, lo que le permite su ejercicio arbitrario sobre disidentes, obstaculizadores y molestos (no así sobre los excluidos porque éstos se controlan con la señalada promoción del endocidio).

En síntesis, la pretendida guerra contra el crimen organizado y su consorte (la corrupción) se pretende llevar a cabo sólo mediante el uso del poder punitivo, habilitando mayores ámbitos de discreción policial, con efectos claramente paradojales y en ningún caso con eficacia preventiva, como lo muestra el creciente perfeccionamiento de las organizaciones que practican todas las formas de criminalidad de mercado y la impotencia frente a los crímenes de destrucción masiva e indiscriminada propios del vulgarmente llamado terrorismo. No obstante, se hace caso omiso de este nulo efecto preventivo y se insiste en eliminar los límites del poder punitivo mediante un absurdo discurso de eficientismo penal que, con aparente y casi natural indiferencia, ignora los cadáveres. El efecto paradojal de este segurismo internacional o externo respecto de sus fines manifiestos, que resulta funcional a la macrocriminalidad organizada y al consiguiente empobrecimiento de las economías periféricas, se complementa con el segurismo interno como única respuesta a sus violentos efectos sociales de exclusión en los centros urbanos de los países subdesarrollados.

Conferencia de clausura de la Primera Conferencia Mundial de Derecho Penal, organizada por la Asociación Internacional de Derecho Penal (AIDP) en Guadalajara, Jalisco, México, pronunciada el 22 de noviembre de 2007.

  • Representantes del gobierno evadieron responder directamente los cargos
  • ONG documentan desapariciones forzadas, tortura e intimidación

Washington, 28 de marzo. Agrupaciones de defensa de los derechos humanos denunciaron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las condiciones deplorables de la seguridad pública y las desapariciones forzadas, tortura e intimidación realizadas por fuerzas policíacas y militares en México, en el contexto de la lucha antinarcóticos.

En Chihuahua, cada vez que amanece hay un nuevo horror. Cada día no sabemos si regresaremos vivos a la casa, afirmó ante la comisión Gabino Gómez, dirigente de una de las organización de la Red de Defensores de Derechos Humanos y Familiares de Personas Desaparecidas en los estados del norte de México.

Representantes de 18 agrupaciones de derechos humanos mexicanas y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) presentaron ejemplos de graves violaciones de garantías básicas, sobre todo en los estados del norte. Subrayaron que, además de las víctimas de la violencia del crimen organizado, se ha elevado el número de denuncias por abusos miliares y policiacos (hubo mil 17 sólo en Ciudad Juárez, entre marzo de 2009 y abril de 2010).

Los defensores de derechos humanos, en su presentación ante la CIDH en una audiencia de carácterinformativo, indicaron que las fuerzas de seguridad violan de manera frecuente los derechos humanos y cometen desde detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, cateos ilegales y homicidio hasta diversas formas de intimidación para suprimir la voluntad de denuncia entre la ciudadanía, así como para amedrentar a los defensores de derechos humanos. Una de las organizaciones presentó los casos documentados de más de 200 desapariciones forzadas sólo en Chihuahua, aclarando que hay más, pero la gente no se atreve a presentar las denuncias.

Criticaron la falta de investigaciones oficiales, señalando que las existentes parecen ser más bien simuladas, por lo que se nutre cada vez más un clima de impunidad. En Ciudad Juárez, afirman, hay una impunidad por encima de 90 por ciento, mientras que la violencia tanto de la delincuencia como de fuerzas oficiales llega a niveles cada vez más alarmantes.

La abogada Diana Morales, de Paso del Norte, habló de su natal Ciudad Juárez declarando lo difícil que es observar cómo ahí se vuelve normal la violencia, donde los niños quieren ser sicarios porque lo ven como una oportunidad atractiva. Y mientras las autoridades no han hecho nada.

A la vez, los defensores, como ciudadanos que han exigido justicia, han padecido cada vez más amenazas y ataques, incluso asesinatos y desapariciones, en tal escala que han tenido que refugiarse en otras partes del país o incluso buscar asilo en otros países, como el caso reciente de la familia Reyes, entre otros.

Entre los documentos y gráficas presentadas por los defensores de derechos humanos se presentó el audio y texto de la entrevista del general retirado y entonces encargado de seguridad de Torreón, Bibiano Villa, realizada por Sanjuana Martínez y publicada por La Jornada, la cual llamó la atención de algunos de los comisionados que preguntaron a los representantes del gobierno mexicanos si esa figura representaba de alguna manera la posición oficial mexicana (la respuesta fue que no).


Por su parte, la delegación del gobierno mexicano en la audiencia, encabezada por el subsecretario de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, y el subsecretario de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Felipe de Jesús Zamora Castro, evitó responder explícitamente sobre los casos concretos presentados aquí y se dedicó a reiterar los propósitos de la estrategia antinarcóticos y contra el crimen organizado. Subrayaron que el respeto a la integridad física y seguridad de los ciudadanos es el objetivo central del gobierno de Felipe Calderón ante la demanda ciudadana por mayor seguridad, y por ello lanzó su campaña contra la delincuencia, la cual amenazaba ocupar cualquier espacio público y privado.

Monte Alejandro Rubiro García, subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública, subrayó que la estrategia policiaca va en el camino correcto en lo que es una lucha largaque continuará siendo violenta por unos meses más, pero a la cual no había otra alternativa. Insistió en que esta estrategia requiere del apoyo del pueblo y eso no se logra sin el respeto de sus derechos humanos.

Los representantes del gobierno enfatizaron que en México no hayninguna derogación de derechos nimedidas de excepción. Resaltaron latransparencia con que obra el gobierno de Felipe Calderón, indicando la presencia en México ahora de un grupo de trabajo de la ONU que está viajando por el país para examinar el asunto de desapariciones forzadas, y que ésta es sólo una de varias de tales visitas de organismos internacionales de derechos humanos a los cuales el gobierno les ha abierto la puerta.

Organizaciones que presentaron las denuncias:

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Justicia Para Nuestras Hijas, Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Centro de Derechos Juan Gerardi, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas en Coahuila, Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, Centro Pastoral Obrera, Movimiento Pacto por la Cultura, Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste y Colectivo de Organizaciones Michoacanas de Derechos Humanos.
28 de Marzo de 2011
Aviacsa inició hoy lunes la promoción de su regreso al mercado en su página de Internet y la venta de boletos vía telefónica.


Después de casi dos años, la empresa ofrece traslados a nueve destinos, y el costo del boleto en viaje sencillo es de 399 pesos.


Aviacsa retomó los vuelos a Cancún, Guadalajara, Distrito Federal, Mérida, Monterrey, Oaxaca, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y Villahermosa. La nueva administración a cargo de Grupo Madero prevé hacer el primer vuelo el 2 de mayo próximo.


Aviacsa
Frontera Talismán, Chis, 28 de Marzo de 2011.- Habitantes de las Fronteras Talismán y el Carmen, trinan contra Oficiales del Comercio Exterior, por la extorsión de policías a "fayuqueros", quienes ingresan con mercancía por la Frontera Sur y les aplican cuotas de 50 y 100 pesos, cantidad que tienen que pagar aunque la mercancía se encuentre documentada.

Ramiro de los Santos, indicó que la corrupción predomina en ese cuerpo policíaco, por el control de contrabando que se da en todas las franjas fronterizas. En la Frontera Sur desde el municipio de Suchiate hasta Unión Juárez, ubicado en las faldas del Volcán Tacaná, brillan por su ausencia porque en estos caminos de extravíos ingresa de todo, desde una caja de tomate, hasta armas y drogas y aquí a pesar del destacamento militar todos terminan corrompiéndose.

Aseguró que en las Fronteras de Suchiate y Frontera Talismán es de conocimiento público, cómo se las gastan estos elementos de Comercio Exterior, la fayuca entra al por mayor, pero hay personas que documentan la mercancía y los policías le buscan hasta sacarles la conocida "mochada" que oscila entre los 50 y 100 pesos por bulto, de igual forma lo hacen con los que transportan frutas y legumbres, refacciones para carro, etc.

Ramiro de los Santos, afirmó que "el tráfico hormiga de diferentes tipos de alcaloides, marihuanas y armas continúan entrando por estas fronteras, sin que nadie haga algo por detenerlo, pero todo es solapado por elementos de Comercio Exterior desde que comenzaron a funcionar como tal, pues en su mayoría son elementos de la Marina y Armada de México, pero hoy está peor que antes; en Viva México no se diga, ahí el "fayuquero" sabe que debe bajarse del camión de pasaje, estirar la manos y continuar su viaje con destino al interior del país; urgen cambios o rotación de personal", finalizó.

  • Se Extralimitan Para Extorsionar a los Automovilistas



Huehuetán, Chis., 27 de marzo.- “Los retenes que ha puesto la Policía Federal Preventiva, la Policía Estatal de Tránsito, la Policía Estatal Preventiva, la Fronteriza y demás corporaciones, son anticonstitucionales por impedir el libre tránsito y se toleran por lo positivo de los operativos para detener drogas, armas y otros ilícitos como tráfico de combustibles”, dijo Alejandro Díaz Cueto, presidente del Partido Social Demócrata (PSD).

Puntualizó, “lo que no se soporta y es constitutivo de delito, que las corporaciones policiacas abusen de su autoridad y lleguen a la extorsión de la población con pretextos de no estar al corriente en el pago de la tenencia, la revisión de documentos vehiculares, pero lo que más molesta es que no siendo su función, amenazan y atropellan nuestros derechos ciudadanos”.


Indicó, “el pago de la tenencia vehicular es anticonstitucional porque se creó únicamente para financiar las olimpiadas y el gobierno haciéndose el olvidado, nos lo sigue aplicando sin estar vigente algún precepto legal, por lo que siendo ya parte agraviada como mucha de nuestra gente, con el bufete jurídico del PSD se procederá a elaborar amparos para meterlos en contra del pago de tenencia vehicular local y federal”.


Sostuvo, “las corporaciones policiacas no están facultadas para realizar ese cobro, aún siendo la policía de tránsito del Estado ó Federal, sin embargo, lo siguen haciendo en carretera y la ciudad, sin haber de por medio algún requerimiento de la Secretaría de Hacienda y menos que estén autorizados para recoger o asegurar los automotores y llevarlos al corralón, donde después al daño se suma el pago de arrastre y encierro de la unidad”.

Subrayó, “para los policías federales y del estado, representa un gran negocio ese proceder en contra los conductores y propietarios de vehículos  que por el uniforme y armas se someten a las exigencias policíacas, pero si uno se defiende, luego le amenazan e infraccionan por faltas a la autoridad y le carga la mano con el articulado de tránsito, así es que son una gran mafia que tenemos que acabarla, porque se exceden de lo que la ley les permite”.

“Considero que sobre los abusos de la tenencia como me sucedió con la boleta de infracción 262599, por falta de canje de placa, el gobierno comete corrupción y otro gran fraude al pueblo con lo que cobran con tantos impuestos como el IVA, el pago de casetas vehiculares en carreteras nacionales, con lo que están exterminando a las familias pobres que medio subsisten con el salario mínimo, ocupación informal y subempleo”, dijo. 


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11 de Septiembre Engaño Global, Documental

  •  Más de 550 viviendas están expuestas a sufrir deslizamientos y fenómenos naturales
  •  Las autoridades ya preparan simulacros y rutas de evacuación en caso de cualquier eventualidad

Tapachula Chiapas.- La Dirección de Identificación y Análisis de Riesgos, del Instituto de Protección Civil para el Manejo Integral de Riesgos de Desastres dictaminó al Ejido Pavencul, ubicado en la Zona Alta del municipio de Tapachula, como una zona de alto riesgo al igual que nueve comunidades más, afirmó Julio César Cueto, supervisor y evaluador de Protección Civil del Estado en la región Soconusco.

Cabe hacer mención que Pavencul es una zona de la Sierra Madre de Chiapas, con población indígena Mam y se encuentra ubicada en las faldas del Volcán; limita con Guatemala y con los municipios de Tapachula, Motozintla y Cacahoatán se encuentra asentado sobre un paisaje serranos dominado por barrancas, cascadas y escasas planicies. Además cuenta, aproximadamente, con 550 viviendas y una población superior a los 4 mil habitantes en una superficie cercana a las 4 mil hectáreas.

La Ley General de Protección Civil, en los artículos 39, fracción I y III, y 40 y la Ley de Protección Civil del Estado de Chiapas en sus artículos 19 y 36 dictaminan como competente a la Unidad Estatal de Protección Civil para realizar la identificación y delimitación de los lugares o zonas que se encuentren en riesgo, así como el reforzamiento y la ampliación de acciones de prevención para reducir los efectos de un siniestro o desastre; por esta las autoridades dan a conocer que el Ejido Pavencul y sus comunidades enclavadas en la Zona Alta de Tapachula y Volcán Tacaná presenta riesgos de deslizamientos y es vulnerables a fenómenos meteorológicos.

Cabe destacar que Pavencul está compuesto por nueve barrios como: Bijahual, La Cueva, Frontera 20 de Octubre, Buenavista-Tochmai, El Pinal, Vega de Molino, Malacate y Carrizal, comunidades que se encuentran en zona de alto riesgo, debido a que se ubican a una distancia aproximada de 11.5 kilómetros en línea recta del Volcán Tacaná, considerado como activo.

Además de ser altamente vulnerable a fenómenos sísmicos, según ha emitido la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CONAPRED) de la Secretaría de Gobernación.

Agregaron que Pavencul se encuentra ubicado en una zona con grandes pendientes en su terreno y está rodeado de tres afluentes importantes como el río Salitre, río Tacaná y río Coatán, que lo hacen vulnerable ante fenómenos hidrometeorológicos.

Ante esta situación, las autoridades de Protección Civil ya establecen de manera inmediata un plan de contingencias, rutas de evacuación y darán inicio, a la brevedad, con simulacros y determinarán un sistema de alertamiento acústico y visual y en caso de ser necesario efectuarán evacuaciones preventivas ante la ocurrencia de algún fenómeno perturbador.

Finalmente, dijo que estos dictámenes de evaluación de riesgos se realizan como parte de los trabajos de prevención en las distintas zonas de Chiapas, que están consideradas como zonas vulnerables.

Tapachula, Chiapas; 26 de marzo.- “En México, millones de familias han dejado de pagar los recibos de la Comisión Federal de Electricidad, porque son tan altos que tienen que escoger entre comer o cubrir esos adeudos”, sostuvo el delegado en Chiapas del Movimiento Estatal de las Casas de la Defensa de la Economía Popular, Rutilio Escandón Cadenas.
Al encabezar éste día una reunión con jóvenes adheridos a la organización “Encuentro”, en la Frontera Sur, el exsenador señaló que en el sexenio federal pasado se redujo los subsidios a las tarifas domésticas y se creó la Tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC).
A consecuencia de ello -según dijo-, entre 2001 y 2008, las tarifas normales se elevaron más de 111 por ciento y las de “alto consumo” casi 400 por ciento.
Recordó que en los últimos años los políticos han prometido bajar las tarifas, pero en los últimos cuatro años sólo se redujo las tarifas industriales y comerciales y se aumentó las tarifas domésticas.
“Por ello la situación es dramática para 11 millones de usuarios que viven en zonas de extremo calor y frío, donde el uso de la electricidad es cuestión de sobrevivencia”, indicó.
En ese mismo sentido recalcó que hoy 47 por ciento de la electricidad que se consume en el país se compra a empresas extranjeras. Del presupuesto público del 2010, se destinaron 80 mil millones de pesos para comprar electricidad a privados, “y por eso está tan alto el precio de la electricidad, para mantener el negocio de los inversionistas. En contraste, la mitad de las plantas de CFE están paradas, lo mismo que las hidroeléctricas”.
Ante las interrogantes de los jóvenes chiapanecos, el exlegislador subrayó que “es tal el negocio de la electricidad que a pesar de que los costos de producción de ese sector bajaron entre 2008 y 2009, las tarifas siguieron subiendo, según datos de la propia CFE”.
Puso como ejemplo que bajó el costo de la generación de electricidad con turbo gas y ciclo combinado (que representa casi la mitad de la capacidad instalada), de 1.38 pesos por kilo watt hora 0.84 pesos, “pero el consumidor pagó más”.
Comentó además que “tener unos cuantos focos, una licuadora, una plancha, un refrigerador y una televisión se ha convertido en un lujo, inalcanzable para 14 millones de trabajadores con ingresos menores a 100 pesos diarios o dos salarios mínimos”.
Por eso hizo un llamado urgente a la Federación a que se ordene que en la paraestatal se haga un reajuste de salarios, luego de que hay jefes y directivos que ganan cantidades similares a las de un gobernador o incluso cercanos al sueldo del Presidente de la República.
Así también, que se verifiquen las tarifas y se actualicen a las verdaderas condiciones de cada Estado, “porque en el caso de Chiapas, uno de las Entidades más pobres del país y que genera alrededor del 50 por ciento de la energía hidroeléctrica que consume México, tiene una de las facturaciones más altas”.
De igual forma, indicó que es urgente y necesario que se haga una profunda auditoría a la CFE para descartar posibles actos de corrupción e irregularidades, que estén siendo solventadas con los recursos que pagan los usuarios.
Escandón Cadenas continuará éste fin de semana una gira por diversos municipios de Chiapas, entre ellos Villa Comaltitlán y Tuxtla Gutiérrez. 

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Comentarios a la Reforma Laboral del #PRI. #Reformalaboral

¿Mas de lo mismo?


El marxismo lo llama 'lucha' de clases o 'antagonismo' de clase: la clase trabajadora y la 'clase poseedora de los medios de producción' (empleadores). 
Eso explicaría el permanente 'estira y afloja', el conflicto se plantea histórico, nos alcanza y nos rebasa en el devenir de la historia pasada, presente y futura. Esta interpretación de la realidad social se basa principalmente en el estudio  de la economía. El primer paso para saber que no esta 'loco' quien se ve como un 'antagónico individual'. 
Se trataría no solo de una persona sino de clases sociales antagónicas, en pelea, grupos sociales unos con privilegios y otros sin ellos, y para comprender eso se llega a tener 'conciencia' de ello para hacer algo al respecto. 
Ello lleva a estudiar el poder. Michael Foucault, de origen francés, es hoy en dia un referente clave en el estudio del poder. En su libro Microfísica del Poder explica los mecanismos del poder desde nivel micro a un nivel macro. Llegando a la conclusión de que el concepto 'soberanía' no explica el poder. Hace una diferencia entre relaciones de dominación y relaciones democraticas. Las segunda aplica metodos legitimos (el consenso, el acuerdo) y las primeras, métodos ilegitimos (la manipulación,el engaño, la trampa, la fuerza, la guerra). Que poder se ejerce a nivel macro, que poder se ejerce a nivel micro? 
Es dura la 'cuesta' y hay camino recorrido mundialmente por quienes nos precedieron (revolucionarios con bolígrafos y balas).  Este antagonismo entre clases es lo que se dice hay que estudiar para comprender a la sociedad. Es lo que la sociología explica, en la medida en que estudia a la sociedad. Te envio un link a un libro, al parecer un clásico de la literatura en América Latina, el cual esboza una visión sobre como se han construido los estados latinoamericanos mediante un colonialismo interior, una dominación de la clase española que gano su independencia de España (la élite criolla-o españoles nacidos en América ) y sometió al resto de culturas originarias y sus mezclas (mestizos). ¿En dónde nos ubicamos en el mapa de las culturas y razas? No somos indígenas, no somos negros, no somos españoles. ¿Somos todo? En el nacimiento del estado mexicano se encuentran explicaciones del hoy y de la lucha entre grupos, pueblos, y culturas: la lucha por el poder, por el control, por dominar a los otros. En ese rol el derecho tiene una función, y es legitimar el ejercicio del poder aunque no estés de acuerdo. En lo laboral, es justificar la explotación mediante el pago de un minisalario y permitir la impunidad en despidos sin causa. Los derechos laborales que están en el artículo 123 fueron el resultado del derramamiento de la sangre de los y las revolucionarias en México de 1910. El artículo 27 que restablecía y protegiera la propiedad comunal (el ejido) ya Salinas lo derogó, ahora van por el 123 (los derechos laborales), y el 3 (Educación) ya se encuentra en la agenda de reformas. Estos tres artículos fue lo que en términos juridicos ganó la Revolución Mexicana. 
¿Mas de lo mismo? Sí, mas de lo mismo, se trata de tomar aire para seguir la cuesta. Quienes ofrecen este 'mas de lo mismo' hacen lo mismo, no descansan, trabajan duro en sus propósitos con la ayuda de los que no tienen conciencia de su propia condición de clase 'explotada'. Se le esta dando la vuelta a la 'tortilla' hoy, antes el PRI, que recogió parte del zapatismo como partido 'revolucionario', ahora el PAN, un partido de empresarios, no se puede esperar cambio social en bien de las mayorías. 
Pero el asunto va mas allá, el papel de las empresas 'multinacionales' que le va quitado el poder a los estados nacionales, desmantelando a los estados mundialmente despues del fin de la guerra fría.

Los movimientos sociales -como lo hace el capitalismo- se han 'globalizado' o 'mundializado'. Hay que seguir ambos caminos: localismos y globalismos. 
¿Cómo se expresa este contexto en el terreno local, en el pueblo, la ciudad, en el país, etc. ?  
Sigamos la platica... Espero sus comentarios!
 
Un abrazo,
 
Nota de Reforma Laboral: http://ncalzalavoz.blogspot.com/2011/03/reforma-la-lft-del-pri-generara-mas.html
Los links 
a) http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/campus/marxis/P4C2Casanova.pdf
b) http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/secret/gonzalez/colonia.pdf

#Tapachula: "Obras en proceso y calles despedazadas ocasionan caos vial"



Tapachula, Chiapas. Marzo 18.- Por si no fuere suficiente el caos vial que hay en Tapachula generado por el programa “Calles para Siempre” que impulsa el Ayuntamiento local, otras arterias fueron cerradas o despedazadas en las últimas horas, con la justificación que se hará una nueva red de agua potable en el nor poniente de la ciudad.

Para ello, en la mañana de éste viernes, maquinaria pesada despedazó gran parte de la Avenida Chiapas, a una cuadra del mercado San Juan, sin que notificaran a la población sobre lo que se viene haciendo.
Es más, los obreros solamente estuvieron una hora y luego se retiraron, dejando zanjado y abandonado esos trabajos.
Y es que otro tramo de esa obra, a un par de cuadras de ahí sobre la misma avenida, empezó a construirse desde el año pasado y todavía continúan abiertas gigantescas zanjas en la que los peatones y conductores tienen que hacer milagros para no caer.
Para colmo, los que llevan a cabo esos lentos trabajos se les ocurrió cerrar a partir de ésta semana la arteria, con lo que se ha visto saturado la 12a. avenida Norte y el Periférico.
Con ello, los vecinos que viven en ese sector ahora no tienen como poder entrar a sus propias casas más que pasando por los cerros de material destrozado.
Se cree que esos trabajos son parte de lo que se inició en la 19a. calle Poniente, a la altura de la 8a. Norte, en donde también quedó sin encarpetar la cinta asfáltica.
Eso genera un embudo vial porque los conductores tratan de evitar que sus vehículos tengan que pasar por la parte dañada de la carretera.
Se creía que la lentitud de esos trabajos del Gobierno Estado eran por la ineptitud de la administración municipal pasada, aunque las cosas han empeorado.
Por ello se considera que a diversos funcionarios de segundo nivel poco les importa dejar en mal al gobernador, Juan Sabines Guerrero, ni tampoco que su falta de interés provoca el malestar de los tapachultecos.
Eso obviamente no ocurre en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas o Comitán.
Por lo pronto no hay quién pueda precisar cuánto tiempo más estarán así las calles de Tapachula, porque tampoco les importa informar. 

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La negligencia de algunas autoridades impiden la correcta utilización de la infraestructura de las instalaciones de centros hospitalarios como los UNEMES y CAPACITS, muestra de ellos es que a dos años de inaugurados ambas clínicas aún no brindan un servicio formal al carecer de energía eléctrica, ya que aún continúan "colgados" del alumbrado público, señaló en entrevista el presidente de la asociación civil "Una Mano Amiga en la Lucha contra el Sida", Rosemberg López Samayoa.

Lamentó que aunque se cuente con personal altamente capacitado para dar servicios de primera calidad, el objetivo no se brinde en ambos turnos, además de la falta de aire acondicionado y tratamientos adecuados para los pacientes principalmente los de VIH.

Afirmó que de poco sirven las buenas intenciones de algunos funcionarios de la Jurisdicción Sanitaria VII, como Andrés Gerardo Espinoza, con quien han tenido mesas de trabajo en temas referentes a los pacientes con VIH, pero no se cumple con las minutas de acuerdos que en su momento asumió el Ayuntamiento, gobierno estatal y federación.

"Después de la denuncia que se hizo en días pasados, se han logrado algunos avances mediante reuniones de trabajo y se han estructurado planes de trabajo para vincularnos como gestores con las instancias que deben dar la atención, me parece es un paso importante para encontrar respuestas en forma integral, es decir alimentos, medicamentos, cuestiones mentales y físicas, etc".

López Samayoa, añadió que las campañas de prevención y educación sexual para evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual deben incrementarse en centros escolares, principalmente del nivel básico pues en la actualidad los adolescentes de 12 años ya están teniendo relaciones sexuales.

Para finalizar, hizo un llamado al secretario de Salud en Chiapas, James Gómez Montes, para que visite las instalaciones de Tapachula y tenga pleno conocimiento de las carencias que existen ya que a través de oficios y medios de comunicación se le ha externado la situación sin que a la fecha haya dado respuestas.
Asociación Nacional de Abogados Democráticos AC, 13 de marzo 2011.-La iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo presentada el pasado 10 de marzo por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) integrado por 238 diputados, representa un grave retroceso en los derechos de los trabajadores. Sería de consecuencias muy graves de aprobarse, por lo menos 24 grandes afectaciones en contra de los trabajadores.
Asociación Nacional de Abogados Democráticos AC
BOLETIN DE PRENSA
 Marzo 13 de 2011
 La iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo presentada el pasado 10 de marzo por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) integrado por 238 diputados, representa un grave retroceso en los derechos de los trabajadores.  Es evidente la confabulación del PRI y de los dirigentes de las centrales sindicales como la CTM y la CROC con el sector empresarial para menoscabar legalmente derechos fundamentales como el de estabilidad en el empleo, salario remunerador, condiciones de trabajo dignas, seguridad social y el de libertad sindical a cambio de que no sean trastocados los intereses de dirigentes sindicales tradicionales para que sigan manteniendo el control de los trabajadores y continúen usufructuando a los sindicatos como negocio.
Se trata de una reforma que toma como referencia las propuestas fundamentales contenidas en la iniciativa de reforma laboral del Partido Acción Nacional del 18 de marzo de 2010.  Es una copia mejorada en la afectación de los derechos individuales con la ventaja empresarial que mantiene un modelo sindical que impide la participación de los trabajadores en la definición de las relaciones laborales.
La iniciativa del PRI negociada con el PAN teniendo como actores principales en la confección de esta iniciativa a empresarios que militan en ambos partidos sería de consecuencias muy graves de aprobarse y de las que contabilizamos por lo menos 24 grandes afectaciones en contra de los trabajadores, que son las siguientes:
EN MATERIA INDIVIDUAL
----Estabilidad en el empleo
  1. Rompe con el principio de bilateralidad y de estabilidad en el empleo al modificar el artículo 39 de la ley laboral suprimiendo el texto que refiere que la existencia de un contrato se dará mientras subsista la materia de trabajo. De aprobarse esta iniciativa, la existencia de un contrato de trabajo dependería exclusivamente de la voluntad del patrón y no de la subsistencia de la materia de trabajo.
  2. Se anula por completo la estabilidad en el empleo y permite el libre despido sin costo para el patrón al permitirle crear contratos de:
A) Prueba,  B) Capacitación inicial y de C) Labores discontinúas (en este caso que pueden ser de temporada o que no exijan la prestación de servicios toda la semana, el mes o el año)  Este último es el más grave, porque puede darse el caso que una persona trabaje 5 días de los 6 a los que está obligado (como ocurre con muchos trabajadores) permitiendo despidos sin indemnización alguna.
  1. Permite el despido libre, pues ya no será obligatorio para el patrón entregar personalmente al trabajador del aviso de rescisión ya que lo podrá hacer por correo certificado o por  medio de la Junta de Conciliación y Arbitraje quién podrá comunicarlo “por cualquier medio  que estime conveniente”
  2. Se incrementan causales de despido como faltas contra los clientes del patrón.
  3. Desaparece el derecho al aviso de despido para los trabajadores domésticos.
  4. Legitima las renuncias “en blanco” al modificar el artículo 53 de la LFT que en la vigente requiere de un acuerdo entre las partes.
  5. Se crean “Normas nuevas” dirigidas a los Jornaleros Agrícolas, que se refieren especialmente a un “Registro especial de trabajadores eventuales o de temporada” para justificar el despido libre y sin costo en contra de ellos.
OUTSOURCING
  1. Legaliza el contratismo de terceristas que hoy es ilegal, permitiendo que los patrones no asuman sus obligaciones laborales y lo hagan por ellos los contratistas, materializándose “fraudes legales” contra los trabajadores al suprimirse la responsabilidad solidaria en el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo. 
SALARIO 
  1. Permite su fijación de manera unilateral por parte del patrón sin intervención sindical.
  2. Legaliza la polivalencia (el multiusos) con el mismo salario.
  3. Con la certificación laboral permite la imposición de condiciones unilaterales de trabajo sin beneficio salarial acordado bilateralmente;
  4. Permite la fijación del monto de bonos, incentivos y comisiones de manera unilateral los cuales no son obligatorios revisarlos.
  5. Desaparece el salario mínimo y se crea el “salario infinitesimal”, porque el artículo 83  de la LFT se modifica para que el salario se pueda pagar de manera proporcional por el tiempo laborado con la base del salario mínimo; si se trabaja una hora diaria, se podrá pagar un octavo del salario mínimo, $7.47 pesos por hora. Una persona que labore 4 horas diarias se pagarían apenas $29.90 diarios, la mitad del salario mínimo.
  6. Legaliza la subcontratación vía “outsorcing” reduciendo el costo de la fuerza de trabajo y permitiendo que en una misma empresa haya trabajadores con mismas funciones con diferente salario y prestaciones.
CONDICIONES DE TRABAJO
  1. Se permite la ampliación de tareas, cambio de los días de descanso contenidos en los contratos y de las horas de la jornada de trabajo que pueden ajustarse diariamente en función de las necesidades de la producción
SEGURIDAD SOCIAL
  1. La “TABLA DE ENFERMEDADES DE TRABAJO” y la “TABLA DE VALUACIÓN DE INCAPACIDADES PERMANENTES”, que hoy contemplan los artículos 513 y 514 de la Ley Federal del Trabajo dejan estar incorporadas a ella para convertirlas en una clasificación meramente administrativa, dejado de ser derechos laborales básicos.
EN MATERIA COLECTIVA
  1. Deja intocado el control sindical corporativo
  2. Al legalizar la subcontratación vía outsorcing, permite fragmentar aún más a las organizaciones de los trabajadores, pudiendo existir dos o más sindicatos por la misma actividad y centro de trabajo con diferentes condiciones de trabajo.
  3. Cancela la existencia de los sindicatos gremiales.
EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
  1. Con la iniciativa se alargan los juicios al dividir la primera audiencia en dos apartados, uno de Conciliación y Mediación y de Demanda y Excepciones y en otro de Ofrecimiento de las Pruebas que se celebrará en otra fecha, cuando ahora solo se puede celebrar en una única fecha.
  2. Se reduce el pago de los salarios caídos a un año independientemente del tiempo que dure el juicio laboral, lo que al alargarse los juicios será en perjuicio del obrero y sin costo para el patrón.
  3. La prueba del recuento de los trabajadores se hará tomando como base además de las cuotas del IMSS, nominas de pago un listado de trabajadores sindicalizados que reconozca el patrón (art. 931 fracc. IV inciso c) de la LFT) hecho que permitiría indebidamente la injerencia de éstos en materia gremial.
DIRIGIDA CONTRA LOS JÓVENES Y MUJERES 
  1. El creciente desempleo permitirá mayor explotación en el trabajo con los jóvenes, más bajos salarios e incremento en los accidentes de trabajo al no tomarse medidas legales para evitarlos; no se otorgan facultades a inspectores para cerrar centros de trabajo en caso de incumplimiento de normas de seguridad y se mantienen las ridículas sanciones de hasta 315 salarios mínimos en caso de incumplimiento (las cuales casi nunca se aplican).
  2. La iniciativa carece de perspectiva de género permitiendo se mantenga la inequidad, explotación y hostigamiento sexual contra las mujeres.
 En conclusión de aprobarse la propuesta del PRI para reformar la Ley Federal del Trabajo generará más pobreza, problemas sociales y una grave afectación a los derechos humanos de los trabajadores. Por este motivo hacemos un llamado a las organizaciones sindicales, a la clase trabajadora en su conjunto, a organismos de derechos humanos a que no permitan se consume esta contra reforma laboral.
 Iniciamos una “Jornada en defensa de los derechos laborales” el martes 15 de marzo próximo, con dos mesas de trabajo, una a las 12 hrs con el análisis de la afectación a la estabilidad del empleo, bilateralidad,  salario y derechos humanos, y otra a las 17 horas con el análisis de la afectación de las condiciones de trabajo, administración de justicia y derechos colectivos con la participación de académicos, abogados, sindicalistas y expertos en la materia que se celebrará en la instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en el salón “Digna Ochoa”, ubicadas en Av. Universidad 1449 Col. Florida, Del Avaro Obregón. Se acordó implementar estas jornadas a nivel nacional.
El viernes 18 de marzo se anuncia una marcha a partir de las 16 horas que partirá del Ángel de la Independencia al zócalo de la ciudad de México “En defensa de los derechos laborales de las y los trabajadores”.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE ABOGADOS DEMOCRÁTICOS
Manuel Fuentes Muñiz
Presidente
Correo electrónico: anad1991mx@gmail.com
Teléfonos de contacto: 55785133, 55781556
y 044-5554370737
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