José Martínez Cruz, vocero de la CIDH, dijo que las autoridades militares no están integrando adecuadamente las investigaciones y, por tanto, el caso debe ser investigado por la justicia federal civil, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y organismos internacionales de derechos humanos.
De comprobarse que los militares torturaron, asesinaron y enterraron el cuerpo de Jethro por órdenes de sus superiores, se comprobaría la existencia de un “grupo especial”, “paramilitar”, que opera en la entidad para supuestamente limpiar Morelos de integrantes del crimen organizado, sean reales o supuestos.
“El caso de Jethro está demostrando que participaron policías municipales y federales, además de militares y, eventualmente, grupos paramilitares, es decir, creados ex profeso para limpieza social”, expresó.
La investigación autónoma es necesaria en este caso, porque de comprobarse que los uniformados desaparecieron al joven, “expondría la falsedad de la guerra contra el narcotráfico que declaró (el gobierno de Felipe) Calderón, y esto es lo que están tratando de evitar tanto la Procuraduría General de Justicia del estado, la Procuraduría General de la República y la Procuraduría de Justicia Militar”.
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