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México, DF. El Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados reventó la sesión ordinaria de hoy para evitar que se discutiera la Cuenta Pública del año 2008, en la que el Partido Revolucionario Institucional detectó que la ex secretaria de Educación Pública y ahora candidata presidencial Josefina Vázquez Mota, habría incurrido en malversación de 3 mil millones de pesos del programa Enciclomedia.

Mientras se votaba una reforma constitucional para facultar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para investigar cuentas públicas del pasado, y no sólo las de los dos años anteriores al ejercicio fiscal en curso, los panistas se abstuvieron de votar, aunque estaban presentes en la sesión.

La mesa directiva anunció que aplicará el artículo 47 del reglamento para descontar el día a los panistas, comenzando por el recién nombrado coordinador, Carlos Pérez Cuevas. Para exhibir a los diputados de Acción Nacional, la mesa directiva ordenó a la secretaría preguntarles nominalmente el sentido de su voto.

-Diputado Pérez Cuevas, ¿cuál es el sentido de su voto? –le preguntó la diputada Guadalupe Pérez Domínguez (PRI).

Sin embargo, Pérez Cuevas, quien forma parte del equipo de campaña de Josefina Vázquez Mota se mantuvo callado en su curul. Ante ello, la Secretaría de la mesa directiva: “el diputado Pérez Cuevas está en el salón, pero no expresa el sentido de su voto”.

Al levantar la sesión, la mesa directiva anunció que el tema de las atribuciones a la ASF será el primer tema que se aborde el día de mañana.

El Diputado Fernández Noroña @fernandeznorona cuestiona a Marisela Morales

Gobierno de Coalición solo busca mantener el Poder: Rutilio Escandón

Tapachula, Chiapas; 13 de octubre.- “Quienes pretenden un gobierno de coalición en el 2012 entre el PAN, PRD y PRI, únicamente evidencian su desesperación política por obtener el poder por el poder, al costo que sea”, sentenció el exdiputado federal del sol azteca, Rutilio Escandón Cadenas.

Al encabezar éste día una reunión con militantes perredistas de la Sierra de Chiapas, indicó que “la estrategia está pensada en la supervivencia de una clase política acostumbrada a la cuota partidista sexenal, que lo único que buscan son espacios para ellos, sus amigos, familiares, y para nadie más”.


Manifestó además su preocupación por las elecciones internas que lleva a cabo su partido -el PRD- para renovar el Consejo Político Nacional, ya que dijo se corre el riesgo de que las tribus leales a Jesús Ortega Martínez, entreguen al PAN la candidatura a la Presidencia de la República.
“Existen intereses de integrar una gran coalición en la que el blanquiazul sea el gran ganador”, reveló.
Por ello consideró que “hay un avasallamiento en el PRD de parte del grupo leal a Jesús Ortega, que pretenden socavar al partido en el afán de no quedarse en la orfandad durante la repartición de espacios en los comicios de 2012”.
Ante esa situación pidió a los candidatos a consejeros nacionales a “no dejarse intimidar por esta tribu podrida e ineficaz, y actuar con solvencia moral para reivindicar al PRD”.

Aseguró además que urge impulsar un candidato de izquierda que sume voluntades, “donde la única coalición viable es la de las fuerzas progresistas del PRD, pero con el PT y el Movimiento Ciudadano”. 
Gerardo Fernández Noroña en su ultima visita a Tapachula. Foto Archivo







LEÓN, Gto., 18 de mayo (apro).- El expresidente Carlos Salinas de Gortari dio un espaldarazo al presidente Felipe Calderón al afirmar aquí que el Ejecutivo ha afrontado “de manera muy valiente” el problema de la inseguridad en México.

Además, dijo que ha llegado la hora de que los ciudadanos se organicen para participar como protagonistas en los procesos electorales.


En entrevista, antes de presentar su libro Democracia republicana: ni Estado ni mercado, una alternativa ciudadana –en un evento privado en el que no se permitió la entrada a los medios de comunicación–, Salinas se refirió al movimiento ciudadano contra la violencia que encabeza el poeta Javier Sicilia, y aplaudió la petición de instrumentar nuevos mecanismos para dar oportunidad a los jóvenes en lo educativo, laboral y otros rubros.


Sobre la democracia participativa, agregó, es un debate en el que "puedo hacer la mayor contribución".
Cuando se le interrogó sobre la contienda presidencial del 2012, simplemente apuntó: "Yo creo que mejor habría que preguntarle a los electores de Guanajuato dónde están sus preferencias".

Proceso

Por conveniencia electoral el PRI congela la Ley de Seguridad Nacional #LSN


El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados decidió no votar en el periodo de sesiones que termina esta semana los cambios a la minuta del Senado con la Ley de Seguridad Nacional, con la que se pretendía justificar legalmente los operativosmilitares ordenados por el Presidente de la República contra la delincuencia organizada y dar más atribuciones al Ejército, la Marina y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

En su retirada, el tricolor pretendió atribuir al panista Javier Corral, presidente de la Comisión de Gobernación, la falta de un documento base para el proyecto de dictamen, pero el legislador entregó copias de la transcripción de reuniones en las que priístas –en especial Claudia Ruiz Massieu, sobrina del ex presidente Carlos Salinas– se negaron a que el documento se aprobara en febrero.

En la versión del 23 de febrero de la reunión de la mesa directiva de la comisión –donde participan los diez secretarios y el presidente–, Ruiz Massieu adujo: “La Ley de Seguridad Nacional creemos que va caminando en un terreno que no está listo… si la forzamos y la llevamos muy pronto a la comisión vamos a matar la viabilidad de una ley que es prioritaria. Y si la apresuramos, la vamos a matar”.

Mes y medio después, el PRI quiso dar lo que en la sesión el diputado Porfirio Muñoz Ledo (PT) definió como “un segundo intento de albazo de Francisco Rojas, un rojazo, pero aun así debemos estar alertas, porque aun cuando ya retiraron este proyecto con el que el PAN se dejó encandilar creyendo que le convenía al Presidente, lo pueden volver a intentar”.

Reparto de culpas

Para sacudirse la responsabilidad, Ruiz Massieu y otros priístas retaron a Corral a convocar de inmediato a una sesión de la comisión para comenzar el proceso parlamentario, y minutos después el legislador panista aceptó el lance y citó a reunión para hoy a las 9 de la mañana.¡A mí no me van a hacer perro del mal!, les reviró Corral desde su curul.

No obstante, en el tricolor se confirmó que la demanda para que la comisión sesione fue sólo para crearse una salida política y en ese intento logró que el pleno modificara el turno de la minuta, para que ésta sea revisada sólo por las comisiones de Gobernación, Defensa y Derechos Humanos, presidida ésta por Humberto Benítez Treviño (PRI), y dejó fuera a las de Justicia y Seguridad Pública, que presiden legisladores panistas.

Asimismo, para presionar al PRI a admitir un debate público de la reforma, el coordinador del PRD, Armando Ríos Piter, exigió que la Junta de Coordinación convoque a una consulta con organismos defensores de derechos humanos y expertos; que las comisiones dictaminen en la segunda semana de mayo, y la Comisión Permanente convoque a un periodo extraordinario la última semana de ese mes.

La decisión del PRI de recular en su intento de aprobar fast track el proyecto que redactaron Alfonso Navarrete Prida, Ruiz Massieu y Rogelio Cerda, se tomó en plenaria matutina de la bancada en la que –de acuerdo con legisladores presentes– ninguno de los oradores que participaron habló en favor de regular losoperativos militares.


El acuerdo de la bancada tuvo como base también los tiempos electorales para la sucesión en el estado de México, y aunque la noche del martes el coordinador, Francisco Rojas Gutiérrez, aseguró que darían el debate con la izquierda, ayer optaron por no cederle una bandera que pudiera utilizar en la campaña para gobernador en aquella entidad.

También se tomó en cuenta el diferendo con el grupo parlamentario del PRI en el Senado y se evaluó que, de votar los cambios a la minuta, ésta ya no podría ser analizada por los senadores, a quienes les habrían dejado la negociación de los ajustes a la Ley de Seguridad Nacional con el gobierno federal y las fuerzas armadas.

Los cambios que pretendía introducir el tricolor permitían que el Ejército y la Marina realizaran labores de inteligencia y contrainteligencia; recabar información de la ciudadanía en retenes y suspender el tránsito libre de personas y mercancías; realizar tareas de espionaje telefónico, previa autorización judicial, y permanecer con operativos de combate al narcotráfico todo el tiempo que el Presidente de la República lo considerara necesario.

Casi a la una de la tarde, luego de una discusión de tres horas en la plenaria, Navarrete Prida confirmó que la minuta no sería votada en el periodo de sesiones que concluye, y que se buscará un marco legal para las fuerzas armadas que no afecte derechos humanos ni le conceda atribuciones extraordinarias al Presidente.

Pero también acotó: Seguimos en la posición de tener una buena Ley de Seguridad Nacional, por difícil que sea de abordar el tema; queremos una ley que cumpla con los principios constitucionales y proteja derechos humanos de los ciudadanos. Y no vamos a entrar en el juego del caldo de cultivo político-electoral, como desafortunadamente sucede en otras fracciones parlamentarias.

Asimismo, en entrevista, la coordinadora del Partido Acción Nacional (PAN), Josefina Vázquez Mota, confirmó el interés de su bancada en votar la reforma, y dijo que en la negociación del proyecto los panistas hemos tenido un diálogo permanente, no sólo con las fuerzas armadas, sino con la sociedad civil.

  • Labastida: habría Estado policial-militar con la Ley de Seguridad

La Ley de Seguridad Nacional confrontó al Senado con la Cámara de Diputados. Ayer, legisladores de PRI, PRD, PT, Convergencia y PVEM advirtieron que no avalarán las modificaciones que se pretenden hacer en San Lázaro a esa legislación. El priísta Francisco Labastida Ochoa recalcó que no pueden avalar un proyecto de ley que avanza hacia un régimen policíaco-militar.

La bancada del PRD advirtió que convocará, junto con los diputados perredistas y legisladores de otros partidos, a formar un bloque opositor que frene el intento del grupo de diputados afines al gobernador Enrique Peña Nieto de militarizar el país.

Labastida Ochoa dijo que se oponen a los cambios que otorgan al Presidente de la República la posibilidad de declarar por su cuenta, sin intervención del Congreso, estados de excepción en prácticamente cualquier región del país, con el pretexto de combatir al narcotráfico.

La base jurídica para que el Ejecutivo haga uso del Ejército abre la puerta a la violación de derechos humanos y libertades políticas, recalcó el ex candidato presidencial.

Los priístas discutieron internamente el tema y el senador Jesús Murillo Karam, quien participó en la negociación y la elaboración del dictamen de la Ley de Seguridad Pública, dijo a sus compañeros que no pueden aceptar en forma alguna el cambio radical que se pretende hacer en San Lázaro ya que, entre otras cosas, rompe el pacto federal.

En público, los senadores priístas evadieron confrontarse con los diputados de su partido, pero en la reunión previa a la sesión ordinaria, a puerta cerrada, expresaron su molestia por la decisión de pasar por encima del consenso logrado en el Senado, por el cual se que legaliza de forma temporal la participación del Ejército en el combate al crimen organizado, pero cuida que no se violen derechos humanos.

El grupo parlamentario del PRD anunció que impulsará un bloque legislativo opositor con senadores de las otras fuerzas políticas, incluso del PAN, si finalmente, en un arranque de locura legislativa, se aprueba el dictamen elaborado en San Lázaro.



El coordinador del PRD, Carlos Navarrete, afirmó que detrás del intento de congraciarse con las fuerzas armadas está el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, quien desde 2009 tiene el control del PRI en la Cámara de Diputados, ordena qué leyes se aprueban y actúa como si hubiera ganado ya la Presidencia de la República y tuviera el control del Ejército.

En conferencia de prensa en la que participó la diputada Leticia Quezada, resaltó que los dos grupos parlamentarios del PRD trabajarán en forma conjunta para impedir que se apruebe ese proyecto, que otorga a las fuerzas armadas facultades de investigación, atribuciones para retener a presuntos delincuentes detenidos, realizar cateos sin orden judicial y lanzarse contra movimientos sociales, puntos que el Senado eliminó.

El senador Silvano Aureoles (PRD) recordó que el propio secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, trató de convencerlos de que avalaran esos puntos, que se excluyeron del dictamen aprobado en Xicoténcatl hace un año.

Los perredistas señalaron que incluso llamarán a la movilización social para detener la aprobación del dictamen de la Cámara de Diputados.

El senador petista Ricardo Monreal coincidió con esa postura, mientras el coordinador del PVEM, Arturo Escobar, lamentó que en la Cámara de Diputados no se trate la Ley de Seguridad Nacional con la seriedad que se hizo en el Senado.

El senador Tomás Torres (PRD) destacó que el dictamen que impulsa el diputado priísta Alfonso Navarrete nulifica la iniciativa que el presidente Calderón envió al Senado para reformar el fuero militar, con el propósito de cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca del caso del guerrerense Rosendo Radilla, quien desapareció en un retén militar hace más de 36 años.

"Un volcán social está burbujeando en México" Cockcroft





James D. Cockcroft es un mexicanólogo estadounidense a quien, seguro, no consultan en la fallida Administración de Felipe Calderón. Autor de La Esperanza de México (Monthly Review Press, 1998), así como de otros cuarenta y cuatro libros, es miembro del Comité Organizador Internacional de Redes en Defensa de la Humanidad y del Tribunal Internacional de Libertad Sindical (México).

Cockcroft ha publicado apenas, también en el Monthly Review, que “un volcán social está burbujeando en México. Casi la mitad de los votantes del país mostró su disgusto con los partidos políticos del país al mantenerse alejado de las urnas en las elecciones de julio de 2010. Todos los principales partidos políticos se han convertido en neoliberales y corruptos. Los movimientos sociales de base amplia se resisten a una ofensiva de la derecha, la cual, en 28 años de políticas económicas neoliberales, ha conducido a la creciente militarización del país. A raíz de la fraudulenta elección de 2006 de Felipe Calderón –Cockcroft maneja que AMLO ganó por casi 2 millones de votos al actual ocupante de Los Pinos--, de un reinado de terror desatado por medio de su inconstitucionalidad, desató una autoproclamada "guerra" contra los cárteles de la droga supuestamente involucrados en luchas internas sangrientas.”








Apunta que, además, las políticas económicas del neoliberalismo han sido genocidas, al causar “incontables muertes prematuras y ha generado la pobreza humillante para las tres cuartas partes de la población. Muchos en las clases medias han sido empujados hacia abajo a las filas de los pobres, cientos de miles de trabajadores han perdido sus puestos de trabajo, con estrategias de ‘trabajo flexible’ y antisindicales que se han convertido en la norma –aunque estén fuera de la ley--, y millones han sido obligados a emigrar…La agonía económica de las masas ha generado una creciente resistencia: las guerras de guerrillas y levantamientos locales violentos.










Washington ve en estos acontecimientos con los ojos funestos y aceita sus armas. Después de todo, México es el segundo socio comercial de los Estados Unidos y el tercer proveedor más grande del oro negro al gigante del norte.”










En este artículo, intitulado México: Estados Fallidos, Nuevas Guerras, Resistencia, Cockcroft revisa el papel jugado por EU en nuestras políticas internas: “Durante décadas, Washington ha vertido ayuda militar a México. En 2008 había seis mil tropas de EU en la frontera mexicana, y en 2010 el presidente Barack Obama decidió enviar más. En la frontera, el lado de EU está militarizado, como lo era antes y durante la Revolución Mexicana de 1910-1917 y periódicamente desde entonces. Los drones –aviones no tripulados—realizan vuelos de rutina en el espacio aéreo mexicano. En los Estados Unidos, los juegos de video ya muestran a tropas estadounidenses invadiendo a México.










“Estados Unidos a menudo ha enviado tropas y agentes a México. Hay una larga historia de participación de EU en los asuntos internos de la nación desde la toma sangrienta de la mitad del territorio de México --el resultado de la guerra imperialista de 1846-1848. Hoy la Alianza para la Prosperidad y Seguridad de América del Norte, organizada por los gobiernos de los Estados Unidos, Canadá y México en 2005, sirve como un arma militar. La Alianza es una ampliación del Plan Puebla-Panamá de 2001, cuyo objetivo fue la integración del sur de México con América Central y Colombia. En 2008, la Alianza se vio reforzada por la Iniciativa Mérida / Plan México, un tratado internacional de seguridad establecido por los Estados Unidos con México y América Central con el pretexto de luchar contra el narcotráfico y la integración de México y América Central con el Comando Norte de los Estados Unidos.”










Pero estos planes, en realidad, incrementan las posibilidades de Washington para su abasto energético, “dado que México, Guatemala, Belice y Colombia son países petroleros. Los planes también hacen que sea más fácil para los Estados Unidos, Canadá y México usar sus armas contra las amenazas externas y, sobre todo, la oposición interna. Los planes, en fin representan una nueva fase del imperialismo contemporáneo.


Revista Emet


http://www.jamescockcroft.com/node/203
1 de abril de 2011- El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias recomendó al gobierno de México que considere a corto plazo el retiro del Ejército de las labores de seguridad pública, toda vez que no está facultado para dicha labor, y por el contrario, su actuación se ha relacionado con el aumento de la criminalidad.

Durante la presentación del informe que la comisión elaboró tras visitar cuatro entidades del país –Distrito Federal, Chihuahua, Guerrero y Coahuila–, del 18 al 31 de marzo, sus miembros hicieron un recuento pormenorizado de las actuales actividades de lla institución castrense.

Un elemento analizado, dijeron, es la utilización de las fuerzas armadas como eje de la guerra contra el crimen organizado, puesto que los militares no recibieron entrenamiento para lidiar con civiles y patrullar las calles, sino para combatir a fuerzas extranjeras enemigas.

Aunque admitieron que la ola de inseguridad que azota al país es generada principalmente por los delincuentes, los especialistas de Naciones Unidas señalaron que en dicho fenómeno también hay una responsabilidad del Ejército y otros cuerpos de seguridad del Estado.

En ese contexto, Ariel Dulitzky (Argentina) y Jasminka Dzumhur (Bosnia Herzegovina) enfatizaron que al asumir labores de vigilancia interna que no les corresponden, las fuerzas armadas se han convertido en una amenaza para los derechos humanos de la ciudadanía.

El grupo, dijeron, recibió información creíble en relación con detenciones cometidas por fuerzas militares en contra de civiles, muchas de las cuales pueden configurar el delito de desaparición forzada, y en donde también se registró el uso de técnicas de tortura.

Sin embargo, dichos ilícitos no siempre se investigan bajo esa categoría, sino como secuestro o abuso de autoridad, lo que dificulta llevar un registro preciso de ellos. Además, muchos casos son analizados por la justicia militar y en esa medida se perpetúa la impunidad.

De acuerdo con información de organizaciones no gubernamentales, en lo que va del actual sexenio se han registrado alrededor de 3 mil desaparecidos, incluyendo las víctimas de los levantones ocurridos por la guerracontra el narcotráfico, pero no hay investigaciones oficiales que permitan definir la exactitud de dicho número.

El libanés Osman El-Hajjé afirmó que la comisión especial de Naciones Unidas no puede indicar al gobierno mexicano cuál es el mejor momento para retirar al Ejército de las calles, pero reiteró que los soldados deben permanecer en los cuarteles.


En el documento de 20 páginas dado a conocer por el grupo de trabajo, se mencionan otros elementos que han permitido la continuación de las desapariciones, entre ellos la falta de coordinación entre las dependencias del gobierno encargadas de investigarlas, y el hecho de que la gran mayoría de las entidades ni siquiera las han tipificado en sus códigos penales.

De igual manera, se criticó que la figura del arraigo se utilice de forma indiscriminada por parte de las autoridades, y sin que el recurso de amparo tenga la suficiente capacidad para defender a los inculpados de algún delito.

El acceso a la justicia fue señalado como otro gran pendiente en México, ya que en lugar de investigar los casos de desaparición forzada, las autoridades suelen desacreditar a las víctimas sin investigación previa, o simplemente se niegan a abrir un expediente sobre el caso. Además, las represalias contra los familiares son un acto frecuente.

Muestra de ello es que sólo 2.5 por ciento de las desapariciones ocurridas durante la llamada guerra sucia (en los años 60, 70 y 80 del siglo pasado) generaron una investigación penal, y de esa cantidad únicamente 20 casos fueron llevados ante un juez.

México, en resumen, carece de una política pública integral para prevenir, investigar y sancionar este delito, no garantiza el derecho de las víctimas a la reparación del daño, ni ha sido exitoso en la protección de grupos vulnerables, como niños, mujeres, migrantes, defensores de derechos humanos y periodistas, entre otros.

Por todo lo anterior, el grupo de trabajo de Naciones Unidas emitió una serie de recomendaciones preliminares al gobierno mexicano, entre las que figura la petición de que retire pronto al Ejército de las tareas de seguridad pública.

También le propone generar una base de datos confiable sobre las desapariciones forzadas en el país; incluir ese delito en los códigos penales de todos los estados y crear una ley general en la materia; cumplir a cabalidad los acuerdos internacionales sobre el tema, y aprobar a la brevedad la reforma sobre derechos humanos.

Asimismo, le sugiere reformar el Código de Justicia Militar para que todas las violaciones graves sean analizadas por tribunales civiles, y crear un sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas.

Las observaciones del informe son preliminares y la versión definitiva del mismo se presentará en marzo de 2012 ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, recordaron.

Globalización y crimen organizado: I. El poder en la globalización


Por Eugenio Raúl Zaffaroni
El poder planetario está marcado por tres revoluciones (la mercantil, la indus-trial y la tecnológica), que dieron lugar a tres momentos: el colonialismo, el neocolo-nialismo y ahora a la globalización. Este último lo marca una revolución técnica en las comunicaciones que provocó mayor concentración de capital, pérdida de poder de los estados, desplazamientos migratorios, incremento de las disparidades tecnológicas, desempleo, exclusión social y guerras. También aumentó la información disponible, las posibilidades de democratización del conocimiento y la integración de países en bloques económicos.

El crimen organizado es un concepto de origen periodístico, que nunca alcanzó una satisfactoria definición criminológica, pero que se trasladó a la legislación penal y procesal penal para aumentar el ejercicio del poder punitivo respecto de un conjunto de delitos no bien delimitado, lo que pretende configurar un derecho penal diferen-ciado y con menores garantías para un ámbito delictivo sin delimitación. Su idea más aproximada está dada por la criminalidad de mercado, abarcando desde todos los tráficos prohibidos hasta el juego, la prostitución, las diferentes formas de comercio sexual, la falsificación de moneda y los secuestros extorsivos. No faltan leyes que incluyen al terrorismo en su concepto legal.
 
Los fenómenos criminales de mercado y especialmente las prohibiciones pena-les que pretenden prevenirlos o erradicarlos, no se pueden analizar sin tomar en cuen-ta su dimensión económica. No se trata de caer en un reduccionismo economicista –marxista o de cualquier otro marco- sino de aproximarse a una criminalidad económica y a los efectos de la prohibición tomando en cuenta su naturaleza, o sea, de reconocer una dimensión elemental de la realidad, lo que con frecuencia y éxito se ha hecho en el derecho bien lejos de cualquier reduccionismo.
 
La moderna tecnología y la supresión de barreras agilita el desplazamiento de capitales en procura de más renta en menor tiempo, manejados por tecnócratas que no son sus dueños. Esto reduce el poder de los estados sobre los capitales e incluso su control. El objetivo de mayor renta en menor tiempo va venciendo todos los obstáculos éticos y legales, o sea, que produce una peligrosa desviación hacia lo ilíci-to.
 
Los estados debilitados son incapaces de controlar las actividades del capital aligerado de obstáculos éticos, pero además éste corrompe sus instituciones. La co-rrupción institucional en ocasiones descalabra economías nacionales al descontrolar sus cuatro pilares básicos: la importación, el crédito, la recaudación fiscal y los orga-nismos reguladores de servicios monopolizados. El gasto público se incrementa y dila-pida.
Estos fenómenos acentúan la estratificación social, promueven el hundimiento de los sectores medios, polarizan la distribución de la renta, desbaratan la previsión social, reducen la inversión en programas sociales, impiden que estos lleguen a sus destinatarios y fortalecen la vigencia de ideologías políticas autoritarias y discrimina-doras.
 
Este proceso se observa con mucha mayor claridad en los países subdesarrolla-dos o periféricos, pero son inocultables a estas alturas síntomas análogos en los países centrales, aunque sus líderes políticos -imitando a sus colegas periféricos- lo nieguen obstinadamente, siendo aún algo creíbles dada la menor obviedad del fenómeno.
 
La creciente pauperización de la periferia del poder mundial y los conflictos vio-lentos impulsan a grandes masas de población a la emigración interna y externa. Esto genera otro tráfico ilícito y provoca un fenómeno de acumulación de riqueza y miseria en los limitados espacios urbanos, análogo al de la revolución industrial, con altos niveles de violencia criminal sumada a la discriminación de los nuevos habitan-tes con peligroso renacimiento de ideologías racistas.

Las clases medias empobrecidas y las subordinadas que sufren la peor victimi-zación coinciden en el reclamo de mayor represión, alimentado por la publicidad vindi-cativa del discurso único de medios, planetarizado por efecto de la propaganda del sistema penal de los Estados Unidos, convertido en empresa demandante de servi-cios y en variable contra el desempleo desde los años ochenta, en contra de toda su anterior tradición.

Los políticos sin poder para proveer soluciones estructurales –a causa del debi-litamiento de los estados nacionales, por temor, por incapacidad o por oportunismo, optan por reducir su discurso a propuestas de mayor represión o segurismo interno, apostando a la destrucción de toda racionalidad en la legislación penal y vendiendo la ilusión de soluciones mediante tipos penales nuevos, penas más largas, menores ga-rantías frente al poder punitivo estatal y, sobre todo, menores controles sobre las agencias policiales y de inmigración. Esta manipulación publicitaria de la opinión pública -fomentada por organizaciones emergentes con gran espacio publicitario- es el actual segurismo interno o ideología de la seguridad urbana.

El resultado no es otro que una mayor selectividad discriminatoria en el ejercicio del poder punitivo y la acelerada autonomización de las policías, con el consiguiente deterioro por corrupción de la eficacia del servicio de seguridad, con riesgo para las instituciones democráticas por participación en la corrupción del aparato penal y con peligro de golpes de estado.
 
El control urbano de la exclusión social parece orientarse hacia una profundiza-ción de contradicciones violentas entre los propios excluidos, que proveen el ejército de criminalizados, victimizados y policizados. La violencia entre personas de los mis-mos sectores subalternos, al tiempo que por eliminación disminuye su número, impide el diálogo, la toma de conciencia y la coalición y, por ende, hace que se autoexcluyan de todo protagonismo político. La neutralización y autodestrucción física y cultural de los excluidos como consecuencia de la política del segurismo interno puede denominarse endocidio.
 
La ilusión de que las leyes penales sean la solución mágica en este panorama, lentamente se va convirtiendo en una peligrosa alucinación funcional a la concentración de riqueza en medio de la crisis del estado social de derecho, en creciente transformación hacia un estado elitista de policía, que en la periferia asume una marcada tendencia genocida de eliminación de excluidos.

Las leyes penales nunca eliminan los fenómenos, pues éstos no se evitan con papeles, pero habilitan un poder punitivo que se ejerce -por razones estructurales- en forma selectiva sobre los disidentes y los más vulnerables. De este modo, las leyes que pretenden erradicar la criminalidad de mercado sólo consiguen dificultar los servicios y la circulación que ofrece esta criminalidad, con lo cual –conforme a las propias leyes del mercado: a mayores riesgos mayores costos- provocan la eliminación de las organizaciones más endebles y la concentración en las más poderosas y sofisticadas, al mismo tiempo que encarecen el servicio criminal.

En la práctica aumentan los ingresos de las organizaciones criminales y potencian su capacidad organizativa y tecnológica y, por consiguiente, su poder corruptor que involucra con frecuencia a los más altos niveles de autoridades estatales. Se cae en un círculo vicioso que conduce a que cada vez sea más difícil acceder y ejercer cualquier poder político o económico sin participar en alguna medida por acción o por omisión de la corrupción. Esto hace vulnerables a todos los participantes del poder, que quedan en cierta forma involucrados. Como en las viejas técnicas dictatoriales, se verticaliza y disciplina mediante corrupción.La pretendida lucha contra el crimen organizado reducida o limitada exclusivamente a la represión penal, que obliga a los países a sancionar leyes penales so pena de sanciones económicas, no parece responder a un objetivo serio, como lo prueba la existencia de refugios en que se oculta el dinero que es producto del crimen organizado en el mundo y que hasta el presente nadie ha tocado, aunque todos saben donde se encuentran.

Por otra parte, la eliminación de las pymes criminales concentra la renta crimi-nal en las grandes empresas transnacionales, o sea, que va a dar a los países centrales.

Es algo más que una hipótesis neokeynesiana que la economía mundial sufriría una grave crisis recesiva si se la privase súbitamente de la inyección anual de cifras astronómicas que son resultado de encarecimiento artificial de servicios prestados por el crimen organizado a través de la plusvalía insólita que la prohibición otorga a todos sus tráficos. Desde la perspectiva del fundamentalismo de mercado se sostiene que esa renta sin producción se convertiría en ahorro, pero no parecen confiar en eso los responsables de la economía mundial, lo que es razonable, porque incluso en el supuesto de resultar verdadera, es difícil imaginar el equipo necesario para convertirla en producción y menos aún sus efectos sobre el medio ambiente.

La presión internacional cambia de tema con cierta periodicidad, insistiendo sucesivamente en distintas formas de criminalidad organizada, aunque ninguna sea nueva. Esas mudanzas de enemigo obedecen a luchas de agencias que operan internacionalmente por la hegemonía discursiva, que se traduce en transferencia de grandes recursos presupuestarios, lo que repercute sobre los organismos internacionales, que sufren una crónica carencia de recursos genuinos. 

La lucha contra la corrupción da lugar a la creación de complicadas burocracias nacionales e internacionales muy poco eficaces, que por lo regular molestan con formalidades y centran su actividad en delitos de poca monta. En ocasiones se tiene la impresión de que la presión internacional obedece a los mayores costos que para sus inversores implica la corrupción en los países subdesarrollados, pues para nada se presiona por la elevación de los niveles de calidad institucional y democrática que, como se sabe, son el único remedio para ese mal.

Se han cometido macrodefraudaciones internacionales protagonizadas por capital golondrina mediante ardides groserísimos, sin que sus perpetradores ni sus cómplices locales –ubicados en las más altas esferas del poder político- sufriesen la menor molestia por parte de estos organismos ni del sistema penal, pese a haber provocado la quiebra de enteras economías nacionales y con sospechosa complicidad de tecnócratas internacionales.

En este último sentido, puede afirmarse que ha surgido una macrocriminalidad económica que es la más alta manifestación de criminalidad organizada, inconcebible sin la participación por acción u omisión de los más altos niveles políticos de algunos estados, especialmente durante la última década del siglo pasado, encubierta con un discurso de fundamentalismo de mercado, con lo que se llega a la conclusión de que la más grave manifestación del crimen organizado es el crimen económico de estado, que destruye sus propios aparatos productivos y despilfarra el patrimonio estatal. 

Debe señalarse que, como consecuencia de los crímenes antes mencionados, se agudizan las tensiones sociales y la violencia urbana, lo que es aprovechado por los propios macrocriminales -y sus cómplices, encubridores y beneficiarios- impetrando leyes penales draconianas y escuadrones de la muerte en la versión del mencionado segurismo interno, o sea, fomentando el endocidio y desacreditando a las fuerzas políticas democráticas y moderadas. Para todo eso disponen de inmensos aparatos de publicidad, no raramente vinculados a empresas proveedoras de armamento policial y de seguridad.

Lo cierto es que todo el nebuloso conjunto de actividad criminal que se acumula en el pseudoconcepto de crimen organizado se continúa practicando en gran escala, mientras se insiste con nuevas leyes penales y con mayores ámbitos de arbitrario poder selectivo por parte de las agencias policiales. Este arbitrio mayor abre un espacio de injerencia de esas agencias en el mercado ilícito que, combinado con su propia corrupción–producto del mismo arbitrio que afloja los controles sobre ella-, termina operando un efecto proteccionista en beneficio de algunos prestadores de servicios criminales y en detrimento de otros.

Cuando se agrega al pseudoconcepto de crimen organizado el terrorismo –que es otra nebulosa conceptual- la legislación represiva corre el riesgo de fomentar -y a veces producir- los crímenes de destrucción masiva que se pretenden evitar, por efecto de la criminalización de una entera colectividad que se siente injustamente agredida, no siendo raro que jóvenes con problemas de identidad por pertenecer a una subcultura injertada, desvíen su conducta identificándose según los parámetros criminales. Todo ello sin contar con que la guerra al terrorismo degenera rápidamente en terrorismo de estado, que es una incuestionable manifestación de crimen organizado, esta vez desde las propias cúpulas del poder estatal.

En el plano internacional se ha pretendido emprender una guerra preventiva contra el terrorismo, tomando prestado el término del derecho penal. El catastrófico resultado de esta intervención, el caso omiso a los más altos organismos internacionales, la falsedad de los motivos determinantes y la pretensión de un simulacro de proceso culminado en ejecuciones arbitrarias, han tenido el penoso efecto de desprestigiar a las organizaciones internacionales y echar sombras sobre los largos y costosos esfuer-zos realizados desde la última posguerra para establecer una justicia penal internacional.
 
Ante la impotencia de los organismos internacionales y la relativa indiferencia de demasiados gobiernos, se ha instalado por mero imperio del poder –no tanto militar como económico- algo análogo a la llamada doctrina de la seguridad nacional vigente en las dictaduras genocidas del cono sur americano hace tres décadas. En efecto: se triplicó el sistema penal, pues se montó un sistema penal paralelo con detenciones masivas prolongadas y sin proceso, y también –lo que es aún mucho más grave- otro subterráneo, con desapariciones forzadas de personas recluidas en centros de detención clandestinos (campos de concentración) en territorio europeo y con inevitable conocimiento de los gobiernos, que ahora obstaculizan la investigación de la complicidad de sus agentes invocando el secreto de estado.

Conforme a la mencionada doctrina de la seguridad nacional, se confunden los conceptos de guerra y poder punitivo, para dar por resultado una guerra sucia, que por ser tal no respeta las reglas de Ginebra, y que por ser guerra impone penas sin respectar las garantías del derecho penal y procesal penal, o sea, que consagra un espacio liberado para la práctica de crímenes estatales de lesa humanidad .

Por supuesto que todo esto no ha tenido ningún efecto preventivo respecto de los crímenes masivos indiscriminados. De este modo se verifica como nunca antes la tendencia del poder punitivo a desinteresarse de su objetivo manifiesto para centrarse en la forma de ejercicio de su poder que, por su selectividad y desplazamiento estructurales se convierte en inquisitorial al ordinarizar la excepción, lo que le permite su ejercicio arbitrario sobre disidentes, obstaculizadores y molestos (no así sobre los excluidos porque éstos se controlan con la señalada promoción del endocidio).

En síntesis, la pretendida guerra contra el crimen organizado y su consorte (la corrupción) se pretende llevar a cabo sólo mediante el uso del poder punitivo, habilitando mayores ámbitos de discreción policial, con efectos claramente paradojales y en ningún caso con eficacia preventiva, como lo muestra el creciente perfeccionamiento de las organizaciones que practican todas las formas de criminalidad de mercado y la impotencia frente a los crímenes de destrucción masiva e indiscriminada propios del vulgarmente llamado terrorismo. No obstante, se hace caso omiso de este nulo efecto preventivo y se insiste en eliminar los límites del poder punitivo mediante un absurdo discurso de eficientismo penal que, con aparente y casi natural indiferencia, ignora los cadáveres. El efecto paradojal de este segurismo internacional o externo respecto de sus fines manifiestos, que resulta funcional a la macrocriminalidad organizada y al consiguiente empobrecimiento de las economías periféricas, se complementa con el segurismo interno como única respuesta a sus violentos efectos sociales de exclusión en los centros urbanos de los países subdesarrollados.

Conferencia de clausura de la Primera Conferencia Mundial de Derecho Penal, organizada por la Asociación Internacional de Derecho Penal (AIDP) en Guadalajara, Jalisco, México, pronunciada el 22 de noviembre de 2007.

  • Representantes del gobierno evadieron responder directamente los cargos
  • ONG documentan desapariciones forzadas, tortura e intimidación

Washington, 28 de marzo. Agrupaciones de defensa de los derechos humanos denunciaron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las condiciones deplorables de la seguridad pública y las desapariciones forzadas, tortura e intimidación realizadas por fuerzas policíacas y militares en México, en el contexto de la lucha antinarcóticos.

En Chihuahua, cada vez que amanece hay un nuevo horror. Cada día no sabemos si regresaremos vivos a la casa, afirmó ante la comisión Gabino Gómez, dirigente de una de las organización de la Red de Defensores de Derechos Humanos y Familiares de Personas Desaparecidas en los estados del norte de México.

Representantes de 18 agrupaciones de derechos humanos mexicanas y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) presentaron ejemplos de graves violaciones de garantías básicas, sobre todo en los estados del norte. Subrayaron que, además de las víctimas de la violencia del crimen organizado, se ha elevado el número de denuncias por abusos miliares y policiacos (hubo mil 17 sólo en Ciudad Juárez, entre marzo de 2009 y abril de 2010).

Los defensores de derechos humanos, en su presentación ante la CIDH en una audiencia de carácterinformativo, indicaron que las fuerzas de seguridad violan de manera frecuente los derechos humanos y cometen desde detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, cateos ilegales y homicidio hasta diversas formas de intimidación para suprimir la voluntad de denuncia entre la ciudadanía, así como para amedrentar a los defensores de derechos humanos. Una de las organizaciones presentó los casos documentados de más de 200 desapariciones forzadas sólo en Chihuahua, aclarando que hay más, pero la gente no se atreve a presentar las denuncias.

Criticaron la falta de investigaciones oficiales, señalando que las existentes parecen ser más bien simuladas, por lo que se nutre cada vez más un clima de impunidad. En Ciudad Juárez, afirman, hay una impunidad por encima de 90 por ciento, mientras que la violencia tanto de la delincuencia como de fuerzas oficiales llega a niveles cada vez más alarmantes.

La abogada Diana Morales, de Paso del Norte, habló de su natal Ciudad Juárez declarando lo difícil que es observar cómo ahí se vuelve normal la violencia, donde los niños quieren ser sicarios porque lo ven como una oportunidad atractiva. Y mientras las autoridades no han hecho nada.

A la vez, los defensores, como ciudadanos que han exigido justicia, han padecido cada vez más amenazas y ataques, incluso asesinatos y desapariciones, en tal escala que han tenido que refugiarse en otras partes del país o incluso buscar asilo en otros países, como el caso reciente de la familia Reyes, entre otros.

Entre los documentos y gráficas presentadas por los defensores de derechos humanos se presentó el audio y texto de la entrevista del general retirado y entonces encargado de seguridad de Torreón, Bibiano Villa, realizada por Sanjuana Martínez y publicada por La Jornada, la cual llamó la atención de algunos de los comisionados que preguntaron a los representantes del gobierno mexicanos si esa figura representaba de alguna manera la posición oficial mexicana (la respuesta fue que no).


Por su parte, la delegación del gobierno mexicano en la audiencia, encabezada por el subsecretario de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, y el subsecretario de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Felipe de Jesús Zamora Castro, evitó responder explícitamente sobre los casos concretos presentados aquí y se dedicó a reiterar los propósitos de la estrategia antinarcóticos y contra el crimen organizado. Subrayaron que el respeto a la integridad física y seguridad de los ciudadanos es el objetivo central del gobierno de Felipe Calderón ante la demanda ciudadana por mayor seguridad, y por ello lanzó su campaña contra la delincuencia, la cual amenazaba ocupar cualquier espacio público y privado.

Monte Alejandro Rubiro García, subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública, subrayó que la estrategia policiaca va en el camino correcto en lo que es una lucha largaque continuará siendo violenta por unos meses más, pero a la cual no había otra alternativa. Insistió en que esta estrategia requiere del apoyo del pueblo y eso no se logra sin el respeto de sus derechos humanos.

Los representantes del gobierno enfatizaron que en México no hayninguna derogación de derechos nimedidas de excepción. Resaltaron latransparencia con que obra el gobierno de Felipe Calderón, indicando la presencia en México ahora de un grupo de trabajo de la ONU que está viajando por el país para examinar el asunto de desapariciones forzadas, y que ésta es sólo una de varias de tales visitas de organismos internacionales de derechos humanos a los cuales el gobierno les ha abierto la puerta.

Organizaciones que presentaron las denuncias:

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Justicia Para Nuestras Hijas, Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Centro de Derechos Juan Gerardi, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas en Coahuila, Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, Centro Pastoral Obrera, Movimiento Pacto por la Cultura, Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste y Colectivo de Organizaciones Michoacanas de Derechos Humanos.

Los Señores del Narco: Entrevista a Anabel Hernández

La llamada “guerra contra el narcotráfico” que lanzó el actual gobierno federal mexicano -guiado por Felipe Calderón Hinojosa- es una falsa guerra, pues en realidad “se trata de una guerra entre cárteles del narcotráfico en la que el gobierno de Calderón tomó partido por uno de los contendientes, Joaquín Loera Guzmán, alias El Chapo, líder del Cártel de Sinaloa”.

Estas son algunas de las opiniones que sostiene Anabel Hernández, periodista mexicana y autora del libro revelación de estos últimos meses en las librerías de México, Los señores del narco(editado por Grijalbo Mondadori, 2010, p. 496).



El libro, publicado en diciembre de 2010 y que en dos meses ya vendió 50 mil copias, relata la historia reciente del narcotráfico en México, centrando su atención sobre algunos de los protagonistas de este fenómeno que “está infectando a todo México”. En particular, Anabel Hernández describe la trayectoria delincuencial de Joaquín El Chapo Guzmán, desde su temprana detención por parte de las autoridades de Guatemala (que lo entregaron luego a las autoridades mexicanas) en 1993 -cuando “era apenas un capo de ‘quinta’ en la jerarquía del entonces Cártel de Juárez”- hasta el día de hoy, cuando el líder del Cártel de Sinaloa es considerado el capo de capos, y que inclusive aparece en las exclusivas listas de la agencia Forbes en calidad de uno de los hombres más ricos del planeta.

El volumen que tanto interés está despertando (“sobre todo entre los jóvenes”) aporta nombres y apellidos de capos del narcotráfico en México, así como de funcionarios gubernamentales coludidos con la delincuencia, muchos de los cuales aún están en funciones. Describe con muchos detalles las redes de complicidad que encubren al negocio del tráfico de sustancias ilícitas y cómo, gracias a estas complicidades, se pudo llegar a la situación actual, en la que hay más de 40 mil muertos reconocidos oficialmente.
Como parte de esa red de complicidades y corrupción, Los señores del narco menciona la negociación fallida entre gobierno federal y cárteles del narco que se tuvo que interrumpir cuando “el narco mata al Secretario de Gobernación mexicano, Juan Camilo Mouriño”. Es una situación que Hernández no se limita a definir como dramática, sino que teme pueda empeorar mucho. ¿Una solución posible? “Una enérgica protesta ciudadana”, afirma la autora. En entrevista con Desinformémonos, Anabel Hernández abunda en estos temas, describiendo los errores del gobierno, el rol de Estados Unidos y narrando su propia vida en calidad de periodista “acosada por las autoridades”.
- ¿Por qué escribió Los señores del narco?

-Es un libro cuya idea nació a finales de 2005. Hice un viaje al llamado “Triángulo dorado” (zona comprendida entre los estados de Durango, Sinaloa y Chihuahua, en el norte de México, y considerada la “cuna” de muchos narcotraficantes mexicanos, N.d.R.) para investigar acerca de niños explotados y me encontré con una realidad muy distinta a la que creía. No es una explotación así como uno la puede imaginar, como una esclavitud, sino que es un rol que los niños han asumido durante décadas -y que asumen con mucho orgullo-. Asumen la tarea como ‘ya me va a tocar’. Luego me encontré con el ex director de la cárcel de Puente Grande, en Jalisco, Leonardo Beltrán Santana (quien fue encarcelado por la “fuga” de El Chapo en enero de 2001, y hoy ya está en libertad, N.d.R.), quien me contó acerca de El Chapo. Lo que terminó de convencerme fue el encuentro que tuve con agentes de la Agencia Federal Antidrogas de Estados Unidos (DEA) aquí en México en mayo de 2006. Ellos me hablaron de la investigación que realizaban en contra del entonces Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, acerca de un presunto soborno que habría recibido por parte de los cárteles del narco. En el hotel Nikko de la Ciudad de México, en donde ellos (los de la DEA) suelen trabajar, me contaron que tenían infiltrada a la organización de Ignacio Coronel Villareal (alias Nacho, socio de El Chapo) y que justamente el infiltrado que tenían había escuchado hablar a El Chapo sobre el tema. Todo eso me convenció de escribir sobre el tema.
Según la autora, hasta mediados del los años 80 el narcotráfico en México era un asunto controlado por el gobierno federal. “Esa relación se basaba en la corrupción y la complicidad entre las partes”, afirma. Sin embargo, poco a poco la situación fue cambiando.

- ¿Cómo y por qué cambia esa relación?

-Se podría decir que el gobierno controlaba al narcotráfico. El punto de quiebre para este cambio fue el poder económico que el narco adquirió. Mientras los narcos se dedicaban exclusivamente a sembrar y traficar marihuana y a la extracción de la goma de la amapola para producir heroína, su poder económico era muy limitado. Pero en los 80, cuando gracias a la intervención de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) -en el marco de la Operación Irán-Contra- los narcos colombianos se vinculan a los mexicanos, éstos comienzan a traficar sustancias más valiosas, como la cocaína. Ejemplo de ello es el caso de El Chapo Guzmán. Cuando lo detienen la primera vez, en 1993 en Guatemala, el Chapo era un capo de quinta, sin ningún poder efectivo; inclusive era un estorbo para Amado Carrillo Fuentes (el llamado Señor de los Cielos, máximo narcotraficante mexicano a principio de los años 90 y líder del Cártel de Juárez) y, sin embargo, veo los documentos y en ellos descubro que El Chapo ya en ese entonces tenía mucha riqueza. Eso significa que con el nuevo negocio – la cocaína – inclusive los capos menos poderosos tenían muchos recursos. Es el poder económico de la cocaína (el) que cambia las asimetrías de las relaciones: comienzan a sobornar a policías, comandantes, políticos locales, gobernadores, hasta llegar a hoy, en donde el narco tiene bajo su control a buena parte del gobierno federal.

Hoy en día, Joaquín Loera Guzmán, alias El Chapo, aparece como el capo más poderoso de México e inclusive de Latinoamérica. Tras transcurrir los años 90 en las cárceles federales de México, el 20 de enero de 2001, un mes y medio después que Vicente Fox Quesada asumiera la presidencia de México -en calidad de primer Presidente emanado del Partido de Acción Nacional (PAN)-, El Chapo logra escaparse de la cárcel de Puente Grande.
- En Los señores del narco, se dice que desde el 20 de enero de 2001 El Chapo escaló muy rápidamente el poder entre las filas de los narcotraficantes gracias al apoyo de los gobiernos de Fox y de Calderón. ¿Por qué y cómo lo hizo?

- En 2006 publiqué el libro Fin de fiestas en Los Pinos, y en él documenté que Vicente Fox ya tenía relaciones con El Chapo antes de asumir la presidencia. Guanajuato (estado del que es originario Vicente Fox y en donde fue gobernador) es un territorio histórico de influencia del Cártel de Sinaloa. Desde que Fox gana la presidencia -el 2 de julio de 2000-,El Chapo, gracias a la ayuda de Miguel Ángel Yunez y Jorge Enrique Tello Peón, hoy ilustres panistas, se vuelve muy cínico y comienza a presumir que ya se iba. El primero de diciembre de 2000, Fox toma posesión como Presidente de México, y sólo tres semanas después el Chapo organiza su fiesta navideña en la cárcel: trae a su familia, que se queda en la fiesta durante tres días; pone los árboles navideños y las decoraciones; hace pintar todas las celdas. Esa era su fiesta de despedida. Es evidente que ya había un tácito acuerdo con el gobierno federal. El Chapo no se escapó de la cárcel, ¡fue el gobierno federal quien lo sacó y lo puso en libertad!

En septiembre de 2001, ya desde su estado de “prófugo de la justicia”, El Chapo Guzmán logra lo que “nadie había siquiera imaginado antes”: sentar a todos los principales capos del narcotráfico en México y formar una federación de cárteles. Este encuentro tuvo lugar en septiembre de 2001.

- Con la ayuda del Ismael Mario Zambada García, alias El Mayo, Guzmán logra reunir un cónclave de narcotraficantes. Y en esa reunión, mientras sus socios – El Mayo, El Azul(Juan José Esparragoza Moreno), entre otros – ponían sobre la mesa los territorios, las rutas, los contactos, los sicarios, El Chapo ofreció sólo una cosa: la protección del gobierno federal. Esa fue su aportación. Ese fue su capital. Es escalofriante porque es ahí en donde se propuso, también por primera vez, que la nueva ‘federación’ le hiciera la guerra abierta a otro cártel de la droga, el Cártel de Tijuana (de los hermanos Arellano Félix). Y, efectivamente, en febrero de 2002 es ejecutado el líder del Cártel de Tijuana (Ramón Arellano Félix) y en muy poco tiempo los Arellano Félix quedan desmembrados. Esto demuestra que la supuesta “guerra contra el narcotráfico” no es tal, sino que es una guerra entre cárteles en donde el gobierno juega el papel de aliado de una de las partes. 
Los que hoy mandan en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal son los que durante el gobierno de Fox estaban en la Agencia Federal de Investigación (AFI, hoy desaparecida). Y la AFI, justamente durante el gobierno Fox, trabajó como brazo armado del Cártel de Sinaloa. ¿Por qué digo “brazo armado”? Porque los de la AFI recibían llamadas directamente de los narcotraficantes, quienes los mandaban a detener gente. La gente arrestada no era entregada a las autoridades judiciales sino a los narcos para que los torturaran y los mataran. Eso ocurrió decenas de veces. Esos funcionarios hoy realizan el mismo papel pero desde los mandos del gobierno federal. Por eso, todos los “golpes” (detenciones) en contra de miembros del Cártel de Sinaloa son fuegos artificiales, apantallan nada más. Toda la gente que agarraron en estos años son ‘corcholatas’, como le dirían ellos: toda gente que no es indispensable para el buen funcionamiento del negocio y de la organización.

- En este contexto, ¿cuál es la verdadera estrategia del gobierno federal de México?

- Felipe Calderón sabe que no está haciendo ninguna guerra al narco. Ya lo comentó a sus asesores, sus amigos y algunos empresarios. Lo que le conviene es que El Chapo tome el control del narcotráfico. Según él, sólo así puede haber paz en el país. Lo ha dicho y, si lo niega, pues que lo sometan al detector de mentiras para ver si miente. Y aún así sabe que es mentira, inclusive su hipótesis, porque el grado de violencia que se desató a partir de diciembre de 2006 se debe en gran medida a que Calderón se quedó con la misma gente corrupta y contaminada del gobierno de Fox: Genaro García Luna (secretario de la SSP), Facundo Rosas Rosas (comisionado de la Policía Federal) y Luis Cárdenas Palomino (actual titular de la División de Seguridad Regional de la SSP). No sólo los dejó en el poder, sino que los elevó de nivel. En particular, Calderón asignó a Genaro García Luna el diseño de esta mal llamada “guerra al narcotráfico”. De la fichas de objetivos que la oficina de García Luna preparó se desprende muy claramente que la prioridad número uno de esta operación fue precisamente eliminar a todos los cárteles adversarios del Chapo. Por eso se desata la violencia, porque el estado toma un papel muy claro atacando a todos los enemigos de El Chapo. Me parece que desde el gobierno de Fox ha habido una ignorancia que raya en la demencia, y ésta es (el) haber creído que, porque durante décadas el narcotráfico en México no fue violento y no mostró su capacidad de fuego, no la tenía.

- Con tanta fuerza y poder, y además con la ayuda del gobierno, ¿por qué El Chapo aún no ha ganado la “guerra”?

- El gobierno, en su estrategia, menospreció al adversario. Por ejemplo, el Cártel del Golfo (hoy aliado de El Chapo, pero su acérrimo enemigo durante el gobierno de Fox) es un cártel histórico; siempre tuvo un gran control del territorio, desde hace décadas. El gobierno pensó que ayudando Guzmán a invadir Tamaulipas (territorio del Cártel del Golfo) con sus fuerzas – Ejército y Policía Federal – iba a quitarle muy fácilmente el territorio a los del Golfo. Calcularon mal: esta acción de apoyar a una parte causó que los demás cárteles se armaran aún más. Los hoy temidos Zetas eran sólo la escolta del entonces jefe del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén. A ese capo le gustaba presumir su escolta, compuesta por ex militares de élite de los cuerpos especiales mexicanos (del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, GAFE). Le gustaba presumir que el ejército mismo lo protegía. Eran treinta en origen y sólo los utilizaba con esa función, pues no eran ni brazo armado, ni paramilitares. Cuando comienza la guerra del gobierno y Osiel Cárdenas ve que El Chapotiene a su propio ejército – las fuerzas federales – decide hacerse del suyo y refuerza las filas de los Zetas. De treinta pasan a ser cientos, y no sólo mexicanos sino también los temibles kaibiles guatemaltecos. La resistencia inicial que ofrece el Golfo, el hecho de que tenía a ex militares inclusive entrenados por Estados Unidos, provoca que -a su vez- el Cártel de Sinaloa de refuerce y comience a contratar a otros sicarios, e involucran a los Maras Salvatruchas. Es una escalada de violencia que se traduce en el paulatino enrolamiento de sicarios y matones en ambas partes en conflicto. Esta escalada de violencia se traduce también en nuevos métodos de tortura y de asesinato: descuartizamientos, decapitaciones, etcétera, cosas que antes ni se veían y que son provocadas por la intervención partidaria del gobierno. 
Tengo en mi posesión cartas que los Zetas envían al gobierno en el que se quejan de que esta guerra no está siendo “honorable”. Su visión delincuencial no perdona – y nunca lo harán – que el gobierno federal se haya metido en la guerra tomando partido. Ellos tienen claro el papel del Estado: un jugador imparcial que combate a todas las partes. Pero que haya querido ayudar a una parte, eso no lo perdonarán nunca. He hablado con gente cercana a Heriberto Lazcano Lazcano, alias El Lazca (líder del hoy Cártel de Los Zetas), que dice que este hombre está decidido a incendiar al país antes que perder la guerra. Me parece que el gobierno federal no entiende, primero, la mentalidad delincuencial de esta gente (los narcotraficantes), y luego no tiene una clara idea de la capacidad de fuego de los cárteles. Esta gente no ha tirado al avión presidencial o no ha matado un secretario de estado sólo porque no quiere.

La mención de Anabel Hernández hace pensar inmediatamente en el accidente aéreo del 4 de noviembre de 2008, en el que murió Juan Camilo Mouriño, entonces Secretario de Gobernación de Felipe Calderón. A pregunta expresa acerca de quién mató a Mouriño, la periodista mexicana no tiene la menor duda y responde: “Es claro que fue el narcotráfico. Fue El Mayo Zambada, como reclamo por un pacto no cumplido”.

- ¿Por qué lo afirma con tanta certeza?
- Eso lo tengo muy corroborado, tanto por gente cercana a la familia del ex Secretario como por testimonios de gente cercana a El Mayo Zambada. Calderón lo sabe muy bien. El rostro del Presidente cuando comunicó esa noche (el 4 de noviembre de 2008) la muerte de su amigo y Secretario, y el mismo rostro durante los homenajes oficiales a Mouriño, lo dice todo. Cuando menos
ésta es la interpretación de los familiares de Mouriño.
Recientemente una “amistad” de Mouriño se acercó a mí para confirmarme que esta versión responde a la verdad. Me contó que los familiares del ex Secretario tuvieron tres encuentros con el Presidente Calderón. En el primero, Calderón afirmó que fue accidente, respetando la versión oficial. En el segundo encuentro, frente al reclamo de los familiares -quienes preguntaban quién había matado a Mouriño-, Calderón habría dicho “no sé”. Ya en un tercer encuentro, Calderón habría contestado a las mismas preguntas con estas palabras: “¿De verdad quieren que investigue quien mató a Juan Camilo?” Los familiares, invadidos por el miedo, dijeron que no, que así estaba bien, que la gente creyera la versión del accidente. Estamos hablando de una gran simulación. Uno puede entender los errores del gobierno en buena fe, uno puede pensar que son incapaces, ingenuos o mal preparados. Inclusive, uno puede pensar que son engañados. Pero este gobierno ni está engañado, ni es ingenuo, ni está actuando de buena fe.

- En Los señores del narco usted habla de una presunta negociación entre el gobierno y los narcotraficantes, que habría encomendado justamente Mouriño a un ex general del Ejército -que en libro se señala como el “General X”-. ¿Cómo terminó esa negociación?

- Ese proceso (la negociación) se interrumpe porque, mientras en el General X lleva a cabo su tarea, su referente y mandante, Juan Camilo Mouriño, se muere. Y es así como sale pública esa historia, porque el General X estaba preocupado acerca de qué iba a pasar. Todos sabían de la misión -en el Ejército, Calderón mismo- pero cuando muere Mouriño nadie quiere tomarse la responsabilidad de la operación. Y el general se queda con toda esa información – y posiblemente algunos compromisos – sin saber qué hacer con ello; todo se quedó en el aire. La intención de esa negociación era “escondan a sus muertos”. Les dijeron (a los narcotraficantes) “no les vamos a decir cómo matar sus enemigos, pero no los expongan porque nos están espantando a la inversión extranjera, el mundo nos voltea a ver”.
La identidad del llamado “General X” es secreta. Sin embargo, el semanario mexicano Proceso reveló (el 5 de diciembre de 2010) que, según sus investigaciones, ese general no podía más que ser el mal afamado Arturo Acosta Chaparro, anteriormente encarcelado por nexos con el entonces Señor de los Cielos y también involucrado en la llamada guerra sucia en la que -durante los años 70- murieron decenas de activistas sociales mexicanos. A pregunta expresa, contesta tajante: “A eso no puedo contestar”.

- A pesar de los nexos con los narcotraficantes que usted menciona, Calderón no parece tener la situación bajo control; vienen también las elecciones presidenciales de 2012…
- Calderón habría dicho a sus amigos que ya quiere irse. No está ya entendiendo cuál es su papel como Presidente. Si Calderón -como todo parece indicar- está siendo chantajeado, pues que renuncie, porque no por ser víctima de chantaje va a poner en peligro a todo el país. Mis fuentes, inclusive algunas cercanas a los líderes del Cártel de Sinaloa, me comentaban que este año (2011) iba a ser sangriento desde el principio. Inclusive los capos, me dijeron, estarían comenzando a preocuparse por el descontrol que está habiendo en las células de los cárteles. Los nuevos integrantes de los cárteles, comenzando por los llamados ‘narcomenudistas’ (los vendedores de droga al menudeo), ya están comenzando a pensar solos. Ni conocen a El Chapo ni lo respetan. Tienen control territorial y se están enriqueciendo muy rápidamente. En consecuencia se están armando mucho. Un ejemplo fue el cerco que realizaron en Guadalajara (segunda ciudad más grande mexicana) hace un mes (el primero de febrero de 2011). No eran grandes cárteles, fueron unos veinte muchachos, casi todos menores; fue un grupo menor, desconocido. Lo mismo pasa en la periferia de la Ciudad de México. Esta llamada guerra se está convirtiendo en una guerra territorial, casi cuadra por cuadra, por el control del mercado. Y el gobierno federal no hace nada. Si es así, la ingobernabilidad podría aumentar, pues ni los cárteles ya tienen control sobre su gente: muchos Maras ya se independizaron, así como existen ya muchos desprendimientos en las filas de los Zetas. La violencia está escalando y nos acercamos a un punto en que nadie la va a poder controlar.
Una medida que caracterizó a la “guerra al narcotráfico” del actual gobierno de Felipe Calderón fue el uso intensivo de las Fuerzas Armadas. El Ejército Mexicano, así como la Armada de México, juegan hoy un rol protagonista en el conflicto entre los cárteles mexicanos.

- ¿Cuál es el rol del Ejército en toda esta situación?
- De acuerdo a mi investigación, el actual Secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván, es una persona muy débil; no es apto para el rol que es llamado a cubrir. Lo que encontré fueron casos aislados de corrupción, casos de infiltración, pero -a diferencia de la SSP- no encontré una infiltración institucional. En la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hay partes contaminadas por la corrupción, pero no toda la estructura. Lo que sucede es que Genaro García Luna es el estratega de toda la llamada “guerra”; la Sedena no tiene influencia en esa estrategia. Aún así, García Luna los pone en la primera línea de fuego. Esta situación está incomodando mucho a los militares, pues se sienten como “carne de cañón”. En las reuniones del Consejo de Seguridad Pública, Galván Galván es callado por el mismo Presidente cuando intenta discrepar con algo. Esta situación le está quitando mucha legitimidad al titular de la Sedena entre las filas de sus subordinados. A pesar de eso, el ejército es muy estructurado y tiene una mentalidad muy institucional, por eso será difícil una crisis interna de gran tamaño. Lo que sí está sucediendo es que muchos jefes militares de zona están comenzando a preguntar “¿y a nosotros qué?”. Lo que sucede entonces es que los militares están comenzando a cobrar “botines de guerra”: en muchos operativos realizados por la Sedena se dan excesos como abusos sexuales, robos, asaltos.

El Ejército Mexicano, es notorio, está muy ligado a los mandos militares de Estados Unidos (EU). Sus oficiales están siendo entrenados en el país vecino y, según fuentes periodísticas y académicas, el gobierno de EU estaría influenciando fuertemente al actuar de las fuerzas de seguridad mexicanas.
- Y entonces, ¿qué rol juegan los Estados Unidos en esta “guerra”?
- Los Estados Unidos saben muy bien que hay mucha discrepancia entre SSP y Sedena. Saben, por ejemplo, que el Ejército no quería que García Luna fuera nombrado Secretario de Seguridad Pública, pues conocía de su corrupción. Mis fuentes confirman claramente que EU no confía en el Secretario de Seguridad Pública. EU se lo dijo en más de una ocasión a Calderón, pero éste siempre se negó a removerlo. Me queda claro que EU tiene confianza en las Fuerzas Armadas, pero no en García Luna. Las declaraciones de Hillary Clinton en su reciente gira en México (a finales del mes de enero) son de fachada, es su rol. Mi impresión es que EU da la palmadita a Calderón pero prepara el garrote. Supe de mis fuentes que EU le dijo a México que la situación, especialmente en la frontera, ya es insostenible y, al parecer, propusieron que o México le pone un remedio radical o se tendría que aplicar las medidas adoptadas en Guatemala por el presidente Álvaro Colom: sellar la frontera y crear un estado de sitio en la zona. Como siempre el gobierno de EU no calcula las consecuencias de sus políticas, porque -en efecto- ahora el narcotráfico en México, para Barack Obama, ya no es sólo un problema de seguridad nacional, sino un problema político. En EU, sobre todo los Republicanos están haciendo una fuerte campaña en contra del Presidente por el problema del narco en México. Y, en efecto, es cierto: ya está habiendo incursiones violentas de los cárteles mexicanos en territorio estadounidense. La verdadera postura del gobierno de EU hacia México se refleja más en las declaraciones de los funcionarios del Pentágono que en las declaraciones de Hillary Clinton. El asesinato del agente del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de EU, Jaime Zapata, los debe tener muy molestos. ¿Quién sabía a dónde iban esos dos funcionarios estadounidenses? Si fue un atentado, como parece ser, el atentado es el resultado o de una filtración directa del embajada (de EU) o de algún funcionario del gobierno federal mexicano. Alguien tuvo que decirlo.
Según Anabel Hernández, la actual situación está demostrando que nadie en este país está capacitado para combatir de manera violenta al narcotráfico. “No digo que no haya que combatir a los cárteles, pero me pregunto por qué no comenzar por los pilares, por los cimientos que soportan al narcotráfico: banqueros, empresarios, funcionarios corruptos, el Secretario de Seguridad Pública y su equipo”. Y añade: “No necesitarían disparar ni una bala, sólo sería suficiente hacer auditorías, detener a los responsables, incautar bienes y capitales. Con eso, el narcotráfico no desaparecería de inmediato, pero se minarían sus bases. En mi investigación me queda claro que ni El Chapo, ni los Beltrán Leyva (del cártel homónimo), ni El Mayo Zambada, ni El Lazca, ni nadie de estos delincuentes, serían nada sin ese apoyo económico y político. Esta gente no terminó la primaria, apenas saben leer y escribir…no valen nada sin ese apoyo. Si se quiere hacer una verdadera guerra, ¿por qué no atacar esos pilares primero?”.

- Hablando de esos “pilares”, ¿cuál es la relación entre narcotráfico y economía formal en México?
- No sé en qué proporción, pero creo que el narcotráfico contamina y sostiene muchas de las súbitas fortunas de los llamados “nuevos” empresarios mexicanos. Existe una economía sólida que no depende de ese dinero (del narcotráfico), pero muchas empresas sí dependen del dinero del tráfico de drogas. Los bancos, por ejemplo, dependen muchísimo de esa riqueza. Hay tres ejemplos claros de cómo la economía puede depender de ese dinero: Ciudad Juárez, Monterrey y Guadalajara. Esa violencia interna que de pronto brota en esas ciudades no creció ayer ni anteayer; esa violencia siempre estuvo allí. Hoy estalla y se manifiesta porque se quebró algún equilibrio interno, no porque no hayan existido antes. Sin duda hay una parte de la economía mexicana que depende del narcotráfico, y es allí justamente en donde la sociedad mexicana tiene una función que cumplir: resistir a ese dinero. 
Me contaron muchos casos de gente que vendió su casa al triple del precio; o de concesionarias de automóviles que vendieron lotes enteros de autos pagados en efectivo. ¿Y la gente no se pregunta de dónde viene ese dinero? ¿Es eso posible? Hay que decirlo: una parte de la sociedad mexicana vivió un tiempo extendiendo la mano, recibiendo ese dinero (y) cerrando los ojos. Una parte de la sociedad estuvo viviendo de ese dinero “sucio” y hoy se quejan de “qué pasa en México”. “Pasa que aceptaste pagos enormes, que aceptaste al edificio de enfrente, aceptaste al narcomenudista, aceptaste al prepotente”…y nadie dijo nada, pues había beneficios. Es la maldita costumbre de pensar que, si la corrupción salpica, pues “que nos salpique a todos”, con la diferencia que hoy salpica sangre.

Actualmente, no se sabe a ciencia cierta cuántos muertos ha causado el conflicto entre cárteles en México. Cifras periodísticas hablan de varios miles de muertos asesinados. En enero de 2011, el Gobierno Federal mexicano publicó por primera vez unos documentos en los que reconoce la muerte de poco más de 34 mil personas por hechos violentos vinculados al enfrentamiento entre cárteles. Inclusive, en los documentos oficiales, el Gobierno trata de ofrecer datos relativos a muertos por ejecución, civiles muertos (otrora definidos como “efecto colaterales”), etcétera. Sin embargo, Anabel Hernández tiene una opinión distinta.

- Diferenciar a los muertos por “tipología” sería hacerle un favor al gobierno. Creo que hay que decir que los 43 mil muertos (la periodista suma también las cerca de nueve mil muertes sucedidas durante el gobierno de Vicente Fox) son todos inocentes mientras no haya un juicio que demuestre las responsabilidades de cada uno. Convoco al gobierno a demostrar cuántos tenían averiguación previa, cuántos ya fueron condenados. El gobierno no habla claramente: no se trata de ejecuciones sumarias, no se trata de que ya te dieron ochos balazos y entonces ya eres delincuente. Hoy, cualquier persona que muere por más de tres balazos es “delincuencia organizada” y cae en el costal de la impunidad. Nadie investiga porque ya eres “delincuencia organizada”, ya existe la suspicacia de que andabas en malos pasos. Eso es infame. La sociedad se va acostumbrando y los medios de comunicación masiva promueven eso.

Anabel Hernández no esconde que el panorama de la actual situación es dramático. Sin embargo, también reconoce elementos de esperanza. Entre éstos, reconoce el rol que los jóvenes pueden hoy jugar.

- Lo que me conforta es ver a todos los jóvenes que llegan a la presentación del libro que estoy realizando en el país. En ellos veo la esperanza de que no todo está perdido. Ellos vienen y me preguntan qué hay que hacer. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que esta situación es todavía un foco de infección muy definido, no aún un cáncer que afectó a todo el cuerpo social. Esa es mi aportación con el libro: ubicar a esos focos de infección. No los ilustro a todos, sólo a algunos. Ahí están, con nombres y apellidos: funcionarios, empresarios, etcétera. Lo que me preocupa es que el foco de infección se vaya esparciendo y contamine a toda la sociedad. Creo que estamos en un momento clave de definición, si acabamos con el problema o no. Lo que me queda claro es que “los señores del narco” no van a resolver el problema, no van a hacer nada. Todo está en manos de la sociedad; esperaría una protesta ciudadana muy enérgica. Si hay países como Guatemala, Perú, Chile, Argentina o Brasil, que han dado ejemplo llamando a sus funcionarios al banquillo de los acusados a rendir cuentas, ¿por qué en México no podemos hacerlo? Son esos jóvenes que veo quienes pueden hacerlo.

En un país como México, en el que el ejercicio periodístico es objeto de represión y violencia (tal y como lo demuestran las cifras de muertes y desapariciones, pero también la evidente autocensura que sufre la prensa en México, particularmente en las zonas de mayor conflicto), publicar un libro como Los señores del narco puede exponer a su autora a represalias. A este respecto, Anabel Hernández afirma tener miedo.
- Confieso que, desde diciembre a la fecha, cuando ando por la calle y veo una motocicleta con dos personas, pienso que (me) van a matar. Traigo escolta que me proporcionó la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) tras denunciar que se estaba preparando un atentado en mi contra por parte presuntamente de la SSP. Levanté una denuncia el 13 de diciembre de 2010 tras recibir la información por parte de una fuente, que me contó de una conversación entre funcionarios de la SSP acerca de indicaciones que García Luna habría girado a los nuevos reclutas para que me atentaran a la vida haciéndolo parecer un asalto o un accidente, a cambio de un aumento de sueldo y de puesto. En un principio no me lo tomé muy en serio, pues son al menos tres años que García Luna me persigue, pero luego sí me asusté. Es irónico, pero le tengo más miedo al gobierno que los cárteles de la droga. Puede que diga una obviedad, pero creo que para los colegas (periodistas) que viven en zonas como Ciudades Juárez es mucho más difícil el oficio. Para quien, como yo, vive en la Ciudad de México y publica en medios nacionales, es mucho más fácil criticar a quienes (periodistas) no firman las notas o quienes deciden no hablar de ciertos temas. Al mismo tiempo, sin embargo, creo que los periodistas no podemos rendirnos, inclusive quienes están en la línea del fuego. Creo que sería mejor inclusive renunciar al ejercicio periodístico si no estamos dispuestos a ejercerlo en su totalidad. No me refiero a morir por ello, pero sí tenemos que hacer valer nuestra voz incluso frente a los narcotraficantes y a los funcionarios corruptos. Finalmente, en la mayoría de los casos de homicidios de periodistas hay más sospechas sobre funcionarios públicos que sobre los propios delincuentes. Por lo tanto, me parece que los periodistas deberíamos hacer un frente común de verdad para defender nuestro oficio y dignidad. Si no confiamos en nosotros nos van a matar a uno a uno.
Un periodista muerto es primero un ser humano y luego un colega. Esto debería empujarnos a hablarnos (entre periodistas) y dejar a un lado el egoísmo que veces nos caracteriza. Creo que los periodistas de verdad – no los que aparentan serlo y conducen programas televisivos y radiofónicos -, los que nos dedicamos a reportear y a investigar las cosas, tenemos que rescatar a nuestras voces, también en las redacciones en donde trabajamos. Efectivamente no somos ricos, no somos los dueños de los medios, ni siquiera estamos en la dirección, pero sin nuestro trabajo esos medios no podrían existir. Los periodistas tenemos que hacer valer nuestra voz, aunque significa a veces renunciar al medio en donde trabajas. Ya basta de concesiones: si existe un trabajo bien hecho, sustentado y documentando, no tiene por qué no ser publicado.


El Sexenio de Televisa: Capítulo uno.


Capítulo Uno



El sexenio de Televisa inició antes de las elecciones presidenciales del 2 de julio de 2006 y pretende prolongarse más allá del 2012. El consorcio mediático más poderoso del país y uno de los diez más grandes del mundo leyó bien las circunstancias de debilidad y de divisiones existentes en la clase política mexicana, como resultado de una frustrada e incompleta transición. Heredera de un modelo de control informativo y con prácticas comerciales monopólicas, típicas de la era de los gobiernos del PRI, Televisa pronto se blindó y neutralizó las demandas de democratización del régimen de medios de comunicación electrónica, especialmente, en la televisión comercial.



Televisa ha ignorado y minimizado sistemáticamente los reclamos de transparencia en el otorgamiento de las concesiones de radio y televisión, pluralidad y calidad en los contenidos, autonomía de los organismos reguladores de la radiodifusión para eliminar el “presidencialismo televisivo”, así como mayor y mejor competencia en la pantalla. De paso, logró bloquear durante “su sexenio” a su más fuerte competidor, Telmex, futuro y temido competidor en el mercado del triple play (audio, video y datos convergentes).



Televisa sobrevivió a la caída del PRI en la presidencia de la República porque los partidos políticos privilegiaron la alternancia electoral para dejar en un segundo plano la democratización en el terreno del derecho a la información.



A finales de la década de los noventa, la crisis de Televisa, a raíz de la muerte de Emilio Azcárraga Milmo, El Tigre, era de credibilidad frente a una sociedad que se acostumbró a verla como una extensión del régimen priista. La nueva generación encabezada por Emilio Azcárraga Jean enfrentó esa crisis con medidas superficiales que no transformaron el modelo de televisión que configuró El Tigre. Para ellos, la pantalla es, ante todo, un negocio y no un servicio público concesionado. Y le apostaron a incrementar el gran negocio que representa controlar los contenidos mediáticos.



Las prácticas monopólicas se incrementaron y el chantaje frente a una clase política que glorificó la imagen y el tiempo de acceso a la pantalla le sirvieron a este conglomerado mediático para defender sus intereses. En la práctica, operó lo que el Banco Mundial ha clasificado como “captura del Estado”, es decir, cuando los poderes no institucionales se ponen por encima de las instituciones públicas y acaban condicionándolo para imponer sus propios intereses.



Televisa hizo dos apuestas durante el gobierno de Vicente Fox, el primer presidente del PAN tras siete décadas de régimen priista:



a) Dejar de ser un “soldado del presidente” y transformar la ecuación, de tal manera que los políticos de todos los partidos se volvieran sus propios soldados.



b) Trasladar su condición de monopolio televisivo a la de gran corporativo de telecomunicaciones, dominante en la nueva era de la digitalización y del triple play. El final del modelo de televisión analógica y la transición hacia una televisión digital, con opciones de convergencia tecnológica en telecomunicaciones ha sido el principal desafío para los directivos de Televisa.



En otras palabras, ser el gran poder en materia de producción y contenidos audiovisuales, pero también de servicios convergentes en telefonía e internet, el gran negocio del nuevo milenio. Televisa, bajo la presidencia de Emilio Azcárrraga Jean, se ha soñado como una mezcla de Bill Gates y su emporio Microsoft, y de Rupert Murdoch, el magnate australiano de los medios de comunicación anglosajones, propietario de la televisión satelital Sky y de una serie de canales de televisión restringida bajo el signo de la compañía Fox con una agenda muy conservadora en lo político y muy proclive al sensacionalismo y la chabacanería mediática.



Para lograrlo, Azcárraga Jean se desembarazó durante una década de los compromisos adquiridos por su padre, Emilio Azcárraga Milmo, El Tigre, fallecido en 1997; formó un equipo de nuevos CEO’s, compañeros de generación, que tomaron por asalto la administración del consorcio bajo la fantasía infantil de ser una especie de “Los Cuatro Fantásticos”; realizó sociedades financieras con Carlos Slim, el magnate de Telmex, y con otros empresarios para sacar adelante a la empresa de sus deudas y luego deshizo estas sociedades desde mediados de esta década; se concentró en el mercado mexicano y latinoamericano ante el fracaso concretado en 2006 para adquirir las acciones mayoritarias de Univisión, la cadena de televisión hispanohablante más grande de Estados Unidos.



Por último, entendió que si quería dejar de ser un “soldado del presidente”, Televisa tenía que convertirse en una nueva maquinaria dedicada a la mercadotecnia política, mezclando su poderoso aparato publicitario y su dominio en la pantalla para doblegar a una clase política adicta a los valores del rating.



Televisa dejó de cabildear para transformarse en legislador de sus propios intereses. La iniciativa de contrarreformas a la Ley Federal de Radio y Televisión y a la Ley Federal de Telecomunicaciones, que la revista Proceso bautizó como Ley Televisa se convirtió en la síntesis de las ambiciones de la nueva generación al frente del consorcio televisivo.



La empresa demostró a finales de 2005 y en el primer trimestre de 2006 que podía arrodillar a los candidatos presidenciales, a la mayoría de los diputados federales y de los senadores para imponer sus intereses. En la Cámara de Diputados, 305 legisladores de todos los partidos aprobaron en menos de diez minutos, sin discusión, el paquete de reformas que constituyen la Ley Televisa. En el Senado, sólo un puñado de políticos que inicialmente fueron 11 –de un total de 126- dio la pelea para evitar que se concretaran los cambios aprobados por los diputados. No consiguieron frenar la ley. Los equipos de los candidatos presidenciales, en especial del PRI (Roberto Madrazo) y del PAN (Felipe Calderón) presionaron para que el 31 de marzo de 2006 se aprobara la Ley Televisa sin modificarle “una sola coma” en el Senado. La ley fue promulgada el 11 de abril de 2006 en el Diario Oficial de la Federación, con el visto bueno de Vicente Fox, el presidente que había prometido el “cambio” como un acto de propaganda.



Los senadores del PRI, PAN y PRD que se opusieron a estas reformas impulsaron una acción de anticonstitucionalidad contra esta ley. Fueron un total de 47 legisladores que interpusieron un recurso de anticonstitucionalidad. La Suprema Corte discutió en mayo de 2007 los diferentes aspectos que violentaban la Constitución Política Mexicana y en junio del mismo año desechó aspectos sustanciales de estas reformas.

Sin embargo, el plan de negocios y el proyecto transexenal de Televisa continuaron. El golpe de la Suprema Corte de Justicia ha sido invalidado en los hechos durante estos años de gobierno calderonista. No sólo eso. La reforma electoral que se discutió casi en paralelo con la anticonstitucionalidad de la Ley Televisa, orilló que esta empresa, junto con TV Azteca y los principales grupos radiofónicos desafiaran abiertamente la nueva legislación que estableció la prohibición absoluta de la compra de tiempo-aire en los procesos electorales.



El Congreso prohibió la mercadotecnia político-electoral –siempre bajo la obsesión de reformas en el marco de la contienda de las leyes electorales-, pero no impidió el gran truco de estos años: la venta de publicidad integrada o mejor conocida como infomerciales disfrazados de contenidos informativos o de entretenimiento para promover a los políticos con aspiraciones políticas.



El joven gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto, del PRI, se transformó en el modelo a seguir y en el argumento de venta más poderoso de Televisa: si lograban transformar a un político sin experiencia ni trayectoria en la figura más popular de los últimos años, entonces, demostraban que el control de las elecciones no pasaba por el Congreso sino por la pantalla.



Una decena de gobernadores y dirigentes políticos han copiado el “modelo Peña Nieto” generando uno de los despilfarros más grandes de las cuentas del erario público y glorificando esta operación. Lo importante entonces no es ganar con votos sino con spots, infomerciales, marketing, y con mucho dinero para que en la televisión no los borre (como hicieron con el senador panista Santiago Creel, su ex aliado) o los convierta en villanos políticos (como han hecho con el perredista Andrés Manuel López Obrador) o tengan una operación cercana al sadomasoquismo (como ha ocurrido con el presidente Felipe Calderón).



La reforma electoral nació muerta. Antes de que el Congreso ordenara la prohibición y modificara varios artículos constitucionales, Televisa logró darle la vuelta a los nuevos candados, gracias a las lagunas legales existentes aún en la Ley Federal de Radio y Televisión y en la Ley Federal de Telecomunicaciones.



Nada prohíbe expresamente a Televisa comercializar sus contenidos editoriales, de entretenimiento y de espectáculos para que se conviertan en una pasarela de políticos con aspiraciones. De la república del spot pasamos a la dictadura del advertainment, es decir, a la mezcla de mercadotecnia y entretenimiento, sin que exista instancia gubernamental comprometida a regular este fenómeno.



Telenovelas, noticiarios, programas musicales y de variedades, los programas de deportes, teletones, promocionales de los estados, así como los reality shows al estilo del Big Brother y hasta las estrellas de factura efímera (como la actriz Angélica Rivero, la “novia” de Peña Nieto) se transformaron en el escenario para el nuevo dominio de Televisa en la república de pantalla.



Su última y gran apuesta, con miras a la sucesión del 2012, es la Iniciativa México, una operación de cooptación de organismos sociales y ciudadanos, de intelectuales, comentaristas, medios de comunicación ajenos a su dominio, bajo la apariencia de filantropía ciudadana. La Iniciativa México, creada bajo el pretexto de los festejos del Bicentenario de la Independencia en 2010, en realidad es una campaña adelantada para que Televisa diga quiénes son los “ciudadanos” y los “valores” que deberán promoverse para salir adelante.



Toda esta operación constituye una serie de historias no contadas ni fiscalizadas, aunque ampliamente documentada en los contenidos de los canales de Televisa, en especial, del canal 2, el de “las estrellas”.



En paralelo, el gobierno de Felipe Calderón, débil en su legitimidad y ambicioso en su plan de militarización del país y polarización del debate político, se volvió un rehén de Televisa para lograr sus objetivos. El calderonismo se propuso resarcir a las televisoras por la supuesta pérdida de los ingresos en spots electorales, prohibidos a raíz de la reforma electoral, a cambio de contar con su apoyo en pantalla.



Nada de esto ha sido gratuito. El gasto en publicidad gubernamental se disparó en los primeros cuatro años de la administración de Felipe Calderón. Entre diciembre de 2006 y mayo de 2010 el gobierno federal ha destinado casi 17 mil millones de pesos (16, 977 millones de pesos) para promocionarse en medios de comunicación, un gasto que implica un crecimiento de 500 por ciento en relación con lo que destinó el gobierno de Vicente Fox, según el análisis de la organización Fundar. Más del 60 por ciento de estos recursos se fueron a las televisoras y un porcentaje muy elevado, aún no especificado por el gobierno, se concentró en Televisa.



Tan sólo durante 2008 –el año posterior a la reforma electoral- el gobierno de Calderón ejerció 5 mil 473.47 millones de pesos en publicidad mediática, y en 2009 –el año de las elecciones federales que desembocaron en el retorno del PRI como primera mayoría en la Cámara de Diputados-, el calderonismo ejerció 5 mil 371.41 millones de pesos, según el reporte entregado a la Comisión Permanente del Congreso (ver Reforma, 14 de julio 2010, p. 5).



Otros datos de la consultora Central Media confirman que el principal cliente para la televisión y la red de empresas de Televisa es el gobierno federal. De acuerdo con esta consultora, en 2009 el gobierno de la República invirtió 4 mil 585 millones 052 mil pesos en televisión, prácticamente duplicó a la compañía Nestlé, la cuarta en la lista, que invirtió 2 mil 196 millones de pesos en publicidad para la televisión.

FUENTE


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