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LOS ÁNGELES, California.- Agustín Humberto Estrada Negrete sostiene que durante siete años fue amante de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, su vida no es para contarse en unas líneas sino en un grueso libro, porque su relación íntima con el ahora candidato a la presidencia de México, considera que prácticamente lo llevó a la tumba. Terminó con su rostro cubierto de cinta adhesiva, violado con un tubo y una bolsa de plástico en la cabeza, con un reporte médico escalofriante de la Cruz Roja.


En entrevista para Los Ángeles Press, narra cómo fue creciendo la hostilidad por parte de funcionarios públicos y policías locales del Estado de México, a raíz de que decidiera expresar su homosexualidad en una obra de teatro organizada en la comunidad contra la homofobia, el 17 de mayo de 2007. En esta entidad, se llegaron a registrar 78 asesinatos de homosexuales y 143 en el Distrito Federal, entre 1995 y 2007, según los datos de la Revista Sociológica, con la observación de que son cifras conservadoras porque se estima que por cada asesinato registrado hay dos que no se registran. Para 2011, la proyección que hizo la asociación civil Letra S junto con el Consejo Naciona para Erradicar la Discriminación (Conapred), mediante un monitoreo hemerográfico la cifra bien podría haber llegado a los 2051 asesinatos.


Agustín Estrada fue obligado a dejar su trabajo temporalmente como director de una escuela primaria de atención especial, y amenazado de que si insistía en “mostrar su homosexualidad sería cesado definitivamente”. Y así sucedió en mayo de 2009, cuando pretendió regresar a su lugar de trabajo de maestro.



Maestro y director de una escuela en Estado de México Foto: Agustín Estrada Negrete



La denuncia contra la violencia a homosexuales y transgénero ha sido en los últimos años un tema recurrente en la prensa mexiquense, incluso las cifras de feminicidios se han manejado superiores a las de Ciudad Juárez y Guatemala. Agustín Estrada, enfocado en la defensa de los derechos humanos, se armó de valor para protestar por la flagrante discriminación de la que estaba siendo víctima. Se plantó frente a Palacio de Gobierno y poco tiempo después fue encarcelado en el penal Almoloya de Juárez, por "obstruir las vías de comunicación", según la causa penal puesta el ocho de mayo de 2009 (94/2009).



Desde su detención, Estrada fue golpeado severamente por los policías locales que bajaron de una ambulancia, dice, cuando se esperaría que bajaran de una patrulla. Los hombres lo persiguieron y lo sometieron a patadas y puñetazos. Después, fue en la cárcel, donde 12 hombres, entre reos y policías, lo violaron. Una vez que su familia logró sacarlo bajo una fianza de 26 mil pesos (US 1,943 dlls), decidió hacer las denuncias ante medios de comunicación y organismos de derechos humanos, porque ni el Ministerio Público en Toluca ni el de Ecatepec quisieron aceptar su denuncia por violación sexual en el penal.



La represión se volvió más severa dos meses después, en julio de 2009. Estrada fue detenido nuevamente por policías judiciales, por sus protestas públicas que sumaban cada vez adeptos a su causa, hasta que fue víctima del atentado en el que casi pierde la vida, y sin embargo sus agresores habrían creído que su misión estaba cumplida al dejarlo tirado en lote baldío.



Agustín Estrada no sabe cómo sobrevivió a ello; sólo recuerda haber despertado en la Cruz Roja después de varios días de estar inconsciente. Físicamente torturado, pero aún con las fuerzas emocionales que los llevaron a no ceder en la denuncia de su agresión. Logró salir del país, aunque las amenazas siguieron para su madre y su hermana. Cruzó la frontera hacia el extranjero en silla de ruedas, con la petición de asilo en mano. Logró poner las denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el 17 de marzo de 2010, la relatora especial de Naciones Unidas, Margaret Sekaggya, señaló que el caso de Agustín Humberto Estrada Negrete es uno de los casos de discriminación más notorios del país.



Actualmente, es atendido en un hospital público para sobrevivientes de tortura de países en conflicto y recibe atención psicológica. Su caso ha quedado documentado en cada uno de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Su denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México fue puesta el dos de marzo de 2011, ante la Segunda Visitaduría General con el expediente número CNDH/2/2010/3919/Q, número de oficio 11628. Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, quien dio fe de estas denuncias fue el secretario ejecutivo, Santiago A. Cantón, el 30 de diciembre de 2011, bajo el asunto MC 222-09.



No hay ningún policía sancionado hasta ahora, no hay ninguna orden de aprehensión para ninguno de sus agresores ni funcionarios públicos. Sus nombres han quedado en los archivos de la CNDH. Aún así, Estrada sigue en espera de justicia e impulsando lalucha contra la homofobia desde el extranjero.



Algunos de los funcionarios y dependencias involucradas se detallan a continuación. En los expedientes, pese a que los funcionarios no respondieron a los requerimientos de los organismos de derechos humanos, puede constatarse la serie de abusos de autoridad.



Caraterización que molestó a Peña Nieto, según Estrada Foto: ombusgay.org



El siguiente texto fue escrito por Agustín Humberto Estrada para esta edición.



Torturado



“No puedo ver…..no puedo respirar, muchos hombres me están pegando, me violan hermanita, ¡ayúdame!”



Qué difícil es vivir en un mundo tan injusto, en el cual sólo el homosexual poderoso y rico es escuchado, tapado, y protegido por los periodistas. El homosexual pobre es discriminado, asesinado, violado, descarnizado. En mis pensamientos se encuentra vivo el hermoso recuerdo de aquella estupenda fotografía que publicó un diario local del Municipio de Ecatepec, el 17 de mayo del 2007.



Me encontraba cantando la canción de rímel de la obra de teatro “La jaula de las locas” en la explanada municipal, en la caracterización de Albán. Yo vestía un vestido rojo (regalado), dos hombres me levantaban al ritmo de la coreografía, al mismo tiempo le dedicaba la canción a mi novio, el clásico hombre casado por la iglesia católica, con hijos y una bonita esposa.



A mi novio le avergonzaba que nos vieran juntos sus compañeros burócratas, y ni pensar que en público yo pudiera estar cerca de él. Tenía que distanciarme de manera significativa, pero cuando estábamos solos sus besos y caricias recorrían todo mi cuerpo. Lo conocí en 1998, durante el mandato del Gobernador Emilio Chuayffet. Él se desempeñaba como uno de tantos burócratas en el Gobierno del Estado de México.



La homofobia internalizada de mi novio Enrique Peña Nieto era letal; él era el jefe de personal de la Secretaria de Desarrollo Económico del Estado de México. Después se desempeñó como subsecretario de gobierno del Estado de México (1999-2000). Nos conocimos durante mis gestiones de apoyo como director escolar a favor de la escuela primaria Sor Juana Inés de la Cruz, (una escuela que era de cartón), ubicada en la colonia Luis Donaldo Colosio en el Municipio de Ecatepec, lo que motivó que lo viera en varias ocasiones siempre sobre este asunto, por lo que se dio un acercamiento más íntimo: Enrique Peña Nieto me tomó de la cintura, me sujetó de la cara y me plantó un beso, iniciando una relación dentro del closet.



Cuando me besaba sentía el latir de su corazón, Enrique siempre me decía: “Soy el último de tus amigos y el primero y último de tus hombres.” Nos amábamos a escondidas, teníamos sexo encima del escritorio, abajo del escritorio, en su silla, en la alfombra y en algunos hoteles del paseo Tollocan. El ejerció distintas tareas como burócrata en el Estado de México como Presidente del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México, presidente del Consejo Interno del Instituto de salud del Estado de México, además de vicepresidente para el Estado de la Junta del Gobierno para el sistema de de Desarrollo Integral de la Familia, entre otros puestos. Teníamos encuentros sexuales furtivos que disfrutábamos plenamente pero siempre dentro del closet. Él me buscaba insistentemente. En muchas ocasiones me dijo que tendría que casarme y tener hijos porque de otra manera no podría esperar tener una carrera y vida productiva en la política dentro de nuestro partido, el PRI.



Enrique siguió ocupando cargos públicos como diputado por el distrito XIII de la LV legislatura, su promiscuidad era más obvia y se relacionaba con más hombres y mujeres.



Para entonces, yo solicité mi cambio a educación especial, al centro de atención Múltiple (CAM) 33 y 34 Roberto Solís Quiroga y José de Jesús González. Como diputado le solicité apoyo a Enrique para que se promoviera una ley en la que se buscaba que los niños y jóvenes con discapacidad recibieran atención a nivel de secundaria y preparatoria. Él se negó a apoyar la iniciativa argumentando que el gobierno de Montiel no tenía presupuesto para sostener esa iniciativa, pero debido a mi insistencia logré que la diputada Maribel Alba Olvera, del PRD, tomara la iniciativa y la subió a votación a la tribuna. La ley se ganó por unanimidad. Enrique Peña Nieto me acusó de traicionarlo. Mientras los demás diputados me reconocían como innovador, Enrique me acusaba de “prostituta política”.



Esto ocasionó una fuerte pelea. Enrique Peña Nieto intentó una reconciliación que tuvimos en la oficina de la bancada priista, en la cámara de diputados, donde él era el presidente. Enrique Peña Nieto me bajó el cierre de mi pantalón y me hizo sexo oral, y yo perdoné de inmediato su ofensa. Lo que hice fue ayudar a las personas con discapacidad y no me interesaba lo que él pensaba. Cuando mi novio Peña Nieto fue el forma candidato a la gubernatura del Estado de México por dedazo de Montiel, en ese contexto visitó San Isidro Atlautenco, localidad que se encuentra cercana a la colonia Ciudad Cuauhtémoc. Eruviel me pidió que apoyara al partido con votos y, ellos –a cambio– apoyarían a las personas con discapacidad.



Así a mediados del 2005, llegó el momento esperado: Enrique se retiraba del lugar y Eruviel Avila Villegas me acercó entre la multitud a Enrique, recuerdo que le acaban de operar la nariz a Eruviel.



Eruviel me cubrió entre la multitud y al mismo tiempo que me protegía, el pene de Eruviel erecto tocaba mi espalda, y Eruviel me apretaba fuertemente. Cuando llegamos con Enrique, Eruviel recibió un codazo en su nariz operada, de las mujeres a las que el PRI les paga para que digan que Enrique es guapo. Eruviel con una conducta mañosa le dijo a Enrique:”Cndidato, es el maestro Agustín, mi ahijado, él trabaja de forma excelente con los grupso vulnerables y tiene el apoyo de mucha gente, aquí en Ecatepec. Era del PRD, pero yo ya lo pasé al PRI”.



Enrique le contestó: “Sí, ya lo conozco. Me da gusto verte, estoy seguro que ahora sí vamos a trabajar en apoyo a los discapacitados”. Enrique subió a su camioneta y yo solo sentí el calor del semen de Eruviel en mi espalda.



Firmó entonces ocho compromisos ante una notaria pública de la tercera edad y, por supuesto priista, el 29 de mayo del 2005. Fueron ocho puntos que nunca cumplió.



Enrique pensó que como yo era su novio no le exigiría el cumplimento de los acuerdos pero se equivocó, porque lo hice. Cuando me caractericé el 17 de mayo del 2007 del personaje de Albán, en la feria de la Lucha contra la homofobia, en el marco del Día internacional contra la homofobia, utilicé un vestido rojo, pero la intención era sólo denunciar la discriminación de la que son víctimas las personas LGBTTTI, ya que en más de una ocasión –por ser homosexuales–, Eruviel y yo hemos recibido la burla de algunas personas, pero las mujeres transgénero son brutalmente asesinadas en Ecatepec. El mismo Eruviel cuando se candidateó por segunda ocasión para presidente municipal me prometió realizar acciones afirmativas para combatir este conflicto desde su nuevo gobierno, pero solo era política: Enrique y Eruviel tienen la maña de decirle a las personas lo que las personas quieren escuchar de ellos, sin cumplir sus promesas y las personas hasta les aplauden.



Vino entonces una entrevista solicitada por Gerardo Dorantes Mora, director del gobierno del Estado de México en el municipio de Ecatepec quien me preguntó: “Maestro Agustín, ¿por qué un vestido rojo?, ¿qué trato de hacer? ¿A quién quería denunciar? Está consciente de las repercusiones negativas que este hecho trajo, ¿usted ya sabe a quién?... Las instrucciones que tengo para ti, es que digas que sólo era una broma, que tú no eres homosexual.”



Hoy en el exilio entiendo de lo que me hablaba. Recuerdo que cuando me entrevisté con mi novio y verdugo en la Universidad de Netzahualcóyotl, Enrique Peña Nieto me dijo: “Si se te ocurre decir que cogíamos, no vivirás para contarlo, porque todavía te quiero. Busca al secretario de educación, te va a apoyar con una licencia con uso de sueldo. Cuando se termine la licencia, no regresarás a los CAM, lo que harás es renunciar al sistema educativo. Te voy a dar una liquidación como trabajador al 100%. Cometiste un grave error en transvestirte. Ya no puedo volver a verte ni a estar contigo. Si no haces lo que te digo te voy a romper la madre”.



Siempre me negué a aceptar su propuesta, por lo que al mes me llegó la acusación de la contraloría en la que se me acusaba de haberme presentado vestido de mujer a la escuela de educación especial el 17 de mayo del 2007, y como prueba en mi contra se utilizó la foto que se publicó en el periódico local. Nunca me presenté vestido de mujer a la escuela. Enrique ha sido letal conmigo, lo denuncié el pasado 10 de Julio del 2009 de ser autor intelectual de la violación sexual en el Ministerio Público de Ecatepec. Enseguida me llegó otra detención fabricada por funcionarios del gobierno del Estado de México y se me ingresó por segunda vez a un penal.“Con que denunciado a tu camote el gobernador!!! Al gobernador y a Eruviel se les respeta, putito de mierda”.



“No puedo respirar… la bolsa de plástico me corta la respiración”. Sostengo lo que aquí denuncio porque es la verdad. Porque me consta, porque lo viví, por un México sin homofobia ni tortura.


Agustín Humberto Estrada Negrete

Por Radio Zapatista


El sábado, Cristóbal Sánchez, estudiante, defensor de derechos humanos y coordinador de la caravana “Paso a paso hacia la Paz” salió libre después de pagar 31.000 pesos de fianza, después de ser detenido ilegalmente en Tapachula el pasado jueves. El domingo en la mañana, se declaró en huelga de hambre para exigir la destitución y castigo de los policías estatales y de migración que le agredieron y golpearon tras su detención.

El sábado por la tarde alcanzó su libertad bajo caución y dio a conocer en conferencia de prensa que no levantará la protesta hasta que las autoridades de Chiapas no castiguen a sus agresores. Desde las diez de la mañana, Cristóbal se instaló frente a las oficinas de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en Contra de Inmigrantes del gobierno de Chiapas, en donde dijo que “en Chiapas se habla de apoyar a los migrantes y se utiliza a la fiscalía de inmigrantes para detenerlos, encarcelarlos y deportarlos. Creemos que el espíritu de esa fiscalía no era para apoyar cacerías de migrantes. Ahora se encuentra bajo el mando del Instituto Nacional de Migración”.

Cristóbal también aprovechó para pedir a los relatores de la ONU y OEA que en breve recorrerán, cada uno por su cuenta, algunos estados de la república mexicana que no se dejen engañar por las autoridades estatales de Chiapas y que investiguen por su cuenta, la verdadera realidad de lxs migrantes.

“Es urgente y necesario que investiguen las irregularidades que se cometen en la estación migratoria, Siglo XXI de Tapachula. Es una cárcel, no un centro de aseguramiento. De igual forma demandó a los representes de esos organismos de derechos humanos, que visiten Frontera Comalapa, Suchiate y Huixtla considerados como los principales centros de explotación sexual y laboral de menores de edad.”

Esto contrasta con la imagen que continúa tratando de dar el gobierno de Juan Sabines allí donde tenga la oportunidad. Mientras estas instancias golpeaban y despojaban de su equipo de trabajo a Cristóbal Sánchez, Sabines participaba en un foro sobre migración donde pusieron al estado como punta de lanza en el tema migratorio y dijeron que “sus avances en políticas públicas al respecto como la creación de una Fiscalía Especial de Atención al Migrante, y la existencia de la Secretaría de la Frontera Sur son una muestra patente de este compromiso del gobierno del estado de Chiapas con la protección de los migrantes”.

AUDIO




Cristóbal Sánchez Sánchez exige la destitución y castigo de los policías estatales y de migración que lo agredieron cuando filmaba un operativo contra sexoservidoras indocumentadas.


Tapachula, Chiapas. 17 de julio de 2011.- El activista de los derechos humanos, Cristóbal Sánchez Sánchez, quien fue detenido, golpeado y despojado de su equipo de trabajo por personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Fiscalía de Migrantes de Chiapas, se declaró esta mañana en huelga de hambre para exigir la destitución y castigo de los policías estatales y de migración que lo agredieron cuando filmaba un operativo en contra de sexoservidoras indocumentadas.

Sánchez Sánchez, quien el sábado por la tarde alcanzó su libertad bajo caución, dio a conocer en conferencia de prensa que no levantará la protesta hasta que las autoridades de Chiapas castiguen a sus agresores.

“Me duelen los golpes, pero más la dignidad. No entiendo. La brutalidad, cómo fui tratado por personal de la fiscalía del migrante, una corporación que se supone vela por los derechos de los inmigrantes indocumentados”, denunció.

Acusó que el responsable directo de los golpes, de las acciones de tortura, es el secretario particular del Fiscal de Migrantes, Jorge Luttmman. "Él dio la orden”, afirmó.

Desde las diez de la mañana, Sánchez Sánchez se instaló frente a las oficinas de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en Contra de Inmigrantes del gobierno de Chiapas, donde declaró: “Las acciones que realiza el INM no son operativos, son cacería de sexoservidoras. Se les persigue, acosa y viola sus derechos humanos”

“En Chiapas se habla de apoyar a los migrantes y se utiliza a la fiscalía de inmigrantes para detenerlos, encarcelarlos y deportarlos. Creemos que el espíritu de esa fiscalía no era para apoyar cacerías de migrantes. Ahora se encuentra bajo el mando del Instituto Nacional de Migración”, agregó el activista, quien estaba visiblemente molesto.

El también integrante de la caravana “Paso a Paso Hacia la Paz” pidió a los relatores de la ONU y la OEA que en breve recorrerán, cada uno por su cuenta, algunos estados de la República Mexicana, que no se dejen engañar por las autoridades estatales de Chiapas y que investiguen por su cuenta, la verdadera realidad de los migrantes.

“Es urgente y necesario que investiguen las irregularidades que se cometen en la estación migratoria Siglo XXI de Tapachula. Es una cárcel, no un centro de aseguramiento.

“De igual forma demando a los representantes de esos organismos de derechos humanos que visiten Frontera Comalapa, Suchiate y Huixtla, considerados como los principales centros de explotación sexual y laboral de menores de edad”, dijo.

Con el fin de garantizar la seguridad de Sánchez Sánchez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Consejo Estatal de los Derechos Humanos documentaron que la manifestación del activista de los derechos humanos es pacífica y no atenta contra la paz ni altera el orden.

#Tapachula La CIDH arribará a Tapachula y Ciudad Hidalgo

Tapachula Chiapas.- Después de nueve años de haber visitado México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la relatoría sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias, visitará nuestro país del 25 de julio al 2 de agosto de 2011.

En un comunicado enviado por la CIDH, fechado el día 13 de julio en Washington, Estados Unidos de Norteamérica, informan que visitarán el Estado de Chiapas, en especial Tapachula y Ciudad Hidalgo, aunque no especifican el día en que arribarán.

La Relatoría sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias, dependiente de la CIDH, observará "la situación de los Derechos Humanos de las personas migrantes en México".

La Relatoría de la CIDH arribará a Ciudad de México, Distrito Federal; Oaxaca e Ixtepec, en el Estado de Oaxaca; Echegaray, Tapachula y Ciudad Hidalgo, aquí en Chiapas; Veracruz y Tierra Blanca; Reynosa y San Fernando, municipios del estado de Tamaulipas.

La delegación estará integrada por el relator para Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias, comisionado Felipe González; el secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, y el abogado especialista de dicha relatoría, Álvaro Botero.

Los visitantes se entrevistarán con autoridades gubernamentales de los diferentes órdenes (federal, estatal y local); con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), así como con representantes de la sociedad civil.

En el comunicado, agradecen la cooperación brindada por el Gobierno de México, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones internacionales y otras instituciones de la sociedad civil en la planificación y preparación de esa visita.

Cabe mencionar que la CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.

Los Estados miembros de la OEA han asumido el compromiso de otorgar a la CIDH todas las facilidades necesarias para llevar a cabo sus misiones de observación con plena libertad, con el fin de dar cumplimiento a su mandato.

Para mayor información acerca de las actividades de la visita, así como para participar en las reuniones con las organizaciones de la sociedad civil, los interesados deberán escribir al correo electrónico: abotero@oas.org, dirigido a Álvaro Botero

La desaparición forzada y posterior muerte de Jethro Ramsés Sánchez Santana, presuntamente por parte de soldados del 21 batallón de la 24 Zona Militar, debe de ser investigada por la justicia federal civil y organismos internacionales de derechos humanos, demandó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Morelos.

José Martínez Cruz, vocero de la CIDH, dijo que las autoridades militares no están integrando adecuadamente las investigaciones y, por tanto, el caso debe ser investigado por la justicia federal civil, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y organismos internacionales de derechos humanos.

De comprobarse que los militares torturaron, asesinaron y enterraron el cuerpo de Jethro por órdenes de sus superiores, se comprobaría la existencia de un “grupo especial”, “paramilitar”, que opera en la entidad para supuestamente limpiar Morelos de integrantes del crimen organizado, sean reales o supuestos.

“El caso de Jethro está demostrando que participaron policías municipales y federales, además de militares y, eventualmente, grupos paramilitares, es decir, creados ex profeso para limpieza social”, expresó.

La investigación autónoma es necesaria en este caso, porque de comprobarse que los uniformados desaparecieron al joven, “expondría la falsedad de la guerra contra el narcotráfico que declaró (el gobierno de Felipe) Calderón, y esto es lo que están tratando de evitar tanto la Procuraduría General de Justicia del estado, la Procuraduría General de la República y la Procuraduría de Justicia Militar”.

La CoIDH cita al Estado mexicano a una audiencia por desaparición forzada


Cinco meses han pasado desde que José Ángel Alvarado Favela recibió una llamada telefónica que lo obligó, a él y a su familia, a abandonar Ciudad Juárez, Chihuahua.

“Nosotros tenemos a tu hijo y está vivo, te vamos a matar como a un perro a ti y a tus hijos. Tienen 12 horas para dejar la casa y la ciudad, si no, los matamos a todos porque están hablando demasiado”, le dijeron el 29 de enero de 2011, casi un año después de que su hijo José Ángel, de 30 años, y sus sobrinas Rocío Irene, de 28, y Nitza Paola, de 31, fueran secuestrados por un convoy militar en el municipio de San Buenaventura, cerca de Ciudad Juárez.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha llamado ahora al Estado mexicano para que el 
28 de junio explique en una audiencia pública qué ha hecho para dar con su paradero, presentarlos con vida y cómo ha protegido al resto de la familia.
“El Estado mexicano debe asumir su responsabilidad, no ha realizado acciones concretas que vayan encaminadas a resolver el problema de fondo, que es la aparición con vida de estas tres personas que fueron secuestradas por el Ejército mexicano en Ciudad Juárez”, dijo a CNNMéxico Luz Esthela Castro Rodríguez, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua, en el norte de México, una de las organizaciones que han seguido el caso de cerca, por lo que también ha recibido amenazas.
La decisión de la Corte Organizaciones civiles de Chihuahua presentaron el caso de esta familia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en marzo de 2010. Esa instancia lo turnó directamente ante la CoIDH por considerar que había documentación suficiente para solicitar de inmediato medidas cautelares para 24 integrantes de los Alvarado.

La institución, con sede en Costa Rica, determinó además que se debía proteger a siete defensores de derechos humanos relacionados con este caso: Emilia González, Patricia Galarza Gándara, Brenda Andazola, Luz Esthela Castro Rodríguez, Oscar Enríquez, Javier Ávila Aguirre y Francisca Galván. Todos se han involucrado en la investigación a través del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres.
Chihuahua ocupa el primer puesto nacional de denuncias sobre ataques cometidos contra defensores de derechos humanos, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“Ha habido una hostil y feroz investida tanto por militares como por la policía federal. Hasta ahora hay 32 familiares escondidos por las amenazas de muerte. También se ha hostigado a Emilia González pese al dictado de medidas provisionales. Simplemente no ha cesado el hostigamiento”, explicó Luz Esthela Castro.
Ese hostigamiento contra los defensores de derechos humanos, sumado a un informe del Estado mexicano de marzo pasado, en el que justifica que ni los activistas ni José Ángel Alvarado Favela contribuyen a la investigación, derivó en que la CoIDH llamara a la audiencia pública del 28 de junio próximo.
"Ocultamientos dolosos"
El delito de desaparición forzada, como el de la familia Alvarado, fue tipificado en México a nivel federal en junio de 2001. La legislación mexicana lo define como el delito en el que un funcionario, “independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención”.
El 13% de las quejas presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) durante 2010 contra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se referían a la desaparición forzada de alguna persona.
En noviembre de 2009, la CoIDH emitió sentencia contra el Estado mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco en 1974, en el municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero. Se trata del único caso en el que instancias internacionales han responsabilizado al gobierno.
Organizaciones civiles como la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada denuncian que el Estado no ha cumplido la sentencia a cabalidad, sobre todo en lo referente a investigar y sancionar a los responsables, y reparar el daño a las víctimas.


"Genaro García Luna sigue empeñado en matarme": Anabel Hernández



http://www.youtube.com/watch?v=HFDJ_PB3dvk

Condena CIDH asesinato de defensor de derechos humanos


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó hoy el asesinato del defensor de derechos humanos Javier Torres Cruz en Guerrero.

La CIDH pidió la adopción inmediata y urgente de todas las medidas necesarias a fin de garantizar la integridad física y seguridad de los familiares del defensor.

A través de un comunicado difundido este lunes en Washington, la Comisión también solicitó que esas medidas se hagan extensivas para todas las defensoras y defensores de derechos humanos en México.


La CIDH llamó a investigar el crimen, “esclarecerlo judicialmente y sancionar a los responsables materiales e intelectuales”, puntualizó.

Torres Cruz fue asesinado el pasado 18 de abril por hombres armados cerca de su comunidad, La Morena, en el municipio de Petatlán, Guerrero.

Según el comunicado, su muerte habría sido consecuencia de sus actividades de defensa del derecho a un medio ambiente sano en la sierra de Petatlán como integrante de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra del mismo nombre.

La CIDH ya había recibido información sobre presuntas amenazas, actos de hostigamiento y atentados que tanto Torres Cruz como varios miembros de su familia venían padeciendo desde 2007.


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COMUNICADO DE PRENSA



No. 35/11



CIDH CONDENA ASESINATO DE DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO



Washington, D.C., 25 de abril de 2011 - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato en México del defensor de derechos humanos Javier Torres Cruz, integrante e la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán. La CIDH insta al Estado mexicano a investigar este crimen, esclarecerlo judicialmente y sancionar a los responsables materiales e intelectuales.



Según la información recibida por la CIDH, el 18 de abril de 2011 Javier Torres Cruz fue asesinado por hombres armados cerca de su comunidad, La Morena, en el municipio de Petatlán, estado de Guerrero, México, presuntamente en relación con sus actividades de defensa del derecho al medio ambiente sano en la sierra de Petatlán. La información recibida también indica que su hermano Felipe Torres, quien lo acompañaba al momento de los hechos, resultó gravemente herido.



La Comisión Interamericana ha recibido información sobre presuntas amenazas, actos de hostigamiento y atentados sufridos por Javier Torres Cruz y varios de sus familiares desde 2007. La información recibida indica que el 3 de diciembre de 2008, Torres Cruz habría sido detenido ilegalmente por soldados del Ejército mexicano, y que éstos presuntamente lo entregaron a otras personas que lo habrían sometido a torturas durante varios días. Esta situación fue denunciada por Javier Torres Cruz ante la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero y ante el Ministerio Público.



La CIDH recuerda que es obligación del Estado investigar de oficio hechos de esta naturaleza y sancionar a los responsables. Asimismo, la Comisión insta al Estado de México a adoptar en forma inmediata y urgente todas las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de los familiares de Javier Torres Cruz, y para la debida protección de las defensoras y defensores de derechos humanos en el país.



Como ha señalado la Comisión anteriormente, los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos no solo afectan las garantías propias de todo ser humano sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad y sume en la indefensión a todas aquellas personas para quienes trabajan. La Comisión recuerda asimismo que la labor de defensores y defensoras es esencial para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera, y tienen un papel protagónico en el proceso para el logro pleno del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia.



La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.






25/04/2011

• Javier Torres Cruz era un líder comunitario que había enfrentado al narco-cacique de la zona Rogaciano Alva Álvarez y a sus grupos de sicarios y era uno de los testigos clave en la investigación del asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido.

• En diciembre del 2008 fue retenido, secuestrado, torturado y desaparecido durante 10 días por miembros del Ejército Mexicano integrantes del 19 Batallón de Infantería, y desde esa fecha se encontraba bajo amenazas e intimidación constante por parte de efectivos militare
s.



El día de ayer lunes 18 de abril del 2011 a las 5:30 de la tarde, fue asesinado por un grupo de sujetos armados el campesino ecologistaJavier Torres Cruz, de 30 años de edad, Torres Cruz fue asesinado cuando transitaba por un lugar conocido como “Puerto de la Mosca”, paraje cercano a la comunidad de La Morena donde habitaba Javier con su familia.

Según la información proporcionada por familiares de Javier y por algunos testigos de los hechos, un grupo de sujetos armados atacó arteramente a Javier quien se trasladaba en compañía de su hermano Felipe Torres quien resultó herido en este ataque; cuando transitaban por el mencionado paraje, “Puerto de la Mosca” es ubicado y ha sido señalado como el lugar de operación de un grupo de sicarios al servicio de Rogaciano Alva Álvarez que son conocidos como “Los Arreola” por pertenecer a la familia de ese nombre.

Este ataque en contra de Javier Torres se circunscribe dentro de una serie de otras agresiones, amenazas y actos de intimidación en su contra desde el año 2007 cuando decidió declarar ante laProcuraduría General de Justicia del Distrito Federal para señalar a los responsables del asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido asesinada en el año 2001, a raíz de esa declaración y de su férrea denuncia pública en contra de las atrocidades y violaciones cometidas por el narco-cacique Rogaciano Alva Álvarez, y de su labor como ecologista en la región, tanto fuerzas militares como civiles armados dirigieron una serie de ataques que concluyeron el día de ayer con su muerte.

Es importante destacar el periodo de 10 días que permaneció desaparecido Javier Torres Cruz del 1 al 10 de diciembre del 2008, durante el cual fue torturado y amenazado de muerte por militares pertenecientes al 19 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano quienes según le externaron a Torres “actuaban para la gente de Rogaciano”, desaparición y tortura que nunca fue investigada por las autoridades competentes.

Otros hechos que se relacionan con las amenazas en contra de Javier se ubican durante el año 2009 cuando por lo menos en 6 ocasiones distintas, elementos del Ejército ingresaron a la comunidad de La Morena agrediendo a familiares de Javier y amenazándolo de muerte, todas estas violaciones así como las incursiones fueron denunciadas puntualmente, sin que hasta la fecha la autoridad competente haya resuelto algún caso.

La agresión más reciente y quizá la más grave antes del asesinato de Javier, se ubica el 16 de febrero de 2010 cuando de nueva cuenta elementos del Ejército Mexicano irrumpieron en las cercanías de la comunidad de La Morena abriendo fuego en contra de hombres y mujeres que trabajaban en el campo en ese momento, resultando asesinado Adolfo Torres Rosas y herido Isaías Torres Rosas(ambos primos de Javier), deteniendo arbitraria e injustamente aAnselmo Torres Quiroz (abuelo de Javier) y Húber Vega Correa(amigo de la familia), estos últimos dos permanecen hasta el día de hoy injustamente presos en el penal de Acapulco por presuntos delitos contra la salud, que les fueron fabricados por los militares en su incursión.

Estos hechos se denunciaron y actualmente está abierta una investigación en el Ministerio Público Militar bajo la Av Prev 27ZM/16/2010 para deslindar responsabilidades y sancionar a los militares que dispararon por la espalda contra un grupo de hombres y mujeres campesinos desarmados.

En todos estos hechos existen dos constantes, el uso de la fuerza y de la violencia por civiles armados y militares en contra de Javier Torres Cruz y su familia, y la ominosa complicidad de las autoridades estatales y federales para investigar y sancionar a los responsables.

El asesinato del campesino ecologista Javier Torres Cruz, no puede quedar en la impunidad por todo lo que representa, por haber tenido la fuerza, el coraje y el respaldo comunitario para denunciar los abusos y atrocidades del narco-cacique Rogaciano Alva Álvarez y por haber enfrentado y denunciado los abusos militares que se comenten en la sierra de Petatlán desde hace muchos años.

El gobierno del estado de Guerrero tiene que actuar inmediatamente para recabar las pruebas y los testimonios necesarios para detener, desarmar y desmovilizar al grupo conocido como “Los Arreola” quienes actúan bajo las órdenes del grupo criminal del cacique preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

Este asesinato lo haremos del conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Oficina del Alto Comisionado para los derechos Humanos de la ONU en México y de todas aquellas organizaciones civiles defensoras de derechos humanos que seguirán exigiendo castigo a los responsables, alto a la impunidad y alto a los abusos militares en Guerrero y en todo México.

ANAD / CCTI

FIN DEL REENVÍO

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"Por que ser defensor de los derechos humanos no es sinónimo de terrorista"
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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
3 de marzo de 2011

Boletín No. 07

  • Presentación del Informe:  “Gobierno crea y administra conflictos para el control territorial en Chiapas”.




  • El día de hoy este Centro de Derechos Humanos (Frayba) presenta el informe denominado “Gobierno crea y administra conflictos para el control territorial en Chiapas”.  En este informe realizamos un análisis documental sobre la situación imperante en la región, los intereses que están enmarcados en el Conflicto Armado Interno, ahora en la fase de disputa del Territorio, ya que  Chiapas es  una beta de gran riqueza para la inversión privada, impulsada con los proyectos ecoturísticos.
    Los proyectos de inversión programados intentan despojar del territorio a los Pueblos a través de distintas estrategias como desalojos forzados, la cooptación para la firma de “convenios de desarrollo”, la ocupación policial y militar de la zona, la criminalización de defensoras y defensores.
    En ese marco, los hechos ocurridos el pasado 2 de febrero del 2011 en la zona de Agua Azul, ejido San Sebastian Bachajón (SSB), Municipio de Chilón, donde perdió la vida el Sr. Marcos García Moreno y resultó herido el Sr. Tomás Pérez Deara, además de haber sido detenidas 117 personas, de las cuales permanecen aún 10 presos políticos, representan la implementación de una estrategia calculada por el Gobierno del Estado de Chiapas, que generó una confrontación entre actores de la zona, para luego colocarse como mediador y administrar el conflicto. En la implementación de este plan, el Frayba cuenta con diversos testimonios que señalan al Secretario General de Gobierno del Estado de Chiapas, Noé Castañón León, como uno de los autores intelectuales.
    Cabe señalar que el gobierno estatal rompió con un proceso de diálogo y arreglo comunitario que los actores sostenían desde el 2010, para que fueran los mismos habitantes de la zona quienes administraran y preservaran los recursos naturales heredados de sus ancestros.
    La situación que prevalece en la zona de Agua Azul, es producto de una guerra integral de desgaste, que genera las condiciones para enfrentar a las organizaciones de esta región, por tal razón lo que se disputa en este conflicto, no es el control de una caseta de cobro para entrar a las Cascadas de Agua Azul, sino la defensa a la tierra y al territorio de los pueblos indígenas de la región, que construyen su propio proyecto de autonomía.
    Por la información recabada, los datos documentales como testimonios, denuncias de ejidatarios/as de La Otra Campaña de SSB y monitoreo hecho en años anteriores, este Centro de Derechos Humanos puede afirmar que en los hechos ocurridos,  el gobierno mexicano no sólo no intervino para prevenir el conflicto, sino que planeó los actos mediante una estrategia para el control territorial de la zona en el marco de un Conflicto Armado Interno no resuelto.

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