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ONG exigen respeto a la Libertad de Expresión en #Chiapas


Chiapas, México, junio 27, 2011

Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
Presidente de la República
Lic. Francisco Blake Mora
Secretario de Gobernación
Lic. Juan José Sabines Guerrero
Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas
Dr. Raúl Plascencia Villanueva
Presidente de la CNDH
Navanethem Pillay
Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU
Sr. Ambeyi Ligabo
Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la promoción y protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión de la ONU
Margaret Sekaggya
Relatora Especial de la ONU sobre Defensores
de los Derechos Humano
s

Santiago A. Cantón
Secretario Ejecutivo de la CIDH
Souhayr Belhassen
Presidente de la FIDH
Ana Hurt
Programa Regional para América, Secretariado Internacional de Amnistía Internacional

A CENTROS Y REDES DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS, NACIONALES E INTERNACIONALES
A LA OPINIÓN PÚBLICA ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL
A MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES

EXIGIMOS DERECHO IRRESTRICTO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y AL DERECHO A LA INFORMACIÓN EN EL ESTADO DE CHIAPAS, MÉXICO



Los abajo firmantes, ONGs, Organizaciones Sociales y ciudadanas-os de Chiapas y de México queremos expresar y hacer pública, nuestra preocupada indignación por los hechos de hostigamiento, cada vez más frecuentes, ejercidos en contra de los periodistas Ángeles Mariscal (excorresponsal de la Jornada y actua corresponsal de la cadena CNN) y, sobre todo, en contra de Isaín Mandujano (corresponsal de la revista Proceso).

Chiapas es una entidad donde la violación al Derecho a la Información se da diariamente de forma por demás sutil, a través de un control absoluto de la inmensa mayoría de los medios de comunicación, en particular, de la prensa impresa. Salvo honrosas excepciones, los periódicos y revistas estatales se encuentran plagados de propaganda, boletines y comunicados oficiales de prensa, disfrazados de “noticias”, a través de las cuales realizan una verdadera labor de desinformación y manipulación, pintándole a la opinión pública una situación social que se encuentra totalmente lejos de la realidad.

Inclusive periódicos críticos de distribución nacional, como La Jornada, han caído en el juego de publicar frecuentemente boletines oficiales del gobierno de Chiapas, como si fueran “noticias” y “reportajes” escritos -según- “por la Redacción”.

Subsidios, pago generoso de publicidad oficial y “regalos”, parecen ser los eficaces mecanismos para ejercer tal control.

De acuerdo a testimonios de periodistas honestos y críticos, en Chiapas les pagan por no publicar. Las notas y reportajes críticos en los que estos periodistas denuncian la situación real prevaleciente en la entidad, son recibidos y pagados por sus medios, pero –la inmensa mayoría de las veces- no son publicados.

En ese contexto, varios de estos periodistas críticos y objetivos, han encontrado en las llamadas Redes Sociales, un medio libre para difundir denuncias e información acerca de la realidad chiapaneca. Y sobre de ellos-as se han desatado intentos de represión directa, como fue el caso de Héctor Bautista, activista del software libre, a quien burdamente se le sembraron “pruebas”, por las que pasó 40 días preso, acusado de liderear una “banda dedicada a la pornografía infantil”, siendo finalmente absuelto y liberado gracias a la denuncia y presión social.


Hoy día un caso semejante de represión y de atentado contra la Libertad de Expresión y en contra del Derecho a la Información, se presenta contra el periodista Isain Mandujano Camacho, quien recientemente ha sido señalado en un boletín de la Procuraduría estatal, como co-autor intelectual en una investigación abierta “por los delitos de Homicidio en Grado de Tentativa, Lesiones y Amenazas, derivado de la agresión que sufriera durante las primeras horas del pasado domingo (19 de junio) el periodista Jacobo Elnecavé Luttmann”.


Ante estos hechos,

EXIGIMOS

1º. Respeto irrestricto por parte del gobierno de Chiapas, a la Libertad de Expresión y del Derecho a la Información, consagrados tanto en los artículos 6º y 7º de nuestra Constitución Política; en los Arts. 18º y 19º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; como en los Arts. 18º y 19º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y en el Art. 13º de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José).

2º. Cese inmediato de toda acción de hostigamiento, amenazas y presión, ejercida contra periodistas y comunicadores que difundan –por medios de comunicación masiva y/ó redes sociales de Internet- denuncias e información crítica sobre la realidad social del estado de Chiapas.

y

3º. Se realice una investigación judicial honesta, objetiva, transparente y pública, relativa al caso del Sr. Jacobo Elnecavé Luttmann, sin pretender efectuar una siembra de pruebas en contra del periodista Isaín Mandujano Camacho.


A T EN T A M E N T E



Organizaciones

Agencia Informativa IK Balam (México, DF)

Colectivo 99.1 Frecuencia Libre de San Cristóbal (Chiapas)

Colectivo de Organizaciones en defensa del Patrimonio Natural y Cultural de San Cristóbal (Chiapas)

Colectivo Feminista Mercedes Olivera, AC (COFEMO) (Chiapas)

Colectivo La Puerta Negra (Chiapas)

Comité Nacional para la defensa y Conservación de los Chimalapas (México, DF)

Cooperativa Jolom Mayaetik (Chiapas)

Equipo de Apoyo en Salud y Educación Comunitaria, AC (EAPSEC) (Chiapas)

Fraternidad para el Desarrollo Social A. C (México, DF)

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS).

Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, A. C (COLEM) (Chiapas)

Kinal antsetik, A.C. (Chiapas)

Maderas del Pueblo del Sureste, AC (Chiapas)

Melel Xojobal AC (Chiapas)

MOCRI CNPA (Chiapas)

OCEZ Región Carranza (Chiapas)

Proyecto Carta Mesoamericana (México, DF)

Red de Defensores Comunitarios (Chiapas)

Ciudadanas-os

Alejandro Mosqueda (Chiapas)

Araceli Burguete Cal y Mayor (Profesora-investigadora CIESAS-Sureste)

Gabriel García Salyano (Chiapas)

Guillermo Antonio Pérez García (México DF)

Héctor Javier Sánchez (Investigador de Ecosur) (Chiapas)

Itzel Silva Monroy (Guerrero)

Karla Michell Solórzano Rodriguez (Pasante de Derecho – UIA México DF)

Luis Alberto García Aguirre (México DF)

Maritza Kramsky (Chiapas)

Martha Gpe. Figueroa Mier (Chiapas)

Mercedes Osuna (Chiapas)

Miguel Angel García Aguirre (Chiapas)

Natasha von Berner (Pasante de Diseño – UIA México DF)

Obed Hernández de León (Chiapas)

Pedro García Mireles (Chiapas)

Silvia Vázquez Díaz (Chiapas)




Ccp.- Dr. Noé Castañón León, Secretario General de Gobierno

Ccp.- Dr. Juan Gabriel Coutiño Gómez, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Ccp.- Lic. Raciel López Salazar, Procurador General de Justicia del estado de Chiapas

Ccp.- Senadora Rosario Ibarra - Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República

Ccp.- Consejo Estatal de Derechos Humanos



Fuente: Observatorio Ciudadano
¿Qué está pasando en Chiapas en torno a los periodistas Ángeles Mariscal e Isaín Mandujano?
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Junio del 2011

Al público en general

Desde hace más de 15 años Ángeles Mariscal quien durante 16 años fue corresponsal de La Jornada en Chiapas y yo con 13 años en la corresponsalía de la Agencia y Revista Proceso, hemos hecho un periodismo crítico, un periodismo al servicio de los grupos más vulnerables, dando voz a campesinos, indígenas, mujeres agraviadas, obreros, activistas de organismos defensores de derechos humanos, organizaciones sociales y todo aquellos grupos que rara vez tienen voz en los medios controlados por el gobierno en turno de Chiapas.
Por esa línea editorial, a lo largo de estos más de 15 años en el periodismo chiapaneco siempre hemos recibido de las instituciones gubernamentales y sus funcionarios la exclusión y marginación en cuanto al acceso a la información, portazos en las narices cuando pretendemos solicitar una entrevista, intentos de sobornos, amenazas, linchamientos mediáticos, pero nunca la situación estuvo tan grave en torno a nuestra persona y labor como lo ha estado en los cuatro años y medio de la administración actual del gobernador Juan Sabines Guerrero.

Los gobiernos que han pasado estos años que tenemos de ejercicio en el periodismo chiapaneco nos han estigmatizado como voceros de sus enemigos políticos en turno como una forma fácil de pretender descalificar nuestra labor.

En una primera etapa de agravios se nos niega información pública, se nos niega la versión oficial cuando ocurren incidentes en la cual debamos constatar todas las visiones de un hecho, nos cierran las puertas en reuniones o eventos que deberían ser públicos, se nos niegan entrevistas, nos excluyen de conferencias en las que sólo aceptan a medios sujetos a la línea impuesta por el gobierno de Chiapas, todo esto que contradice la Ley de Derechos para el Ejercicio Periodístico que el propio Sabines Guerrero creó en agosto del 2007 y sus propios subordinados desacatan.

A la par de esa dinámica, desde el 2007 se ha echado mano de personeros del gobierno de Chiapas, para arremeter contra nosotros y se nos ha emprendido una campaña mediática, tanto en la radio pública gubernamental como en medios impresos y medios digitales, como webs, blog y redes sociales.
Han habido momentos que se han incrementado estos ataques y aunque han bajado de nivel, nunca ha desaparecido. Siempre permanente, siempre en la mira, siempre monitoreados por los servidores públicos intolerantes a la crítica para luego arremeter en la menor oportunidad.

Sin lograr su objetivo, bajo engaños pretendieron “videoemboscarme” a mediados del 2007 en situaciones que podrían comprometerme con mi empresa y mi pareja.

Mis apariciones en la revista Proceso, pero sobre todo mis notas informativas que suben a diario en la web de la revista causan tal incomodidad que en muchas ocasiones eran motivos de llamadas telefónicas en las que pretendían reclamarme hasta que como vieron que éstas no daban los resultados esperados dejaron de hacerlas.

En reuniones con el subsecretario de gobierno del estado, Nemesio Ponce Sánchez, después con el titular del Instituto de Comunicación Social del Gobierno de Chiapas, Jaime Culebro Guillén y luego con el gobernador Juan Sabines Guerrero, en ese orden de aparición en el 2009 y principios del 2010, hubo todo tipo de ofrecimiento hacia mi persona desde la amistad hasta apoyos para crear mi propio medio, espacio en la radio y televisión oficial y otras ofertas que agradecí amablemente con el argumento que lo único que esperaba de ellos era respeto y tolerancia.

No conforme con la exclusión, se originó la embestida con amigos muy cercanos, que han apoyado mi misión en la realización de cursos y talleres sobre periodismo digital en Chiapas. El activista del software libre Héctor Bautista fue detenido por la PGJE de Chiapas en noviembre tras una supuesta denuncia anónima, le pretendieron sembrar miles y miles de imágenes de pornográficas, todo por ser prestador de servicio de hosting de mi amigo Antony Flores con su web infochiapas.com donde se dijo que Chiapas tenía la mayor deuda pública en 16 años.

Tras 40 días preso, gracias al apoyo de las redes sociales y de cientos de activistas, blogueros, tuiteros, feizbukeros y compañeros periodistas como Fátima Monterrosa y Denise Maerker, por fin logramos la libertad de Bautista cuando más fuerza tomaba el movimiento de protesta. Bautista salió libre y ahora está ajeno a todo tras la pesadilla que vivió por el abuso del poder.

La embestida no sólo fueron contra Bautista y Flores, también se arremetió en contra de Raúl Ríos Trujillo, a quien con el impulso del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, también le abrieron una averiguación previa por una campaña de denuncia de baches para que la autoridad pusiera manos a la obra en su reparación que se gestó en las redes sociales y las autoridades municipales la entendieron como una campaña para ridiculizarlos, si bien no fue a prisión fue presionado para borrar toda evidencia de esa campaña y silenciado.

A raíz que de que entendieron la fuerza de las redes sociales, servidores públicos del gobierno de Chiapas tomaron por asalto esta herramienta en la que evidentemente estaban siendo rebasados. Se dieron a la tarea de contratar personal especializado en ello y empezaron a crear cuentas falsas o anónimas de blogs, webs, twitter, facebook, videos en Youtube, desde donde continuaron su embestida mediática.

Uno siempre da por hecho de que las líneas telefónicas están intervenidas, pero a través de cuentas de twitter me hacían constatar detalles de charlas y conversaciones de un día anterior había hecho sólo por esa vía. De forma extraoficial me dijeron que el equipo de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada de la PGJE era utilizada para el espionaje de políticos, empresarios y periodistas.

Algunas de las cuentas en twitter son @El_ObservadorV @Sneutron @noti_chiapas @rumaldochis @donchoma2010 entre otras más. Ofensas vulgares y obcenidades reflejan la ira a nuestra labor como Blogs como http://chiapascentral.blogspot.com, http://gabtcama.blogspot.com o http://realchiapas.blogspot.com/ son tan solo algunos que ha tan pronto como son descubiertos desaparecen.

Por otras webs que usaron como trincheras interpusimos una denuncia penal en agosto del 2010 pero nunca procedió la PGJE se declaró “incompetente” al carecer de policía cibernética situación que contrasta cuando sí procedieron contra Bautista, Flores y Ríos Trujillo, al igual que otro tuitero de nombre Fabricio Villegas, a quien intimidaron y huyo de Chiapas por temor a su vida y su seguridad, por hacer de las webs, blogs y redes sociales críticas al gobierno de Chiapas y algunos servidores públicos.

Al tener en nuestras manos las averiguaciones previas iniciadas en contra de mis amigos he podido constatar un denominador común, a los mismos servidores públicos empeñados en pretender defender la imagen del gobierno de Sabines, argumentando que somos “desestabilizadores”, “incitadores a la violencia” que podríamos crear un “caos social” y estatus de “animadversión” contra el gobierno de Sabines.

A través de amigos de los muchos que trabajan dentro del aparato de gobierno en Chiapas, me dijeron que se contrató a un grupo de jóvenes expertos en sistemas computacionales, cuya misión “es desmentir y atacar por cuestiones políticas”, al exgobernador antecesor de Sabines, a periodistas como el que esto escribe y organismos como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, “a través de las redes sociales de internet”, los trajeron a Chiapas “bajo un contrato de confidencialidad y previa amenaza de graves consecuencias si alguno de sus integrantes público su trabajo.

Los hombres dedicados a la tarea de difamar y calumniar formaron “dos equipos de impacto, son dos equipos por que se cuidan que ningún integrante del otro equipo copie, distribuya o transmita archivos privados”, se vigilan mutuamente.

“Las actividades que se llevan acabo en este momento son a través de las redes sociales, blogs, correos electrónicos masivos y espionaje a celulares y Smartphones. Pensando en tu privacidad te recomiendo no utilices tu Blackberry para escribir o hablar sobre cuestiones no públicas, así mismo te recomiendo no utilices computadoras prestadas, que de preferencia utilices Windows 7 Ultimate con antivirus Kaspersky y navegador Mozilla Firefox, que acostumbres apagar tu equipo cuando no está en uso y evites usar tu Ubuntu pues si no tienes amplios conocimientos de redes se las pondrás más fácil por que en dos meses va a venir un hacker que traen de India y con las recomendaciones que te doy será difícil que logren penetrar en tus equipos”, me reveló otra fuente vía anónima que mostró admiración a mi trabajo como periodista e indignado por los ataques hacia mi persona.

En su afán por pretender buscar algo que me incrimine han puesto de cabeza oficinas de comunicación social buscando supuestos documentos que prueben que cobré en el gobierno pasado o bien que cobró en instituciones como la Universidad Autónoma de Chiapas. Ante la impotencia han elucubrado falsificarlos.
El Instituto de Comunicación Social del Gobierno de Chiapas presionó al diario donde Ángeles Mariscal trabajó 16 años y en este 2011 ya no le renovaron su contrato, afortunadamente fue liquidada conforme a derecho.

Cuando Mariscal pretendía trabajar como docente en la Universidad Autónoma de Chiapas, de pronto le cancelaron el contrato y le cerraron las puertas definitivamente, nada que tuviera que ver con ella o conmigo debería tener presencia en mi Alma Mater.

Ella siempre bajo el hostigamiento de servidores públicos del Instituto de Comunicación Social del Gobierno de Chiapas fue agredida por custodios y personal de los juzgados en el penal de El Amate el pasado 8 de junio cuando cubría una audiencia judicial. El jueves 23 interpuso su queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas y su denuncia penal en la Fiscalía para Periodistas de la PGJE de Chiapas.
Por mi parte, ese mismo día interpuse también una denuncia penal por una nota periodística pagada en medios impresos locales el domingo 19 donde se pone en grave riesgo mi integridad y la de mi familia al poner en boca de una exconsul de Honduras declaraciones que nunca hizo, en el sentido que echaría Los Zetas a los servidores públicos que provocaron su salida de Chiapas y de paso contra el periodista que estos escribe. Nada más falso. La inserción pagada tenía toda la manufactura del Instituto de Comunicación Social del Gobierno de Chiapas.

Como respuesta a nuestras demandas penales, ese mismo jueves por la tarde la PGJE emitió una misiva en la que refiere una investigación “por los delitos de Homicidio en Grado de Tentativa, Lesiones y Amenazas, derivado de la agresión que sufriera durante las primeras horas del pasado domingo el periodista Jacobo Elnecavé Luttmann”.

El pasado sábado 18 en la noche o domingo 19 en la madrugada, fue agredido el señor Fausto Jacobo Elnecavé Luttman en un exclusivo bar de la ciudad, al que jamás he frecuentado en mi vida. Varias versiones me llegaron del incidente del que no presté atención, no lo expongo acá para no abonar a la confusión de las investigaciones aunque pretendan pervertirlas de oficio en la PGJE.

El citado comunicador social institucional ha sido antes titular del Instituto de Comunicación Social, asesor del gobernador en materia de medios, es actualmente titular del noticiero de la tarde en la radio y al televisión del gobierno de Chiapas. El vocero pues en los medios electrónicos. Además de oficialmente fungir como jefe de comunicación social de la Universidad Autónoma de Chiapas.

Pretenden involucrarme en la citada agresión al comunicador institucional, dejando entrever que podría haber sido el autor intelectual, pues señala la PGJE que quienes lo agredieron actuaron a mi nombre. Esto es lo que yo considero la más burda y nueva acción para amedrentarme al no tener hasta ahora ningún otro elemento para hacer que mi labor sea censurada. Me deslinde de ataque alguno.

Como he conocido y documentado personalmente de como en Chiapas se abusa del poder, de la fuerza pública, como se doblan los jueces de consigna y como se retuercen las leyes en Chiapas, considero que no existen las condiciones para hacer un periodismo donde se garantice mi seguridad y principalmente la de mi familia expuesta a riesgos altos de agresiones.

Hasta ahora, la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) donde ya tenemos abierta una queja y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que ha estado dando seguimiento puntual a los agravios desde diciembre pasado, es lo que no fortalece. Esto, aunado también, al gran apoyo de muchos ciudadanos, activistas, colegas periodistas, organizaciones y demás personas que conocen nuestra labor.

Mis blogs y mi presencia en las redes sociales incomodan a los defensores de la “buena imagen” del gobierno de Chiapas. Por lo que no descartamos que pretendan implicarnos en otras denuncias o falsas acusaciones. Sabemos que en Chiapas todo conspira desde el aparato público en contra de lo que ellos consideran atenta contra sus intereses.

No reclamos más que respeto y tolerancia. Eso es todo. No más. Responsabilizo a las autoridades locales de todo agravio contra mi persona o cualquier miembro de mi familia, así como mis amigos cercanos que también viven con la advertencia de represión en lo laboral-

Isaín Mandujano Camacho.

Tapachula, Chis; JUN. (interMEDIOS).- El Director del albergue “Todos por Ellos” A.C, Ramón Verdugo Sánchez, denunció que existen indicios sobre maltrato verbal y falta de alimentos en el albergue “Por la Superación de la Mujer”, luego de que el pasado lunes 20 de junio se puso en contacto vía telefónica una joven de origen hondureña quien le puso de sobre aviso de los hechos.

En rueda de prensa, el director de Todos por Ellos, quien es religioso, explicó que de acuerdo a investigaciones, hace días tres mujeres migrantes fueron rescatadas del delito de trata en Frontera Comalapa por la Fiscalía Especializada en Delito contra Migrantes, mismas que fueron dirigidas al albergue “Por la Superación de la Mujer”.

Verdugo Sánchez especificó que son tres mujeres menores de edad de 17 años, quienes responden a los nombres de Ruth Gisela Calderón Mejía, Dalila Adela Sales Sánchez, Nanci Núñez Palma; así como una bebe Melanie Salchier Núñez; las cuatro de origen hondureño, mismas que fueron rescatadas por las autoridades y que fueron remitidas al albergue a cargo de la señora Elsa Simón Ortega.

El religioso dijo que no se ha tenido contacto con ellas de manera directa, solo llamadas telefónicas
rápidas y tres mensajes con el número de celular 992109644, indicó que la persona que recibió la información fue al albergue pero como son víctimas de trata las deben de conservar en custodia por lo que no se pudo investigar en ese momento más a fondo, agregó Ramón Verdugo Sánchez.

El entrevistado expuso que ante estos hechos ya se solicitó la intervención tanto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), como de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), mismas instancias que ya se pudieron poner en contacto con las víctimas, así que señaló que la información está en manos de las autoridades.

Verdugo Sánchez expuso que se seguirá con la gestión, ya que se revisará que las instancias consigan la información, que verifique y hagan su repatriación de las tres hondureñas y la bebe de meses; que es lo que se pide en la denuncia ante el licenciado Alvarado Pereyra.


Carta de Apoyo a Isain Mandujano y Angeles Mariscal de Periodistas de Chiapas

Al Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa

A los organismos defensores de los derechos humanos

A los organismos defensores de la libertad de expresión

A las organizaciones sociales solidarias

A la Cámara de Diputados

Al Senado de la República

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

A Amnistía Internacional

A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Las y los periodistas de Chiapas estamos preocupados por la situación de hostigamiento y amenazas que están viviendo colegas periodistas, y que se expresan mediante linchamientos y campañas de desprestigio cuyo vehículo son las redes sociales, los medios de comunicación públicos, blogs, páginas web “anónimas”. Últimamente también se han dado amagamientos directos con emprender acciones judiciales.

Tenemos documentados diferentes casos en donde periodistas-funcionarios (aunque resulte una combinación difícil de entender) están utilizando medios públicos para desprestigiar el trabajo de compañeros periodistas.

Si bien, el hostigamiento ha sido más perceptible en el caso de algunos compañeros, sentimos que la agresión es para todo el gremio de periodistas y comunicadores, ya que cualquier situación que atente contra la libertad de expresión pone en riesgo nuestro trabajo.

Estamos preocupados por los casos particulares del compañero Isaín Mandujano y la compañera Ángeles Mariscal, quienes desde hace cuatro años están viviendo una situación de hostigamiento, derivado de su trabajo periodístico.

El incidente más reciente se dio este jueves, cuando a través de un boletín oficial emitido desde la Procuraduría de Justicia del Estado se deja entredicho la supuesta participación del compañero Isaín Mandujano en el ataque que sufrió el funcionario de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) y del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, Jacobo Elnacavé Luttmann.

Este agravio forma parte de una larga cadena de agravios hacia ellos. Esta situación nos parece preocupante, porque como se ha venido exponiendo a través de diferentes foros, denuncias públicas y otras formales, coloca a los periodistas en una situación de alta vulnerabilidad; a la que confluye el escenario adverso que en todo México se vive contra los periodistas.

Percibimos un cerco informativo y poco acceso a las fuentes de información, que va en contra de la Ley de Derechos para el Ejercicio Periodístico del Estado de Chiapas, la que pedimos se respete a cabalidad.

Las y los periodistas que firmamos esta carta respetamos el Estado de Derecho, sabemos que nuestro trabajo es necesario en cualquier lugar donde se quiera alcanzar la democracia. Por tanto pedimos respeto y tolerancia a nuestro trabajo, pedimos dicten medidas cautelares para los periodistas directamente agraviados.

Consideramos que Chiapas debe arribar a un estatus democrático donde la libertad de prensa, de expresión, de información y de opinión sea un derecho garantizado y no vulnerado por el propio Estado.

Solidariamente periodistas de Chiapas

Sandra de los Santos Chandomí

Gabriela Coutiño Montes

Concepción Villafuerte

Elio Henriquez Tovar

Amalia Avendaño Villafuerte

Patricia de los Santos Chandomí

José López Arévalo

Antony Flores Mérida

Juan de Dios García Davish

Fredy Martín Pérez

Patricia Espinosa

Juan Álvarez Moreno

José Sálazar de León

Samuel Bernardo Revueltas

Tania Broissin

Luis Ángel Escobar

Itzel Grajales

Hugo Isaac Robles Guillén

Julio H. Pérez

Darinel López

Flor Cordero

Victor Hugo Roblero

Nehemias Jimenez

Carlos Herrera

Antonio Aguilar

Posible construcción de base militar estadounidense en Puebla



En el marco del plan Mérida y la fallida guerra contra el narco, el martes 10 de Mayo al oriente de la capital del estado de Puebla, comenzó la construcción de una base militar estadounidense disfrazada de Academia Estatal de Formación y Desarrollo Policial. Esta base militar se localizará en la zona Los Encinos de la junta auxiliar de San Salvador Chachapa un lugar destinado para reserva ecológica que ahora pasara a ser reserva militar.

Cabe destacar que el plan Mérida es un programa subsidiado por Estados Unidos en la supuesta guerra contra el narco cuyo resultado es lo que vemos todos los días. Una desarticulación de tejido social como nunca se había visto en la historia de México. Producto de la injerencia del gobierno estadounidense a través de su ex embajador Carlos Pascual, que ya antes había tenido experiencia en Colombia, Europa del Este, África y Haití, en la lógica del estado fallido.

La presentación del proyecto estuvo a cargo de Rafael Moreno Valle y Keith W. Mines, director general de Iniciativa Mérida quien fue muy claro y preciso que el Buró Federal de Investigación (FBI) Servicio Secreto, ICE, NCSI, entre otros tendrán injerencia directa.

Fuente
EL CAMPESINO LIBERADO, CENTRO, AL DAR DETALLES DE LO QUE PASÓ DURANTE SU ESTANCIA EN PRISIÓN.
Foto: Oscar Rodríguez


OAXACA, Oax. (apro).- Un juez federal absolvió a un indígena que permaneció preso durante 15 años, acusado de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR) y ordenó su inmediata liberación, informó hoy el abogado Israel Ochoa Lara.

Mario Ambrosio Martínez fue detenido en 1996 en el municipio de San Agustín Loxicha, 180 kilómetros al sur de la capital del estado, después de los ataques realizados por presuntas células del EPR contra bases militares y policíacas.

Fue acusado de homicidio calificado, conspiración, terrorismo, privación ilegal de la libertad, robo y lesiones calificadas. Durante 15 años estuvo preso en el penal de Santa María Ixcotel, de donde salió libre el pasado 18 de junio.

Ambrosio Martínez fue sentenciado a 26 años de prisión, sin embargo, explicó el abogado Israel Ochoa, el Segundo Tribunal Unitario realizó una revisión del caso y determinó exculparlo de la mayoría de los delitos.
Ahora, 15 años después de su reclusión, Ambrosio Martínez anunció que estudia la posibilidad de presentar una contrademanda en contra de la justicia federal.

En conferencia de prensa, el abogado señaló que su cliente recibió una sentencia excesiva por delitos prefabricados que no cometió. Ambrosio Martínez acusó al Estado mexicano de haberle “destruido la vida” por un manejo “faccioso de la justicia”.

Ambrosio Martínez fue uno de los 300 implicados detenidos luego de la incursión de las fuerzas federales en San Agustín Loxicha tras los atraques de la supuesta célula del EPRD. De esa cantidad, 156 fueron consignados por delitos federales, actualmente permanecen recluidos en la penitenciaria central 7 personas condenadas a purgar penas de entre 23 y 31 años de prisión.

El indígena recién liberado, abandonado por su esposa e hijos que emigraron a Estados Unidos, anunció que regresará a su pueblo natal, San Agustín Loxicha para recuperar sus tierras y dedicarse al cultivo de granos como antaño.

La CoIDH cita al Estado mexicano a una audiencia por desaparición forzada


Cinco meses han pasado desde que José Ángel Alvarado Favela recibió una llamada telefónica que lo obligó, a él y a su familia, a abandonar Ciudad Juárez, Chihuahua.

“Nosotros tenemos a tu hijo y está vivo, te vamos a matar como a un perro a ti y a tus hijos. Tienen 12 horas para dejar la casa y la ciudad, si no, los matamos a todos porque están hablando demasiado”, le dijeron el 29 de enero de 2011, casi un año después de que su hijo José Ángel, de 30 años, y sus sobrinas Rocío Irene, de 28, y Nitza Paola, de 31, fueran secuestrados por un convoy militar en el municipio de San Buenaventura, cerca de Ciudad Juárez.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha llamado ahora al Estado mexicano para que el 
28 de junio explique en una audiencia pública qué ha hecho para dar con su paradero, presentarlos con vida y cómo ha protegido al resto de la familia.
“El Estado mexicano debe asumir su responsabilidad, no ha realizado acciones concretas que vayan encaminadas a resolver el problema de fondo, que es la aparición con vida de estas tres personas que fueron secuestradas por el Ejército mexicano en Ciudad Juárez”, dijo a CNNMéxico Luz Esthela Castro Rodríguez, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua, en el norte de México, una de las organizaciones que han seguido el caso de cerca, por lo que también ha recibido amenazas.
La decisión de la Corte Organizaciones civiles de Chihuahua presentaron el caso de esta familia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en marzo de 2010. Esa instancia lo turnó directamente ante la CoIDH por considerar que había documentación suficiente para solicitar de inmediato medidas cautelares para 24 integrantes de los Alvarado.

La institución, con sede en Costa Rica, determinó además que se debía proteger a siete defensores de derechos humanos relacionados con este caso: Emilia González, Patricia Galarza Gándara, Brenda Andazola, Luz Esthela Castro Rodríguez, Oscar Enríquez, Javier Ávila Aguirre y Francisca Galván. Todos se han involucrado en la investigación a través del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres.
Chihuahua ocupa el primer puesto nacional de denuncias sobre ataques cometidos contra defensores de derechos humanos, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“Ha habido una hostil y feroz investida tanto por militares como por la policía federal. Hasta ahora hay 32 familiares escondidos por las amenazas de muerte. También se ha hostigado a Emilia González pese al dictado de medidas provisionales. Simplemente no ha cesado el hostigamiento”, explicó Luz Esthela Castro.
Ese hostigamiento contra los defensores de derechos humanos, sumado a un informe del Estado mexicano de marzo pasado, en el que justifica que ni los activistas ni José Ángel Alvarado Favela contribuyen a la investigación, derivó en que la CoIDH llamara a la audiencia pública del 28 de junio próximo.
"Ocultamientos dolosos"
El delito de desaparición forzada, como el de la familia Alvarado, fue tipificado en México a nivel federal en junio de 2001. La legislación mexicana lo define como el delito en el que un funcionario, “independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención”.
El 13% de las quejas presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) durante 2010 contra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se referían a la desaparición forzada de alguna persona.
En noviembre de 2009, la CoIDH emitió sentencia contra el Estado mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco en 1974, en el municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero. Se trata del único caso en el que instancias internacionales han responsabilizado al gobierno.
Organizaciones civiles como la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada denuncian que el Estado no ha cumplido la sentencia a cabalidad, sobre todo en lo referente a investigar y sancionar a los responsables, y reparar el daño a las víctimas.


#Chiapas Detienen al ex gobernador Pablo Salazar en Cancún


El ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía ingresó está noche al centro penitenciario " ElAmate" del municipio de Cintalapa de Figueroa, acusado de los presuntos delitos de peculado por 104 millones de pesos, ejercicio indebido del servicio público, abuso de funciones públicas, abuso de autoridad y asociación delictuosa.

En conferencia de prensa, el procurador general de justicia del estado, Raciel López Salazar confirmó que la aprehensión del ex mandatario aliancista se realizó esta tarde, en cumplimiento de una orden de aprehensión dictada por el juez tercero penal, según la causa 96/2011, derivado de las investigaciones iniciadas en febrero de 2009.

El funcionario estatal aseguró que el Ministerio Público presentó pruebas fehacientes que acreditan que Salazar Mendiguchía, conjuntamente con diversos servidores públicos de su administración, desvió recursos gubernamentales por 104 millones de pesos.

Expuso que a través de una aseguradora, contrataron una póliza denominada Vidadot-2-2 que abarcaba cobertura básica por fallecimiento, cobertura por supervivencia "dotal" y cobertura por gastos funerarios por el periodo del 19 de diciembre del 2005 al 7 de diciembre de 2006; es decir, un día antes de terminar su administración estatal, precisó.

Abundó López Salazar, que los ex servidores públicos involucrados le dieron el poder a Nelda Rosa Camacho Alayola, entonces secretaria de Administración, facultándola ante la compañía aseguradora para realizar los trámites correspondientes y poder cobrar los recursos públicos.

Lo que realizó por medio de diversos cheques, el 27 de febrero de 2007, tres meses después de concluir su periodo, cuando ya no tenían la calidad de servidores públicos, apuntó.

El procurador estatal de justicia indicó que el expediente penal, integrado en 21 tomos contenidos en nueve mil 117 fojas útiles, comprende diversas diligencias, entre las que destacan, peritajes en materia contable y grafoscopía.

Así como testimoniales "con los cuales se corroboró que Salazar Mendiguchía dijo que ese dinero era un bono sexenal, ante el fin de su administración"

Elementos de la Policía Especializada de la Procuraduría General de Justicia del estado de Chiapas, en coordinación con elementos de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del estado de Quintana Roo, detuvieron a Salazar en el Aeropuerto Internacional del Cancún y lo trasladaron a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.



Zacatecas, Zac., 6 de junio. El allanamiento de las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte por la Policía Federal, el domingo por la noche en Ciudad Juárez, provocó indignación y enojo entre los miembros de la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad, quienes en un pronunciamiento leído por el poeta Javier Sicilia, en la plaza central de esta urbe, culparon de los hechos al presidente Felipe Calderón.

¿Qué busca Felipe Calderón en el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte? ¿El expediente de dolor e injusticia? ¿Las pruebas irrefutables de su incapacidad para garantizar paz y legalidad? ¿Qué guerra pretende ganar instruyendo a su gente a comportarse como delincuentes?, expresó Sicilia, quien comentó que dicho centro, dirigido por el sacerdote Óscar Enríquez, es el organismo de la sociedad civil que participa en la recepción de la caravana en Ciudad Juárez.

Esta vez la mención del Presidente no causó mentadas de madre. Sólo silencio y el aval colectivo al pronunciamiento leído por Sicilia. Parte del mensaje fue:Si con esta agresión se pretende que perdamos los estribos y respondamos con violencia, manifestamos desde esta tierra, que vio nacer al poeta Ramón López Velarde, que no vamos a cooperar con la espiral de violencia, que no cuenten con nosotros, que sus juegos de guerra nos lastiman y nos indignan, y que vamos a desobedecer todo mandato de guerra e inhumanidad.

Conforme la caravana incursiona en el norte del país, la vigilancia policiaca se incrementa. No sólo con la Policía Federal, sino con las corporaciones de Zacatecas y Durango, que se coordinan para su protección. Extraña paradoja, pues mientras en el discurso de la caravana se condena la corrupción institucional, se cuestiona el desempeño de las policías y se denuncia la colusión de las corporaciones en la comisión de delitos, numerosos elementos se suman a la movilización.

Hacia las 15 horas, con cerca de un millar de personas congregadas a las puertas del palacio de gobierno, Sicilia leyó el documento. Su tono era más mesurado, toda vez que en la mañana, en una parada de la caravana para clausurar de manera simbólica la Minera San Javier, apenas conocido el allanamiento, el poeta denunció los hechos visiblemente enojado e hizo peticiones a Calderón.

Exijo al Presidente que se investigue, que se garantice la seguridad de los ciudadanos de Juárez y de la caravana entera. ¿De qué se trata? ¿De responder a las demandas éticas de la sociedad con violencia? Queremos que se investigue y una respuesta frente a este atropello. No podemos soportar esto.


Durante la concentración frente a la minera, Sicilia rompió el tono de sus discursos y con elocuencia reclamó al gobierno calderonista: ¿Qué mensaje nos están dando? ¿Van a pelear contra nosotros? ¿Nos van a acabar de matar? ¿Nos van a acabar de humillar?

Posteriomente, en el pronunciamiento en Zacatecas, advirtió que si el objetivo es amedrentarnos, se equivocan. Si hemos salido a recorrer el país y mostramos públicamente nuestro dolor e indignación, es justamente porque superamos el miedo y la impotencia, y ni el crimen ni la represión nos harán retroceder

Pietro Ameglio, uno de los organizadores de la caravana y hombre cercano a Sicilia, calificó el allanamiento de provocación contra el movimiento. Deploró que la imaginación del gobierno sea utilizada sólo contra las organizaciones, y sostuvo que ésta es una respuesta al respaldo que empieza a generar la caravana. Sólo muestra la debilidad gubernamental frente a quienes cuestionan sus estrategias.

Aseguró que alrededor de las 20 horas fue rodeada la sede del centro de derechos humanos –donde se firmará el pacto ciudadano–, cuando ya se encontraba vacía. Rompieron candados y vidrios para entrar y robar documentos y computadoras en una operación que parece tener un mensaje claro, porque no esperaron a la madrugada ni lo disfrazaron, sino lo hicieron para que se les viera. Las patrullas de la Policía Federal implicadas son: 12427, 13972, 13 943, 13748, 10573.

Con casi tres horas de retraso y un notable despliegue de seguridad, la caravana arribó cerca de las 22 horas a la capital de Durango. Pese a la tardanza, gran cantidad de personas esperaron la llegada del poeta para darle una cálida recepción. El estado no puede quedar en silencio, comentó el primer orador.

Una mujer confió: Queríamos estar, porque a estas horas no salimos. Coexistencia de sentimientos, desde el que dice estar ya muy encabronado por tanto muerto, hasta quien expresa su regocijo por la llegada de una caravana que, dice, le da esperanza y las consignas que comienzan a generalizarse contra Calderón, cuya política, dicen, ya no se soporta.

Aquí tenemos una exposición de zapatos, dice una mujer al micrófono,que son de nuestros muertos. La expresión del hartazgo duranguense tiene muchas formas: desde las tradicionales mantas hasta una madre que pinta a su hijo un balazo.

Al cierre de la edición comenzaba una larga cadena de testimonios sobre los efectos de la guerra de Calderón.








“El dolor nos recuerda
Que podemos ser buenos,
Que alguien mejor nos habita,
Que corre en noble sentido el río de las lágrimas.

Dolor llamamos al envés de la hoja de la risa,
A la tiniebla que queda al otro lado de la estrella
Que en tu frente tenía apacible nombre
Y orientaba nuestros pasos día a día.

Dolor es el combustible con que arde
La llama de recuerdos que ilumina
Una noche del olvido derrotado
Por el rayo de tu risa al revolar.

Dolor se llama el duelo
De vivir por tu memoria.”

Fragmento de “49 Globos”.
Juan Carlos Mijangos Noh.









Al: MOVIMIENTO CIUDADANO POR LA JUSTICIA 5 DE JUNIO, a los familiares de l@s niñ@s muertos y heridos en la Guardería ABC el 5 de junio del 2009, y a tod@s quienes se han solidarizado con su lucha.
Hermosillo, Sonora, México.

De: Subcomandante Insurgente Marcos.
Chiapas, México.


Les escribo a nombre de las mujeres, hombres, ancianos y niños del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, para saludarlos y manifestarles nuestro respeto y admiración por su digna lucha.

No es fácil sacar palabras del dolor, nosotros lo sabemos.

¿Y de la rabia?

¿Del saber que los malos gobiernos ignoran propositivamente los reclamos de justicia?

¿De ver cómo se manipula el calendario para simular justicia, y para calcular que la desmemoria cubrirá la muerte? Esa muerte absurda de los 49 pequeños y las decenas de heridos, infantes sin más culpa que haber nacido en un país donde el gobierno ha unido el nepotismo con la corrupción y la impunidad.

Poco o nada podemos agregar a lo que sus dignas palabras han señalado sobre lo que ocurrió: la desgracia llegando a quienes ni la esperaban ni la merecían; la irresponsabilidad que la propició; la complicidad de gobiernos, legisladores y jueces; la continua postergación de una investigación a fondo. Y los nombres y las imágenes de las niñas y los niños, las actividades y movilizaciones para honrarlos de la mejor manera, es decir, exigiendo castigo a los responsables, justicia para las víctimas y la adopción de medidas que impidan que la tragedia se vuelva a repetir.

Todo eso y más hemos aprendido de su página de internet (www.movimiento5dejunio.org), y del libro “Nosotros somos los culpables” de Diego Enrique Osorno, que arma el rompecabezas de la tragedia.

La muerte de una niña, de un niño, siempre es desproporcionada. Llega atropellando y destruyendo todo lo cercano. Pero cuando esa muerte es sembrada y cultivada por la negligencia y la irresponsabilidad de gobiernos que han convertido la ineptitud en negocio, algo muy profundo se sacude en el corazón colectivo que abajo hace andar la pesada rueda de la historia.

Entonces las preguntas crecen y se extienden: ¿por qué?, ¿quiénes son los responsables?, ¿qué se hace para que nunca más se repita esa tragedia?

Y ha sido el empeño de ustedes el que nos ha dado las respuestas. Porque de arriba sólo hemos visto desprecios, burlas, simulaciones y mentiras.

La mentira es siempre un ultraje, pero cuando desde el Poder se teje para esconder a familiares y amigos, es una villanía.

Allá arriba no se han arrepentido. No lo harán. En lugar de honrar a los infantes muertos de la única forma que les sería permitida, es decir, con justicia, siguen en sus juegos de guerra donde ellos ganan y todos pierden.

Porque no es resignación ante la muerte la que se predica desde allá arriba. Lo que quieren es el conformismo frente a la irresponsabilidad que calcinó e hirió esas vidas.

Lejanos como estamos, en calendario y geografía, no mandamos palabras de conformismo ni de resignación. No sólo porque ni uno ni otro pueden hacer frente a las consecuencias de ese crimen que ahora cumple 2 años. También, y sobre todo, porque la lucha de ustedes nos hace sentir respeto y admiración por su causa, por su paso y por su empeño.

Allá arriba deberían saber que no sólo el dolor une, también el ejemplo de tenaz lucha que en ese dolor se anima.

Porque ustedes, hombres y mujeres llevados por la desgracia a esta lucha, son seres extraordinarios que despiertan la esperanza en muchos rincones de nuestro país y del planeta.

Como extraordinarios son esos hombres y mujeres que han echado a andar de nuevo, en la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad, para recordarle a quienes mal gobiernan, a los criminales y al país entero, que es una vergüenza el nada hacer cuando la guerra de todo se apodera.

Desde uno de esos rincones, desde las tierras indígenas de Chiapas, las zapatistas, los zapatistas, los miramos desde abajo, sabiendo que el dolor también agiganta los pasos si son dignos.

Y a estas líneas que ahora les escribimos, sólo las anima el deseo de decirles una cosa:

Bien haya la sangre que les dio vida a esas niñas y niños, y malhaya la de quien se las quitó.

Y decirles a ustedes que cuenten con nosotros, que, aunque lejanos y pequeños, reconocemos la grandeza de quien sabe que la justicia sólo se alcanza con la memoria y nunca con la resignación.

Ojalá algún día puedan llegar a estas tierras. Acá encontrarán un corazón moreno que los abrazará, unos oídos atentos para escuchar, y una historia dispuesta a aprender de ustedes.

Porque las grandes lecciones, las que cambian el rumbo de la historia, vienen precisamente de personas que, como ustedes y quienes ahora andan, hacen de la memoria el camino para crecerse.

Con ustedes, y con quienes ahora marchan, podremos entonces, juntos, ustedes, ellos, nosotros, hablar palabras donde el dolor sea una cicatriz que nos recuerde y comprometa a que nunca más se repita la desgracia, y a que por fin termine el carnaval sangriento con que arriba festejan la impunidad y la desvergüenza.

Mientras eso ocurre, desde acá seguiremos escuchándolos y aprendiendo de ustedes.

Vale. Salud y que la justicia por fin camine abajo.

Desde las montañas del Sureste Mexicano.



Subcomandante Insurgente Marcos.

México, Junio del 2011.



http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2011/06/06/6-de-junio-sci-marcos-carta-al-movimiento-ciudadano-por-la-justicia-5-de-junio/
El día 05 de Junio de 2011 aproximadamente a las 20:30 horas Agentes de Seguridad Pública Federal en cinco patrullas, con números 12427, 13972,13748, 13943 y 10573 irrumpieron con lujo de violencia en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A. C., quebrando cerraduras y haciendo destrozos en todo el inmueble, sin causa justificada y sin tener ninguna orden judicial para su allanamiento.

El Centro de Derechos Humanos Paso del Nortees una organización que tiene como objetivo promover y defender los derechos humanos, dado lo cual hemos trabajado en acciones y casos en donde se defienden los derechos humanos. Creemos que esta acción es tendiente a intimidar la lucha que realizamos.

Los hechos antes relatados son una clara violación a nuestra Constitución y los tratados Internacionales en especial en relación al derecho de defender los derechos humanos.

Esta acción urgente fue emitida por el Centro de Derechos Humanos "Paso del Norte", A.C.


MÉXICO, D.F., 31 de mayo (apro).- Familiares y padres de los menores muertos en el incendio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, bloquearon la carretera federal México-Nogales y tomaron la caseta de peaje ubicada a las afueras de la capital.

La radicalización de su conducta surge justo a cinco días de que se cumplan dos años de la tragedia, en la que perdieron la vida 49 bebés.

Durante varias horas, de manera intermitente, los manifestantes agrupados en las organizaciones “Manos Unidas” y Padres Unidos de ABC”dejaron pasar los vehículos por la caseta sin pagar la cuota correspondiente.

Julia Isabel Escalante, vocera de los manifestantes y madre de Fátima Moreno, una de las 49 bebés que perdieron la vida durante el incendio, denunció que los gobiernos federal y estatal han incumplido sus promesas de justicia.

Ante tal actitud, advirtió que los padres y familiares de las víctimas mantendrán sus manifestaciones de protesta hasta que haya solución a su exigencia de justicia.

“Nos han obligado a tomar estas decisiones, la gente nos dice que es una buena medida por las fechas que se avecinan, no vemos justicia para nuestros hijos ni para los lesionados que necesitan mucha atención médica”, señaló

Los manifestantes distribuyeron volantes con la información del estado que guarda el caso de la guardería ABC, subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a una tía de Margarita Zavala, esposa del presidente Felipe Calderón.


Ciudad rural a 27 de mayo del 2011.
Asunto: DENUNCIA PUBLICA.


Somos habitantes de la comunidad denominada primera ciudad rural sustentable del mundo (ejido nuevo Juan del Grijalva) municipio de Ostuacan, Chiapas, donde se suscito el supuesto desastre natural, (el deslizamiento de un cerro) en el mes de noviembre del 2007, lugar que actualmente es conocido como el TAPON esto a orillas del rio Grijalva, este desastre no solo provoco la obstrucción del mismo sino también la destrucción de todo nuestro poblado que se encontraba allí, perdiendo la vida muchos de nuestros familiares, y demás personas que se encontraban en ese lugar, así también sufrimos la perdida de nuestras casas, hecho que hizo a nuestra comunidad amanecer de luto, al parecer hasta a hora interminable.


A raíz de esto el gobierno estatal así como el gobierno federal, aportaron recursos y apoyos a estos damnificados, todo esto solo en los momentos en que surgió el desastre. Creando así la primera ciudad rural sustentable del mundo conocido como nuevo Juan del Grijalva. Hasta ese entonces se creía que esto cambiaría la forma de vida de aquellos afectados y sería el primer paso para el cambio, en esto no se equivocaron y así fue, pero no para el bienestar de esta comunidad.


Hoy en día la famosa ciudad rural sustentable de la que habla el gobierno estatal no tiene nada de sustentable como lo afirma el gobernador Juan Sabines Guerrero, lo cierto es que ha sido todo un fracaso.
Desde ese entonces no solo empezaron con la construcción de la nueva ciudad rural sino también con el desazolve del rio, para liberar el afluente, esto por parte de CONAGUA y CFE, ya nuestras tierras se habían visto seria mente afectadas quedado destrozadas a raíz de ese desastre, siendo dicha afectación mayor cuando ingresa comisión federal de electricidad a realizar trabajos en esa zona, lo que provocó el destrozo de las tierras que aún se encontraba en pie para ser trabajadas, lo que se supone que serían pagadas por parte del gobierno estatal y comisión federal de electricidad. Hasta la fecha se desconoce a donde fue apara este recurso (dinero) y en manos de quien, por lo que se intuye que existe un abuso por parte del gobierno de Juan Sabines Guerrero y CFE, y creemos que están realizando fraudes para así lograr un beneficio personal.


Durante mucho tiempo el gobierno de Juan Sabines y CFE mantuvo a esta comunidad en el engaño, asiéndolos creer que les pagarían esas tierras y que la única forma para el pago seria el cambio de régimen ejidal por el de propiedad privada, lo que tampoco se ha resuelto, todo esto dicho por parte del secretario de gobierno, Lic. Noé Castañón León, quien nos informó que nuestras tierras debían legalizarse, porque eran parcelas y así pasarían a ser propiedad privada y al estar las actas ante el registro agrario nacional, se realizarían los pagos mencionados dichos trámites fueron realizados desde el año pasado, y hasta hoy no se han efectuado tales pagos, sin embargo estos hechos han sido los portadores de acontecimientos desafortunados en contra nuestra.


Últimamente contratamos los servicios de dos abogados, para llevar los trámites necesarios, por medio de ello nos enteramos que la federación depósito al gobierno del estado el pago de la cota 93.5 a la 100. Inclusive teníamos un documento firmado por Laura Gurza, directora de protección civil federal, donde se corrobora esta información. Incluso el secretario de gobierno reconoció que el dinero ya ha sido depositado, cabe mencionar que el gobierno no ha pago a los propietarios, lo cual nos indica, efectivamente todavía tiene el recurso o al menos que ya lo hayan gastado o lo hayan invertido en otras obras.


Estábamos llegando a una negociación, nos habían entregado los avalúos pero últimamente demostraron que no quieren realizar los pagos


Con el descontento de esta comunidad se hizo una manifestación, para que así fuéramos escuchados, ya que los compromisos hechos por parte del gobierno estatal nunca fueron realizados.


Con motivo a esta manifestación el gobierno del estado de Chiapas volcó sus ojos al ejido nuevamente, pero no con el propósito que se pretendía, y como al gobierno no le conviene un escándalo de esta magnitud tomo represalias contra los manifestantes, así que el día 17 de marzo del presente año, estando parte de la población de esta comunidad reunidos un grupo aproximado de 200 a 300 policías entre ellos policías ministeriales conocidos también como policías judiciales, llegaron hasta el lugar de la manifestación, siendo esto una manifestación pacífica, aclarando que el lugar de la manifestación se realizó en una de las parcelas del ejido y que por obvias razones el dueño de esta parcela también es uno de los ejidatarios, y de una manera arbitraria los levantaron de allí todo esto bajo el engaño, diciéndoles que no siguieran con esa manifestación con el argumento de que los iban a llevar a negociar el pago de las tierras, así como la cantidad a la que ascendían los avalúos, el arresto de estas personas se ejecutó bajo las órdenes del Fiscal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas del municipio de Pichucalco, Chiapas, de nombre Lic. José Luis Gómez Santaella así como del M.P. de Ostuacan Esgar Benjamín Estrada Cervantes, quien al parecer está actuando no solo basado en el cumplimiento de su ejercicio como M.P. sino que creemos que este actúa bajo su propio criterio y que lo está haciéndolo por interés propio y para lograr un beneficio personal, seguidamente estos policías les solicitaron sus credenciales respectivas pero solo a unos cuantos los apartaban del grupo, en total fueron a 5 personas a las que se las llevaron y a estos no precisamente los agarraron allí sino en otros lugares distintos al lugar de la manifestación sin saber si estos participaban o no en dicha manifestación, así pues los privan de su libertad y los acusan de delitos que no han cometido, ya que la compañía MEXICO reconoció que la manifestación no era en perjuicio de ellos, sino que esta era una forma llamar la atención del gobierno del estado y CFE, todo para que estos realizaran los pagos correspondiente que hasta el día de hoy no se han realizado.


Seguidamente se los llevaron, pero no precisamente a negociar sino que se los llevaron a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, con domicilio en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Obviamente no los llevaron a negociar por tanto se entiende que los llevaron bajo engaño ya que en ningún momento presentaron una orden de aprensión en contra de ellos, la detención de estos fue por los delitos de: oposición a que se efectué una obra pública, ataques a las vías de comunicación y asociación delictuosa. Estos delitos no encuadran al tipo, ya que para el primero la manifestación no fue hecha en el lugar de la obra, si en algún momento estos no continuaron con su trabajo sus razones tendrán o tal vez se sintieron intimidados por la presencia de los manifestantes, sin embargo esta no es razón suficiente para este delito, en el segundo caso, nunca se privatizo la comunicación, ni se obstaculizo el pazo en las carreteras de terracería de esas zonas y aun siendo así la compañía que demanda denominada MEXICO CONSTRUCTORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. podía tener acceso a los túneles de conducción denominado contingencia rio Grijalva por otra vía o las que quisieran, siendo una de ellas el mismo rio y por ultimo no existe tal asociación ya que no se cumple con los requisitos necesarios para formarla como lo es el que necesariamente exista un líder y en este caso es todo un ejido y los que colindan con él los que se manifestaron por las injusticias.


Al día siguiente, el 18 de marzo del mismo año, fueron trasladados a la casa de arraigo denominado el PITIQUITO, ubicado en la carretera Tuxtla-Chiapa de corzo.
El arraigo tiene una duración de un mes el cual se vencía el 18 de abril, sin embargo días antes, para ser precisos el día 14 del mismo mes y año los trasladaron al centro de readaptación de Pichucalco, Chiapas. Es indignante que estas autoridades se las gasten de esta manera, ya que su prioridad debe ser la aplicación de la justicia y en este caso ha sido todo lo contrario ya que de entrada no cumplen con lo establecido en la ley y los sacan de la casa de arraigo, aun que esto no es lo más molesto, si no que estos utilizan el engaño ya que los hicieron firmar una carta de liberación, todo estos para que ellos cumplieran con la ley y luego los trasladan al Cerezo, esto quiere decir que en ningún momento estuvieron libres sino que lo hicieron como mero requisito.


Toda esta situación es muy incómoda para todos los familiares, ya que como somos personas que nos estamos acostumbradas a este tipo de cosas y en ningún momento, en tiempos pasados estuvieron en una situación parecida. Cabe decir que en el tiempo que estuvieron en la supuesta casa de arraigo (porque en realidad eran prisiones), nosotros los familiares estuvimos asiendo un gasto innecesario en relación a los viajes, para así poderlos visitar, ya que las autoridades según nuestro punto de vista deben investigar bien antes de dictaminar una cosa así, por que quienes están detenidos, nos atrevemos a decir SON INOCENTES de todo aquello de lo que se les acusa, por tanto nunca debieron ir aparar a ese lugar pero a pesar de todo, esto no es lo delicado del asunto sino que en uno de tantos viajes que se realizaban allí una de las personas sufrió un accidente justo a las afueras de la casa de arraigo ya que en ese lugar no se cuenta con un baño público para todos los visitantes , así que un ancianito familiar de uno de los detenidos en ese lugar tubo que cruzar la calle para realizar sus necesidades y al regreso un auto lo atropello. Así que hacemos responsables a todas las autoridades de esta situación, de los accidentes y demás sufridos asía las personas (familiares de los detenidos).


Así también fueron llevadas a declarar en las instalaciones del M.P. del municipio de Ostuacan tres personas, sin mostrar orden alguna de aprensión dichas personas firmaron y colocaron sus huellas en una falsa declaración.
Al día siguiente, el día 15 de abril detuvieron a tres personas más entre ellas el licenciado que contratamos y que nos llevaba el asunto, a quien no se le permitió ni si quiera llegar al juzgado, las otras 2 personas son familiares de los primeros 5 detenidos los cuales se encontraban a fuera del cerezo, al licenciado lo detuvieron en el estacionamiento del mismo lugar y lo amenazaron de que si no se bajaba de su auto lo iban a llevar a la fuerza ya que ellos contaban con una grúa en ese momento, a los 3 les solicitaron también sus credenciales y se los llevaron se desconoce el lugar, pero posteriormente llegaron de nuevo y los meten directo al cerezo con el resto de la población que se encuentra en ese lugar, dictándoles así auto de formal prisión, y esto sin haber cometido delito alguno y pasando por encima de sus derechos.
El día 25 de mayo del presente año detuvieron a otra persona en el municipio de Ostuacan, esta fue una de las tres personas que llevaron a declarar ante el M.P. de Ostuacan, hasta donde sabemos es probable que detengan también a las otras dos que faltan así como a los otros que participaron en la manifestación, nos parece injusto la forma en la que se las gastan todos aquellos que dicen procurar la impartición de justicia.
Hoy día en el centro de readaptación de Pichucalco, Chiapas se encuentran 9 personas detenidas entre ellas el licenciado Juan Narváez, Teodoro Sánchez Mórales, Marcelo Díaz Castellanos, Héctor Díaz Castellanos, Ceferino Hernández castro, Fidencio Altunar Cobos, José Francisco López Díaz, Pascasio López Álvarez y Andrés Díaz Bouchot.


Todos ellos de manera injusta, solo por realizar una manifestación que tenía el fin de que el gobierno de Juan Sabines Guerrero así como CFE los tomaran en cuenta para así negociar y que estos les pagaran por las afectaciones que realizaron en sus tierras hasta el día de hoy a lo que se le conoce como el caído Juan de Grijalva así también el pago de la cota 100, hasta donde se sabe 2 de los delitos siguen siendo los mismos el único que cambio fue el de asociación delictuosa y paso a ser delito por motín.


Desde ese día la fecha hemos luchado por lograr su libertad, pero nos ha sido imposible luchar con el sistema impuro del gobierno.


Seguido de este acontecimiento que comenzó desde las primeras cinco detenciones, la policía judicial ha frecuentado nuestra comunidad, trayendo consigo una lista donde figuran aproximadamente 22 personas, pero los afectados somos alrededor de 160 personas, de 4 comunidades afectadas, siendo los más perjudicados, lo pobladores de la desaparecida comunidad “Juan del Grijalva”.


A la fecha la ciudad rural sustentable del mundo cambio de nombre a hora es la primera ciudad rural asustada del mundo y esto es porque se vive y se percibe, el miedo, la falta de protección, la impotencia y sobre todo inseguridad, pero esta última no por parte de los que llamamos comúnmente delincuentes, sino de aquellas que se suponen que tienen que protegernos de estos (las autoridades), esto es porque hasta donde se sabe existe una orden de aprensión para todos aquellos que participaron en la manifestación, la cual serviría para la defensa de nuestros derechos.


Hacemos saber nuestra desesperación, nuestra impotencia, nuestra indignación, acerca del manejo de este caso, la comunidad entera estamos en espera de sucesos mayores, lo que pudiera proseguir, es el arresto de muchas personas más: entre ellas, mujeres y jóvenes menores de edad, la zona sur de la ciudad rural se encuentra sola, la mayoría de las personas han tenido que refugiarse en lugares seguros, por miedo al acoso y persecución de la policía.


Hoy la ciudad rural está casi desértica, a excepción de algunas mujeres, adolescentes y niños que aún se encuentran allí, ya que los jefes de familia (hombres) se encuentran huyendo por el motivo de que tienen el temor de que en un momento a otro los detengan. El problema actual para estas familias es la desintegración, la falta de recursos para el sustento de las mismas, el miedo constante, sobre todo el hecho de saber que difícilmente se puede hacer algo para detener y acabar con esta situación ya que no se tiene el apoyo de nadie, sobre todo porque no se cuenta con el apoyo del gobernador, no sabemos hasta donde ha sido de su conocimiento esta situación pero lo que si nos consta es que su gobierno no es el adecuado para resolver estos tipos de asuntos, ya que esta lucha es contra ellos precisamente y todo porque no quieren soltar los recursos que les corresponden a los afectados en ese lugar y porque no quieren que ella nada ni nadie que obstruya el pazo para que así lleven a cabo su propósito que son la terminación de las obras en ese lugar.


Hemos intentado llegar a un acuerdo con las autoridades correspondientes, sin embargo se nos ha negado todo acceso. Incluso hemos llegado hasta decir que no queremos ninguna indemnización, ningún pago por los desastres naturales, que el dinero destinado al pago de las tierras, de las casas, quede en sus manos, porque al fin de cuenta ha sido la manzana de la discordia, el motivo del enojo de las autoridades, aun que también nos parece justo ya que por propio derecho ese dinero nos corresponde, ya que el gobierno del estado de Chiapas el cual está en manos de Juan Sabines en conjunto con CFE y no sabemos hasta donde con el gobierno federal se han lucrado con nuestras tierras y todo esto desde el momento del deslizamiento del cerro que se encontraba cerca del poblado y que por obvias razones benefició al Estado de tabasco en los tiempos en que este estaba padeciendo un diluvio, por eso muchos de nosotros nos atrevemos a creer en que todo esto ha sido solo mera estrategia del gobierno para así lograr sus propios fines.
Exigimos que liberen a los presos del nuevo Juan del Grijalva, queremos que se respeten nuestros derechos, este es un caso que ha tocado los límites de la ley del más fuerte, y vemos con impotencia como nos aplasta, sin poder siquiera tocar la agujeta de sus zapatos.


Así también exigimos que pare ya el hostigamiento y la represión por parte del gobierno del estado de Chiapas asía las personas del nuevo juan del Grijalva, por todas aquellas que sin tener necesidad andan huyendo y por todos los familiares, entre ellos mujeres, adolescentes y niños.
No podemos seguir bajo esta situación, llegamos al punto exacto de la desesperación extrema, el miedo que nos invade se acrecienta cada día, no nos sentimos seguros, en realidad nos sentimos impotentes por las atrocidades cometidas y por ver a nuestros amigos y familiares encerrados, varios de ellos en condiciones de salud no favorables.


Ya basta de que nos callen y nos aplasten tomando como batuta el encarcelamiento político, no se vale que actúen de tal forma, no se vale que el gobierno nos hunda. ¿Dónde quedaron nuestros derechos? ocurre que ya no podemos expresarnos, ocurre que ya no somos libres, ocurre que estamos destinados a vivir bajo el sudor de un yugo amargo, es mentira que somos libres y que podemos hacer denuncias anónimas, vivimos en un mundo controlado, donde es imposible alzar la voz, porque de inmediato cae sobre ti el poder de la autoridad que hace callar las bocas de los que padecen alguna injusticia, y reclaman por ello, sobre todo cuando las atrocidades cometidas es por parte del mismo gobierno, ya no somos ciudadanos legítimos, los que antes escuchaban nuestras peticiones, ahora se tapan las orejas, ya que son ellos mismos los que se benefician acostillas de los más vulnerables.


¿Dónde queda la ciudad rural sustentable modelo que prometieron al mundo? ¿Donde quedo ese proyecto de vida que el gobierno profesaba?, ¿donde quedo el proyecto internacional de las ciudades rurales sustentables?, ciudad rural sustentable sólo es parte de un eufemismo político, son términos ligados a la fuerza, porque semánticamente es un error hacer que tales vocablos se tomen de las manos, es mentira que la gente de Juan del Grijalva ahora vive mejor, ahora estamos peor, ahora nos persiguen para encarcelarnos, ahora nos hemos quedados solos, solos, y cargando al gobierno sobre nuestras espaldas.
Muchos, quienes no son afectados, podrán decir muchas cosas e incluso hablar bien del gobierno, pero como no, si estos les tapan las bocas bajo falsos engaños, prometiéndoles tantas cosas las cuales nosotros hemos comprobado que son mentiras, he aquí nosotros y solo nosotros los que sufrimos, podemos decir realmente la situación que vive Juan del Grijalva, y nadie mas ya que los otros que no son afectados, obviamente no les interesa, además ciertamente no tiene por que denunciar nada no son los que están padeciendo esta situación, sin embargo quienes viven en la ciudad rural no nos dejaran mentir, aquí no hay fuente de trabajo por tanto no hay nada de sustentable por ningún lado, no hay ni siquiera un solo árbol que nos permita cubrirnos de los rayos del sol, no tenemos ni siquiera un hogar digno donde vivir, las casas que nos dieron como hogares no son más que ladrillos hechos de lodo que traen consigo infecciones en la piel porque de estos nacen muchas clases de insectos rastreros, en fin podríamos enumerar todas las carencias que sufre esta ciudad pero no acabaríamos con la redacción, al paso que vamos, llegara el momento en que no haya un solo habitante en la a hora ya famosa ciudad rural que era lo que quería precisamente el gobierno.
La impotencia que sentimos es inexorable, nos hemos quedado al frente del grupo; solo mujeres, quienes rogamos ser escuchadas, queremos llegar hasta donde nuestras fuerzas nos lo permitan queremos dejar de ver pasar judiciales por nuestras calles, intimidando a las personas afectadas y por supuesto queremos de vuelta a los nuestros.


No importa que tan largo sea el camino que nos toque recorrer, estamos dispuestas a emprenderlo por tal razón solicitamos todo el apoyo posible.
Pedimos la intervención de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) para la solución de nuestro problema estamos seguros que esta comisión podrá darle solución a nuestro caso, les aclaramos que no somos delincuentes, hemos trabajado en nuestras tierras por años para sobrevivir, somos personas humildes, que no debemos nada a nadie, somos gente de campo que trabaja y lucha estamos acorralados por el gobierno del estado, no se olviden de nosotros, ni se olviden de las personas nuestras que están en la cárcel hoy pedimos por ellos.
El atrevimiento de sentarnos y redactar ha nacido de la necesidad que nos embarga, ha nacido del sentimiento de opresión que llevamos encima, por favor rogamos su intervención o canalización con el gobierno federal, por lo cual estamos dispuestas ir adonde se deba, con el único objeto de acabar con este caso absurdo y político, para que finalmente liberen a nuestros presos políticos.
Nos hemos reservado dejar por escrito nuestros nombres, por temor a represalias en contra nuestra, por temor a que se violen los derechos de las personas que aún nos encontramos libres, y miedo por aquellos que no están, porque les han arrebatado la libertad de la manera más injusta, sin embargo agregamos unas hojas con las firmas de de cada una de nosotras, que somos muchas, quienes padecemos de esta situación.
Lo dicho en este escrito son hechos verídicos de los sucesos que está viviendo la ciudad rural nuevo Juan de Grijalva, por lo que se les hace de su conocimiento solicitando así el apoyo, sobre todo nos gustaría que llegara a oídos del presidente de la república Felipe calderón Hinojosa, ya que no sabemos hasta donde es de su conocimiento, y si ya conoce el caso, rogamos que dé una solución pronta a esta situación y de lo que está pasando en el estado de Chiapas y en manos de quien y quienes está este gobierno, de las injusticias que se viven día con día sobre todo en la primera ciudad rural sustentable nuevo Juan de Grijalva.
Así pues esperamos que esta información sirva para que todo el mundo se entere de esta situación.
No sin antes esperar el apoyo de todas aquellas que quieran ayudarnos.


Atentamente:
Grupo de Familias afectadas del Ejido Juan del Grijalva
Conocida como:
Primera ciudad rural sustentable del mundo
“Nuevo Juan de Grijalva”

Centro de Derechos Humanos
Fray Bartolomé de Las Casas, AC


San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
27 de mayo de 2011



Pronunciamiento
Gobierno mexicano responsable de la desaparición forzada de personas



En el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, este Centro de Derechos Humanos se suma a la exigencia por la aparición con vida de las personas desaparecidas forzosamente en el mundo, en el continente latinoamericano, en México y en Chiapas durante el conflicto armado interno aún no resuelto donde, a través de una guerra de baja intensidad, el Estado mexicano resulta responsable de graves violaciones a los derechos humanos.

La práctica de la desaparición forzada de personas, como lo establece el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, constituye un Crimen de Lesa Humanidad,1 puesto que implica una violación múltiple y continuada de derechos humanos esenciales de carácter inderogables y protegidos por los tratados internacionales como son el derecho a la vida; a la libertad personal; a la integridad personal; a la seguridad personal; a tener personalidad jurídica; protección judicial y garantías judiciales.

En Chiapas, durante el periodo más álgido del conflicto armado interno, la desaparición forzada de personas era una práctica común y, en el periodo que va de 1995 a 2001, este Centro de Derechos Humanos tiene documentado en la zona Norte del estado la desaparición forzada de 32 hombres y cinco mujeres por el actuar del grupo paramilitar “Desarrollo Paz y Justicia” (Paz y Justicia) cuyas acciones respondían a un plan de contrainsurgencia vigente desde 1994, con la finalidad de acabar con las Bases de Apoyo del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional y sus simpatizantes.

En ese entonces Paz y Justicia actuaba en contra de la población civil en los municipios de Tila, Tumbalá, Sabanilla, Yajalón, Salto de Agua y se caracterizó por la violencia utilizada a través de emboscadas, desplazamiento forzado, desapariciones forzadas, asesinatos, violaciones sexuales, torturas, la cual fue denunciada reiteradamente en su momento por este Centro de Derechos Humanos.

En una política contrainsurgente, similar a la descrita anteriormente, el 13 de noviembre de 2006, en Viejo Velasco, en el municipio de Ocosingo, Chiapas, la comunidad fue emboscada por civiles armados identificados como Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC) acompañados por 300 elementos de la seguridad pública, resultando el asesinato de cuatro personas y la desaparición forzada de Mariano Pérez Guzmán, Miguel Moreno Montejo, Pedro Núñez Pérez y Antonio Peñate López, también conocido como Juan Peñate Montejo.

En este escenario, cabe resaltar que en el ámbito internacional el Estado mexicano figura como uno de los principales impulsores de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas; el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, entre otros instrumentos internacionales en la materia. Lo paradójico es que ha realizado reservas muy claras en cuanto al fuero militar, por lo que a través de éstas, sigue permitiendo violaciones a derechos humanos perpetradas por efectivos militares, además de haber cerrado la fiscalía especial para investigar los crímenes del pasado y no efectuar las investigaciones adecuadas por la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez integrantes del Ejército Popular Revolucionario; así como mantener en la impunidad las desapariciones forzadas de las personas migrantes que cruzan el territorio mexicano.

Con respecto a la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, el gobierno mexicano estableció como reserva el no reconocimiento de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada, instituido para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por las víctimas, sus familiares o representantes. Esta decisión es incompatible con la naturaleza misma del tratado y deja ver nuevamente la falta de voluntad política para emprender acciones reales para abatir y erradicar dicha práctica.

Lo que hemos constatado, a través de los casos de desaparición forzada de personas que ha documentado este Centro de Derechos Humanos, el gobierno mexicano, no respeta, ni protege, ni garantiza, en el ámbito nacional, los derechos humanos que ratifica ante la comunidad internacional, lo cual demuestra la ineficacia del sistema de justicia y la falta de voluntad a encontrar el paradero de las víctimas de estos hechos de crímenes de lesa humanidad.

Ante la situación anteriormente descrita, exigimos la aparición con vida de:

Amado Gómez Torres, desaparecido forzadamente el 7 de mayo de 1996, en Unión Juárez, Sabanilla.

Antonio González Méndez, desaparecido forzadamente el 19 de enero de 1999, en El Calvario, Sabanilla.

Basilio Gutiérrez López, desaparecido forzadamente el 6 de junio de 2001, en Misopá Chinal, Tila.

Braulio López Pérez, desaparecido forzadamente el 14 de julio de 1995, Tila.

Cándido Vázquez Sánchez, desaparecido forzadamente el 30 de septiembre de 1994 en El Crucero, Tila.

Carmelino Pérez Jiménez o Carmelo Pérez López, desaparecido forzadamente el 5 de junio de 1996 en Los Moyos Sabanilla.

Carmelino Vázquez Sánchez, desaparecido forzadamente entre el 12 y 17 de junio de 1996 en Patastal, Tila.

Cruzindo Álvarez Jiménez, desaparecido forzadamente el 19 de junio de 1996 en Jesús Carranza, Sabanilla.

Domingo Jiménez Sánchez, desaparecido forzadamente el 2 o 3 de septiembre de 1996 en Rancho Santa Rosa, ejido Huanal, Tila.

Domingo Ortiz Gutiérrez, desaparecido forzadamente el 25 de junio de 1996 en Panchuc Corozil, Tila.

Domingo Pérez Martínez, desaparecido forzadamente en junio o julio de 1996, zona Norte.

Emilio Martínez Pérez, desaparecido forzadamente el 10 de septiembre de 1996, en Masojá Grande, Tila.

Encarnación Pérez Pérez, desaparecido forzadamente el 12 de agosto de 1996 en Masojá Chico, Tila.

Fernando López Martínez, desaparecido forzadamente el 19 de junio de 1996 en Jesús Carranza, Sabanilla.

Florencio Gutiérrez Vázquez, desaparecido forzadamente el 3 de junio de 1996 en zona Norte.

Florentino Pérez Sánchez, desaparecido forzadamente el 14 de julio de 1995 en el municipio Tila.

Guadalupe Hernández Jiménez, (indígena Chol) desaparecido forzadamente el 4 de junio de 1996, Los Moyos, Sabanilla.

Guadalupe Sánchez López, desaparecida forzadamente el 25 de junio de 1995 en Pachuc Corozil, Tila.

Gustavo Hernández Parcero, desaparecido forzadamente el 14 de julio de 1995, en El Crucero, Tila.

Hermelinda Pérez Torres, desaparecida forzadamente el 21 de junio de 1996, en Miguel Alemán, Tila.

Juan Ramírez Torres, desaparecido forzadamente el 4 o 5 de junio de 1996, en Miguel Alemán, Tila.

Lorenzo García García, desaparecido forzadamente el 20 de noviembre de 1994, Tzaquil, Tila.

María López Méndez, desaparecida forzadamente el 24 de marzo de 1995, Emiliano Zapata, Tumbalá.

María Rebeca Pérez Pérez, desaparecida forzadamente el 12 de agosto de 1996, Masojá Chico, Tila.

Mateo Arcos Guzmán, desaparecido forzadamente el 1 de agosto de 1997, Aguascalientes, Tila.

Mateo Jiménez López, desaparecido forzadamente el 24 de mayo de 1996, Usipá, Tila.

Mateo Méndez Jiménez, desaparecido forzadamente el 24 de mayo de 1996, Usipá, Tila.

Miguel López López, desaparecido forzadamente el 4 de septiembre de 1996, municipio Tila.

Miguel Parcero Parcero, desaparecido forzadamente el 1 de agosto de 1997, 1 de Enero de 1997.

Minerva Guadalupe Pérez Torres, desaparecida forzadamente el 20 de junio de 1996, Miguel Alemán, Tila.

Oscar Jiménez Jiménez, desaparecido forzadamente el 19 o 20 de junio de 1996 en Pachuc Corozil, Tila.

Pascual Ortiz Sánchez, desaparecido forzadamente el 25 de junio de 1995, Panchuc Corozil, Tila.

Pascual Ramírez Gómez, desaparecido forzadamente el 14 de julio de 1995, municipio Tila.

Pedro Álvaro Arcos, desaparecido forzadamente el 14 de julio de 1995, municipio Tila.

Ramón Ramírez López, desaparecido forzadamente el 14 de julio de 1995, municipio Tila.

Sebastián Vázquez Martínez, desaparecido forzadamente el 14 o 15 de agosto de 1996, municipio Tila.

Gerónimo Gómez López, desaparecido forzadamente el 20 de diciembre de 2000 en Simojovel.

José Hidalgo Pérez, desaparecido forzadamente el 10 de junio de 1999, San Cristóbal de Las Casas.

Antonio Guzmán González, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Prado, Ocosingo.

Fernando Ruiz Guzmán, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Prado, Ocosingo.

Marco Guzmán Pérez, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Prado, Ocosingo.

Doroteo Ruiz Hernández, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Prado, Ocosingo.

Diego Aguilar Hernández, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Prado, Ocosingo.

Eliseo Hernández Cruz, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Prado, Ocosingo.

Eusebio Jiménez González, desaparecido forzadamente en enero de 1994, San Juan,

Ocosingo.

Santiago Pérez Méndez, desaparecido forzadamente en enero de 1994, San Juan, Ocosingo.

Marcos Pérez Córdoba, desaparecido forzadamente en enero de 1994, San Juan, Ocosingo.

Juan Mendoza Lorenzo, desaparecido forzadamente en enero de 1994, San Miguel, Ocosingo.

Elíseo Sánchez Pérez, desaparecido forzadamente en enero de 1994, San Miguel, Ocosingo.

Leonardo Méndez Sántiz, desaparecido forzadamente en enero de 1994, La Garrucha,

Ocosingo.

Carmelo Méndez Méndez, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Carmen Pataté, Ocosingo.

Javier Hernández López, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Carmen Pataté,

Ocosingo.

Enrique González García, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Patiwitz, Ocosingo.

Marcelo Pérez Jiménez, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Patiwitz, Ocosingo.

Manuel Sánchez González, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Patiwitz, Ocosingo.

Nicolás Cortez Hernández, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Patiwitz, Ocosingo.

Vicente López Hernández, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Patiwitz, Ocosingo.

Javier López Hernández, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Nuevo Suchilá,

Ocosingo.

Alejandro Sánchez López, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Galeana, Ocosingo.

Enrique Hernández Vázquez, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Martinica, Ocosingo.

Juan N, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Ibarra, Ocosingo.

Floriberto López Pérez, desaparecido forzadamente en enero de 1994, La Sultana, Ocosingo.

Pedro López García, desaparecido forzadamente en enero de 1994, La Sultana, Ocosingo.

Alfredo Sánchez Méndez, desaparecido forzadamente en enero de 1994,, La Sultana,

Ocosingo.

Santiago Ramírez Hernández, desaparecido forzadamente en enero de 1994, San Juanito, Ocosingo.

Apolinar López López, desaparecido forzadamente en enero de 1994, San Francisco,

Ocosingo.

Rogelio García García, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Carmen Chiquito,

Ocosingo.

Silverio Gómez Alvarez, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Norte de Chiapas, Ocosingo.

Bartolo Pérez Cortés, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Prado, Ocosingo.

Marcos Gómez Velasco, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Chanal, Ocosingo.

Arturo Aguilar Jiménez, desaparecido forzadamente en enero de 1994, Yaxkul, Ocosingo.

Francisco Gómez Hernández, desaparecido forzadamente en enero de 1994, La Sultana, Ocosingo.

Mariano Pérez Guzmán, Miguel Moreno Montejo, Pedro Núñez Pérez y Antonio Peñate López, también conocido como Juan Peñate Montejo, desaparecidos forzadamente el 13 de noviembre de 2006 en Viejo Velasco, Ocosingo.

Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos forzadamente el 24 de mayo de 2007, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

Los y las migrantes desparecidas forzosamente en territorio mexicano.

1 Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/Tratados/a-60.html

Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Disponible en: http://www2.ohchr.org/spanish/law/disappearance-convention.htm

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Disponible en: http://www.derechos.net/doc/tpi.html


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