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En su retirada, el tricolor pretendió atribuir al panista Javier Corral, presidente de la Comisión de Gobernación, la falta de un documento base para el proyecto de dictamen, pero el legislador entregó copias de la transcripción de reuniones en las que priístas –en especial Claudia Ruiz Massieu, sobrina del ex presidente Carlos Salinas– se negaron a que el documento se aprobara en febrero.
En la versión del 23 de febrero de la reunión de la mesa directiva de la comisión –donde participan los diez secretarios y el presidente–, Ruiz Massieu adujo: “La Ley de Seguridad Nacional creemos que va caminando en un terreno que no está listo… si la forzamos y la llevamos muy pronto a la comisión vamos a matar la viabilidad de una ley que es prioritaria. Y si la apresuramos, la vamos a matar”.
Mes y medio después, el PRI quiso dar lo que en la sesión el diputado Porfirio Muñoz Ledo (PT) definió como “un segundo intento de albazo de Francisco Rojas, un rojazo, pero aun así debemos estar alertas, porque aun cuando ya retiraron este proyecto con el que el PAN se dejó encandilar creyendo que le convenía al Presidente, lo pueden volver a intentar”.
Reparto de culpas
Para sacudirse la responsabilidad, Ruiz Massieu y otros priístas retaron a Corral a convocar de inmediato a una sesión de la comisión para comenzar el proceso parlamentario, y minutos después el legislador panista aceptó el lance y citó a reunión para hoy a las 9 de la mañana.¡A mí no me van a hacer perro del mal!, les reviró Corral desde su curul.
No obstante, en el tricolor se confirmó que la demanda para que la comisión sesione fue sólo para crearse una salida política y en ese intento logró que el pleno modificara el turno de la minuta, para que ésta sea revisada sólo por las comisiones de Gobernación, Defensa y Derechos Humanos, presidida ésta por Humberto Benítez Treviño (PRI), y dejó fuera a las de Justicia y Seguridad Pública, que presiden legisladores panistas.
Asimismo, para presionar al PRI a admitir un debate público de la reforma, el coordinador del PRD, Armando Ríos Piter, exigió que la Junta de Coordinación convoque a una consulta con organismos defensores de derechos humanos y expertos; que las comisiones dictaminen en la segunda semana de mayo, y la Comisión Permanente convoque a un periodo extraordinario la última semana de ese mes.
La decisión del PRI de recular en su intento de aprobar fast track el proyecto que redactaron Alfonso Navarrete Prida, Ruiz Massieu y Rogelio Cerda, se tomó en plenaria matutina de la bancada en la que –de acuerdo con legisladores presentes– ninguno de los oradores que participaron habló en favor de regular losoperativos militares.
El acuerdo de la bancada tuvo como base también los tiempos electorales para la sucesión en el estado de México, y aunque la noche del martes el coordinador, Francisco Rojas Gutiérrez, aseguró que darían el debate con la izquierda, ayer optaron por no cederle una bandera que pudiera utilizar en la campaña para gobernador en aquella entidad.
También se tomó en cuenta el diferendo con el grupo parlamentario del PRI en el Senado y se evaluó que, de votar los cambios a la minuta, ésta ya no podría ser analizada por los senadores, a quienes les habrían dejado la negociación de los ajustes a la Ley de Seguridad Nacional con el gobierno federal y las fuerzas armadas.
Los cambios que pretendía introducir el tricolor permitían que el Ejército y la Marina realizaran labores de inteligencia y contrainteligencia; recabar información de la ciudadanía en retenes y suspender el tránsito libre de personas y mercancías; realizar tareas de espionaje telefónico, previa autorización judicial, y permanecer con operativos de combate al narcotráfico todo el tiempo que el Presidente de la República lo considerara necesario.
Casi a la una de la tarde, luego de una discusión de tres horas en la plenaria, Navarrete Prida confirmó que la minuta no sería votada en el periodo de sesiones que concluye, y que se buscará un marco legal para las fuerzas armadas que no afecte derechos humanos ni le conceda atribuciones extraordinarias al Presidente.
Pero también acotó: Seguimos en la posición de tener una buena Ley de Seguridad Nacional, por difícil que sea de abordar el tema; queremos una ley que cumpla con los principios constitucionales y proteja derechos humanos de los ciudadanos. Y no vamos a entrar en el juego del caldo de cultivo político-electoral, como desafortunadamente sucede en otras fracciones parlamentarias.
Asimismo, en entrevista, la coordinadora del Partido Acción Nacional (PAN), Josefina Vázquez Mota, confirmó el interés de su bancada en votar la reforma, y dijo que en la negociación del proyecto los panistas hemos tenido un diálogo permanente, no sólo con las fuerzas armadas, sino con la sociedad civil.
Tapachula Chiapas.- El presidente de la Asociación de Comerciantes Establecidos, Propietarios de Inmuebles de Tapachula (ACEPITAP), Alfredo Aguilar Montejo, pidió a vialidad municipal que brinde capacitación a los agentes de parquímetros, ya que en ocasiones sin sentido o razón sancionan a los conductores centroamericanos, especialmente, a guatemaltecos que vienen a la ciudad para adquirir mercancía.
"Es necesario que a los policías, encargados de los parquímetros, les den capacitación para que el turismo y la población tapachulteca reciba un buen trato, pues ya se ha vuelto una constante la descortesía empleada por estos elementos", declaró.
Mencionó que varios de los agentes de parquímetros también conocidos como "periquitos", debido a su indumentaria, se aprovechan de los centroamericanos que visitan el centro de la ciudad, pues en ocasiones no saben que tienen que pagar el parquímetro, por lo que les quitan las placas de los vehículos, situación que retrasa el viaje de los turistas y los envuelve en problemas burocráticos.
Pidió a los agentes de parquímetros dar un mejor trato a los turistas centroamericanos, de quienes dependen varios sectores de la población, además de tratarse de visitantes que vienen a comprar y a generar derrama económica.
Dijo que es necesario que exista mayor seguridad en algunas áreas del centro de la ciudad, por lo que confió que el Ayuntamiento pueda resolver los problemas viales que existen y brinde capacitación a todo su personal.
Además, insistió que Vialidad Municipal debe atender el problema de transporte foráneo que tiene sus bases en el centro de la ciudad, lo cual aumenta el tráfico vehicular.
Aguilar Montejo, consideró que es necesario enviar al transporte foráneo "a la terminal que prácticamente le falta poco para concluir, desconocemos por qué no se echa a andar, para evitar el caos vial".
Mencionó que también deben reubicar el transporte urbano, el cual se encuentra sobre la 10ª Norte, por lo que confió que en breve haya buenas noticias al respecto.
Asimismo, expuso que los comerciantes del centro propusieron que se coloquen cada tres cuadras paradas exclusivas, porque "no es posible que las combis se paren donde sea, aunque es un problema que se ha heredado a esta administración".
Aguilar Montejo, manifestó que también es necesario que el transporte del Tapachulteco, que cubre la ruta de Laureles, debería de concluir en el edificio consular.
"Ahí dice que termina la ruta en el edificio consular, no sé porqué lo desviaron al centro, hay que reubicarlo", dijo.
Instó a Vialidad Municipal a sancionar a las unidades pesadas o de doble redila que ingresan por las mañanas y tardes a descargar mercancía.
Por último, dio a conocer que "nunca se ha respetado la hora de carga y descarga, por eso estamos pidiendo en esta administración que se aplique el reglamento, que marca que no deben entrar por las horas del día, sólo de las ocho de la noche a las siete de la mañana", con excepción de autobuses turísticos.
Tapachula, Chiapas 27 de abril de 2011- “No hay ninguna relación del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) que encabeza Andrés Manuel López Obrador, con Pablo Salazar ni con Rubén Velázquez” dijo categóricamente Pío López Obrador, durante una conferencia de prensa donde dio a conocer las fechas de arribo de Andrés Manuel López Obrador en esta entidad.
En los últimos días algunos medios informativos han señalado que Pablo Salazar y Rubén Velázquez podrían ser apoyados por Andrés Manuel López Obrador y su movimiento para que estos figuren como candidatos en algunos puestos de elección popular, sin embargo el representante en Chiapas de MORENA descartó de manera tajante que AMLO y su movimiento vayan apoyarlos en sus supuestas aspiraciones porque dijo “no tendrían cabida personajes muy repudiados por la sociedad”.
Los señalamientos que indican una relación de AMLO con estos personajes no tienen base, no tienen fundamento, dijo pero manifestó desconocer si estos personajes han tenido acercamientos con partido político alguno. El dirigente estatal del PT, Neftali Pérez Flores, quien acompañó a Pío en la rueda de prensa, confirmó que ni a nivel estatal ni a nivel nacional ha habido algun planteamiento sobre la mesa en torno a las aspiraciones de estos personajes, cuyas afirmaciones -expresó- parecen formar parte de una guerra sucia en la que ellos no ocupan su tiempo por estar concentrados en el fortalecimiento de MORENA
Señaló que Andrés Manuel López Obrador encabezará un evento en el Parque Central Miguel Hidalgo de la ciudad de Tapachula el día miércoles 4 de mayo, a las 5 de la tarde; mientras que el día jueves 5 de mayo, a la misma hora, encabezará un acto similar en el Parque Bicentenario de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
Dentro de los objetivos de su visita a Chiapas, señaló que es “fortalecer la lucha del Movimiento Regeneración Nacional y hacer que más hombres y mujeres libres se sumen y participen de manera pacífica, consciente y organizada en la construcción del México que todos queremos, porque estamos plenamente convencidos que solamente unidos y organizados podremos derrotar a la mafia del poder y del dinero que tiene sumido a México en una de las peores crisis de su historia.”
El Movimiento Regeneración Nacional #Morena en Chiapas invita a los ciudadanos de Tapachula a la Magna Concentración, con motivo de la visita del Lic. Andrés Manuel López Obrador en el Parque Central Miguel Hidalgo de esta ciudad las 17:00 horas.
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- Labastida: habría Estado policial-militar con la Ley de Seguridad
La Ley de Seguridad Nacional confrontó al Senado con la Cámara de Diputados. Ayer, legisladores de PRI, PRD, PT, Convergencia y PVEM advirtieron que no avalarán las modificaciones que se pretenden hacer en San Lázaro a esa legislación. El priísta Francisco Labastida Ochoa recalcó que no pueden avalar un proyecto de ley que avanza hacia un régimen policíaco-militar.
La bancada del PRD advirtió que convocará, junto con los diputados perredistas y legisladores de otros partidos, a formar un bloque opositor que frene el intento del grupo de diputados afines al gobernador Enrique Peña Nieto de militarizar el país.
Labastida Ochoa dijo que se oponen a los cambios que otorgan al Presidente de la República la posibilidad de declarar por su cuenta, sin intervención del Congreso, estados de excepción en prácticamente cualquier región del país, con el pretexto de combatir al narcotráfico.
La base jurídica para que el Ejecutivo haga uso del Ejército abre la puerta a la violación de derechos humanos y libertades políticas, recalcó el ex candidato presidencial.
Los priístas discutieron internamente el tema y el senador Jesús Murillo Karam, quien participó en la negociación y la elaboración del dictamen de la Ley de Seguridad Pública, dijo a sus compañeros que no pueden aceptar en forma alguna el cambio radical que se pretende hacer en San Lázaro ya que, entre otras cosas, rompe el pacto federal.
En público, los senadores priístas evadieron confrontarse con los diputados de su partido, pero en la reunión previa a la sesión ordinaria, a puerta cerrada, expresaron su molestia por la decisión de pasar por encima del consenso logrado en el Senado, por el cual se que legaliza de forma temporal la participación del Ejército en el combate al crimen organizado, pero cuida que no se violen derechos humanos.
El grupo parlamentario del PRD anunció que impulsará un bloque legislativo opositor con senadores de las otras fuerzas políticas, incluso del PAN, si finalmente, en un arranque de locura legislativa, se aprueba el dictamen elaborado en San Lázaro.
El coordinador del PRD, Carlos Navarrete, afirmó que detrás del intento de congraciarse con las fuerzas armadas está el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, quien desde 2009 tiene el control del PRI en la Cámara de Diputados, ordena qué leyes se aprueban y actúa como si hubiera ganado ya la Presidencia de la República y tuviera el control del Ejército.
En conferencia de prensa en la que participó la diputada Leticia Quezada, resaltó que los dos grupos parlamentarios del PRD trabajarán en forma conjunta para impedir que se apruebe ese proyecto, que otorga a las fuerzas armadas facultades de investigación, atribuciones para retener a presuntos delincuentes detenidos, realizar cateos sin orden judicial y lanzarse contra movimientos sociales, puntos que el Senado eliminó.
El senador Silvano Aureoles (PRD) recordó que el propio secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, trató de convencerlos de que avalaran esos puntos, que se excluyeron del dictamen aprobado en Xicoténcatl hace un año.
Los perredistas señalaron que incluso llamarán a la movilización social para detener la aprobación del dictamen de la Cámara de Diputados.
El senador petista Ricardo Monreal coincidió con esa postura, mientras el coordinador del PVEM, Arturo Escobar, lamentó que en la Cámara de Diputados no se trate la Ley de Seguridad Nacional con la seriedad que se hizo en el Senado.
El senador Tomás Torres (PRD) destacó que el dictamen que impulsa el diputado priísta Alfonso Navarrete nulifica la iniciativa que el presidente Calderón envió al Senado para reformar el fuero militar, con el propósito de cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca del caso del guerrerense Rosendo Radilla, quien desapareció en un retén militar hace más de 36 años.
Ley de Seguridad: los chantajes del calderonismo
Jesusa Cervantes
La diputación priista se dispone a aprobar esta semana reformas a la Ley de Seguridad Nacional que, propuestas por la Sedena, habían sido consideradas violatorias de las garantías individuales. Fuentes castrenses, del PRI y del Senado –cuya minuta están modificando los diputados– dieron a conocer la causa del viraje: El Poder Ejecutivo ha integrado “expedientes negros” de gobernadores priistas vinculados con “actividades ilícitas”, y varios generales advirtieron al nuevo dirigente del Revolucionario Institucional, Humberto Moreira, que si no eran aprobados los cambios propuestos por el Ejército, dichos expedientes serían publicados...
MÉXICO, DF., 25 de abril (Proceso).- Los diputados federales del PRI pretenden aprobar una nueva Ley de Seguridad Nacional que da sustento jurídico a la intervención de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado, que otorga autonomía al Ejecutivo federal para autorizar la presencia de militares y que, “de manera encubierta”, permite declarar estados de sitio o de excepción que suspenden temporalmente las garantías individuales.
Luego de que el PRI –partido que con sus 237 votos puede dictar agenda y condicionar aprobación de leyes en la Cámara de Diputados– se mostró renuente a respaldar propuestas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), terminó aceptando todos los cambios que demandaba la Sedena, a pesar de que algunos los había considerado “inaceptables” o generadores de una “alta politización” que haría difícil el tránsito de la nueva ley en el pleno.
El viraje del PRI, de acuerdo con tres fuentes consultadas por Proceso, habría sido provocado por la amenaza del Poder Ejecutivo de dar a conocer los llamados “expedientes negros” que está elaborando en contra de actuales gobernadores priistas por su presunta participación en actividades ilícitas. Proceso constató esta versión por tres fuentes de información distintas que participaron en la negociación: sector castrense, PRI y Senado.
La minuta de reforma a la Ley de Seguridad Nacional llegó el 28 de abril de 2010, pasó ocho meses en “la congeladora” y, para diciembre de 2010, el presidente de la Comisión de la Defensa Nacional, Ardelio Vargas, concluyó, junto con la Sedena, un nuevo documento que el PRI no se decidió a respaldar.
Al arribo de Humberto Moreira a la dirigencia nacional del PRI, el 4 de marzo pasado, los priistas reactivaron las negociaciones y entraron en contacto con altos mandos militares, entre ellos el general de División Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, subsecretario de la Sedena.
Pero no fue sino hasta el 6 de abril –de acuerdo con las fuentes castrenses– cuando Moreira tuvo una comida con algunos generales que veladamente le advirtieron las consecuencias de no aprobar la Ley de Seguridad Nacional: la publicación de los expedientes.
Menos de una semana después, el 11 de abril, el encargado de llevar las negociaciones desde un inicio por parte del PRI, el diputado del Estado de México Alfonso Navarrete Prida, llegó a la Secretaría de Gobernación con el nuevo documento de 81 cuartillas, según el cual el PRI avala sin corchete alguno cada una de las propuestas del Ejecutivo Federal y de las Fuerzas Armadas.
No obstante, entre los negociadores se advirtió que a pesar de que el PRI avaló todas las demandas, no hay garantía de que “la amenaza de los expedientes” haya sido retirada.
El inicio
El 6 de diciembre de 2006, Felipe Calderón Hinojosa declaró “la guerra” al narcotráfico y el día 7 envió al Ejército a combatirlo en Michoacán, a partir de lo cual la presencia del sector castrense se ha ido extendiendo a todo el país.
El 8 de mayo de 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia que autoriza al Ejército y a la Marina a “auxiliar” en el combate al crimen organizado.
Luego, el l9 de marzo de 2008, el general secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván, demandó una ley que dé seguridad nacional y no una legislación que sólo otorgue al Ejército el papel de policía.
Al año siguiente, el 23 de abril de 2009, Felipe Calderón envió una propuesta de reforma al Senado de la República, en donde quedó congelada durante un año para ser aprobada en abril de 2010 y llegar a la Cámara de Diputados ese mismo mes.
Después de que el diputado con licencia Ardelio Vargas “rehízo” con las fuerzas castrenses la minuta del Senado, el PRI detuvo cualquier negociación. Proceso dio a conocer en diversos números lo que el Ejército demandaba (ediciones 1747, 1748, 1771 y 1795).
Poco antes de concluir su periodo al frente del PRI, Beatriz Paredes Rangel reactivó las pláticas con los militares. El 21 de febrero de 2011, Navarrete Prida sostuvo un encuentro con el subsecretario de la Sedena, general de división Carlos Demetrio Gaytán, algunos elementos de la Marina y el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Julián Hernández. Por parte del PRI participó Claudia Ruiz Massieu.
La intervención del funcionario de Gobernación se produjo luego de que Navarrete exigió seriedad en el tema y que acudiera “alguien que tuviera capacidad de decisión”, según revelaron fuentes de la Cámara de Diputados.
Al día siguiente, el 22 de febrero, Navarrete Prida y el subcoordinador del PAN, Carlos Alberto Pérez Cuevas, acordaron impulsar un documento para que la minuta fuera “dictaminada” por una sola comisión y no por las cinco en que se encuentra (Defensa, Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Derechos Humanos), con el fin de agilizar su discusión en el pleno.
En paralelo, a la Sedena llegaron versiones de que el PRI, “molesto porque el apoyo de las fuerzas castrenses al gobierno de Felipe Calderón en su guerra contra el narcotráfico se había traducido en respaldo electoral de la ciudadanía al PAN”, según revelaron fuentes castrenses, habría elaborado un documento en donde se solicitaría el enjuiciamiento de las Fuerzas Armadas y del presidente de la República por haber incurrido en posibles violaciones a los derechos humanos.
Enfadados, los principales mandos de la Sedena pidieron un encuentro con el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín –cercano a Beatriz Paredes–, el 1 de marzo de 2011, para solicitar una definición del Poder Legislativo en torno a la ley. (Proceso dio detalles del encuentro en su número 1795.)
Ahí, el propio presidente de la Mesa Directiva consideró difícil que se aprobara la reforma en el actual periodo ordinario, que concluye el próximo 30 de abril. Sin embargo, esa primera semana de marzo la posición del PRI empezó a virar.
La amenaza
A uno de los grupos políticos fuertes dentro del PRI llegó la versión de que la Procuraduría General de la República preparaba expedientes políticos en contra de gobernadores priistas, revelaron fuentes de ese partido.
Luego de que, el 4 de marzo, Humberto Moreira asumió la presidencia nacional del PRI, su primera decisión fue intensificar las negociaciones con el sector castrense, pero a las pláticas, que se realizaban en la Secretaría de Gobernación y no en la Cámara de Diputados, dejaron de asistir tanto el priista Navarrete Prida como la Sedena debido a que Gobernación destituyó a su subsecretario de Enlace. Sólo los asesores de cada una de las partes leía y releía el documento de la Sedena y las observaciones de los priistas, sin llegar a nada.
El 14 de marzo, día en que se nombró al nuevo subsecretario de Enlace, Rubén Fernández Aceves –quien fue titular del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública–, los principales representantes del PRI, Alfonso Navarrete Prida, Claudia Ruiz y un par de generales de la Sedena intensificaron su presencia en las negociaciones.
Alberto Pérez Cuevas, vicecoordinador del PAN, dijo en entrevista que a partir de ese día el camino se facilitó y que incluso Francisco Blake Mora participó en varios encuentros.
Ya el 17 de marzo la estrategia del gobierno federal para lograr la aprobación de la nueva ley habría sido modificada, según las fuentes castrenses y los propios priistas. A oídos del grupo negociador del PRI llegó de nuevo la versión sobre los expedientes inculpatorios, sólo que en esa ocasión la amenaza fue más contundente:
“Nos dijeron que esos expedientes de varios gobernadores los darían a conocer una vez que se supiera el nombre del ganador al gobierno del Estado de México. Esto tendría dos efectos: uno, pegarle al PRI en general, y el otro, golpear al aún gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, por ser el puntero en la carrera presidencial”, reveló un funcionario del PRI.
A pesar de ello, el grupo de técnicos de la Sedena y del PRI se volvió a reunir en Gobernación. Curiosamente, el 23 de marzo, allegados a la negociación comentaron que “ya se desatoró y sólo estamos en algunas definiciones”. Y no fue otra cosa que el ver cómo conciliaban las observaciones que el PRI hacía a varias de las propuestas de la Sedena, en el sentido de que aceptarlas generaría grandes “debates políticos”.
El miércoles 6 de abril, un general comentó a Proceso que la nueva ley “pasaría” sólo si ocurriera algo extraordinario. ¿Cómo qué podría ser?, se le preguntó, a lo que respondió con una ligera sonrisa: “Las elecciones del Estado de México, ¿no?”, sin agregar nada más.
Ese mismo 6 de abril, el presidente nacional del PRI, Humberto Moreira, participó en una comida con algunos “altos mandos” de la Sedena para discutir la reforma. Al término del encuentro, uno de los generales –se pidió no dar a conocer su nombre– dejó caer una hoja con el membrete de la Sedena donde se hacía un análisis de la presencia del narcotráfico en algunos estados del país bajo la complacencia de gobiernos priistas. Además, dejaron entrever que se contaba con toda la información al respecto.
Fuentes de la Sedena consultadas por Proceso revelaron que la confección de los “expedientes negros” sí está en curso; comentaron que la Sedena ofrece datos que ella tiene sobre el tema, que la PGR elabora los documentos y que algunos funcionarios del Poder Judicial “ayudan a sustentarlos”.
Coincidentemente, al día siguiente de la comida entre Moreira y generales de la Sedena, Enrique Peña Nieto sostuvo un encuentro con Felipe Calderón, y un día después el gobernador del Estado de México desayunó con el secretario particular del presidente de la República, Roberto Gil Zuarth.
Previamente, el 31 de marzo, representantes de la ONU recomendaron al gobierno mexicano que el Ejército se retire de las calles en su lucha contra el narcotráfico, debido a que las denuncias por violaciones a los derechos humanos se han incrementado. En 2006 contabilizaban 182 y para 2008 ya sumaban mil 230.
En respuesta, el gobierno federal, a través de Fernando Zamora Castro, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, dijo el 2 de abril que el Ejército seguirá en las calles; luego, el propio Calderón advirtió el 8 de abril que así será como “apoyo temporal y subsidiario”.
De manera desconcertante y contrario a su discurso beligerante contra el PAN-gobierno, el presidente nacional del PRI, Humberto Moreira, apoyó el 11 de abril a Calderón al declarar: “Sería un error regresar al Ejército a los cuarteles en este momento. Sin embargo, considero que sí es necesario revisar la estrategia de algunos puntos que están fallando”.
En sintonía con las expresiones de Moreira, el encargado de conducir las negociaciones por el PRI, el diputado Alfonso Navarrete Prida, arribó a las oficinas de la Secretaría de Gobernación ese mismo día; se reunió con el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Fernando Zamora Castro, y un par de generales de la Sedena para no sólo anunciarles que no habría más trabas de su partido a las peticiones del sector castrense, sino que además les entregaba “el predictamen” de 81 cuartillas sobre la reforma a la Ley de Seguridad Nacional.
Esto significaba que en dicho documento no sólo se incluían los artículos reformados, sino que en 45 cuartillas se hacía toda la justificación de los cambios y se asentaba el impacto presupuestario.
El PRI se doblega
Después de que el diputado con licencia Ardelio Vargas elaboró junto con el sector castrense los cambios a la minuta del Senado, el PRI se dio a la tarea de impulsar, en febrero de 2011, una nueva propuesta de reforma en donde “encorchetó varios de los cambios” propuestos e incluso señaló cuáles serían “intransitables”.
En la elaboración de la propuesta participaron, además de Alfonso Navarrete Prida, la diputada Claudia Ruiz Massieu, y antes, en un primer tramo, los senadores Jesús Murillo Karam y Pedro Joaquín Coldwell.
La minuta del Senado aprobada el 23 de abril de 2010 contenía aspectos como el que los militares fueran juzgados por la justicia civil cuando violentaran los derechos humanos o incurrieran en abusos; que las concentraciones de tipo laboral, social o político no fueran consideradas amenazas a la seguridad nacional; que la declaratoria de afectación (momento en que se acepta la participación del sector castrense) fuera emitida por el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión; pero además no definía los “obstáculos” como aquellos que atentan contra la seguridad nacional, no permitía establecer retenes ni tampoco hacer declaratorias de estado de excepción, entre otras cosas.
Antes de que dicha minuta se aprobara en el Senado, el general secretario Guillermo Galván Galván convocó el 7 de abril en el Salón de Usos Múltiples en la Sedena a los miembros de la Comisión de la Defensa Nacional de la Cámara de Diputados. Ahí les solicitó:
“Potestad para realizar cateos en persecuciones en flagrancia; poder para detener durante 24 horas a los presuntos culpables y someterlos a interrogación; potestad para tomar las huellas dactilares de quienes aprehenda; intervenir comunicaciones; rastrear o hackear páginas en internet; poder disolver concentraciones de vehículos (como las ocurridas en abril de 2010 en Tamaulipas y Nuevo León); que se puedan declarar zonas de excepción y eximir a las fuerzas militares de responsabilidad de sus actos, salvo que se les acrediten conductas intencionadas”, revelaron a Proceso asistentes a ese encuentro.
Nada de ello se incluía en la iniciativa que el Ejecutivo había enviado al Senado; sin embargo, cuando la minuta llegó a la Cámara de Diputados, el Ejército continuó su labor de cabildeo.
En octubre de 2010, la Sedena invitó a los mismos legisladores a una demostración del poder de armamento del crimen organizado y les habló de nuevo de lo que los militares deseaban incluir en la minuta del Senado que ya estaba en manos de los diputados.
Proceso informó de lo que molestaba al Ejército de la minuta del Senado por considerar que ciertos aspectos eran anticonstitucionales y porque los altos mandos militares no querían estar supeditados a las órdenes de las policías en el combate al narcotráfico. También se dieron a conocer los 10 puntos que pretendían incluir.
Justamente sobre estos puntos el PRI hizo observaciones. Por ejemplo, el aspecto más importante era que la Sedena planteaba que una vez declarada la afectación, “a juicio del Ejecutivo Federal”, se establecieran “medidas extraordinarias”. Aquí el PRI advertía que básicamente se estaba hablando, “de manera encubierta”, de un “estado de excepción”, y señalaba que incluir ese punto generaría una “alta politización”.
Otra observación que hizo el PRI se refería a la pretensión de que el Ejecutivo solicitara la intervención de los militares y utilizara “todos los recursos” de que dispusiera cuando lo considerara necesario y en tanto se hacía la declaratoria de afectación. Aunque aquí el PRI consideró “correcta” la atribución, señaló que para que ello ocurriera debían establecerse las causas urgentes y las circunstancias que ameritaran la intervención, pues “de otra forma se puede convertir en una acción sumamente peligrosa”. Por lo tanto, pidió que hubiera un marco “de control” para esas medidas.
El PRI fue claro al considerar que, desde “el punto de vista político, es de extrema sensibilidad y temor el aprobar un artículo como éste”.
Sobre las facultades de intervención de comunicaciones privadas que pidió la Sedena, el PRI sostuvo que es de “notoria improcedencia como está planteado, pues no tiene facultades constitucionales, sólo si es autoridad designada como responsable”. En todo caso, a una medida de ese tipo debía dársele temporalidad, con las causas que la justifiquen.
Y en cuanto a las “operaciones encubiertas” que pueden realizar los mandos castrenses, el PRI planteó que pueden ser un “peligro”, pues podrían darse en forma unilateral, sin autorización del titular de la Sedena. Además de que no se aclara cuáles son las “operaciones encubiertas”, señaló, este punto implica una “alta politización”.
Finalmente, “el predictamen” que el PRI entregó a Gobernación el 11 de abril, y que no se distribuyó entre todos los partidos políticos sino hasta el día 22, no incluye los cambios y observaciones que había aportado el PRI. Sólo presenta todo lo que la Sedena propuso y que fue registrado en un documento dado a conocer a los diputados federales en octubre de 2010, así como a Humberto Moreira, en abril de este año, cuando visitó las instalaciones de la Sedena.
El vicecoordinador legislativo del PAN, Alberto Pérez Cuevas, comenta que la Cámara de Diputados espera aprobar el documento el martes 26 de abril para que así lo puedan procesar hasta el día 30, fecha en que concluye el presente periodo de sesiones.
En entrevista telefónica, el senador del PRI Jesús Murillo Karam manifestó que la premisa de los cambios que ellos aprobaron fue que sirviesen “para garantizar a la ciudadanía el respeto a sus garantías y derechos humanos”, y aclaró que se “tuvo cuidado para que el accionar de las Fuerzas Armadas fuera del conocimiento del Congreso de la Unión y sobre lo que dice la Constitución”.
“Nos interesa que el prestigio del Ejército se mantenga y que su intervención sea regulada”, expresó.
–¿Aprobarán los cambios de la Cámara de Diputados a la propuesta de reforma?
–Si viene similar, es posible. Pero si se cambió todo, tendremos que analizar la modificación.
El diputado del PVEM, Pablo Escudero, planteó que los cambios son inaceptables, pero que si el PRI y el PAN los mayoritean “creo que el Senado no los verá con buenos ojos”.
Finalmente, por el PRD, la diputada Teresa Incháustegui dijo que la propuesta de reforma es inaceptable y que incluía todo lo que los generales habían pedido a los diputados. “Lejos de que las relaciones cívico-militares caminen a favor de la transición democrática, esto va en contrasentido”, sentenció.
Rocato, uno de los integrantes de esta organización, afirmó que una de las principales demandas de la próxima marcha del 8 de mayo hacia el Zócalo de ciudad de México, será que los militares regresen a sus cuarteles de manera inmediata, porque se ha demostrado que donde están es donde más muertos, violencia e inseguridad hay.
Indicó que el operativo efectuado en diciembre de 2009, en el que murió Arturo Beltrán Leyva, tuvo como resultado cientos de ejecuciones de morelenses que han quedado impunes.
Llamó a los diputados federales del PRI y del PAN a que retrocedan en su proyecto de dictamen sobre reforma a la Ley de Seguridad Nacional, en la que abren la posibilidad de que el Ejecutivo solicite y declare la intervención de las fuerzas armadas en contra de movimientos de carácter político, electoral, social o del trabajo, “cuando considere que constituyen un desafío o amenaza a la seguridad interior, porque se corre el riesgo que se atente contra el mismo pueblo.
“Expresamos de forma tajante nuestro rechazo a las reformas de la Ley de Seguridad Nacional presentadas en la Cámara de Diputados por preparar las estructura legal que daría paso a la creación de un Estado policiaco-militar.
Creemos que no es necesario crear leyes más duras, sino que se cumplan las que existen. El ciudadano común y corriente está hasta la madre de que sus derechos constitucionales sean pisoteados con el pretexto del combate al crimen organizado. Ya no queremos muertos, no queremos su guerra, exigimos nuestro derecho a vivir en un México justo y en paz, dijo.
En tanto, jóvenes de distintas organizaciones de Morelos convocaron a un congreso nacional que se llevará a cabo los días 28 y 29 de abril en esta ciudad, que se denominará: Los jóvenes en la emergencia nacional.
El acto se realizará en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas de esta ciudad y las mesas de trabajo abordarán temas como la militarización y violación de la soberanía nacional; la violencia e impunidad de género e infantil; la legalización y consumo responsable de drogas; la reforma laboral, el empleo, los ninis, campo y migración; la recuperación de espacios públicos; la democratización de medios de comunicación, y contenidos y presupuesto en la educación.
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| La Ley de Seguridad Nacional brinda el ejecutivo la capacidad de ocupar al ejercito contra movilizaciones sociales. Foto: Represión a estudiantes en 1968 |
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados afirmó que está dispuesto a asumir el costo político de aprobar la Ley de Seguridad Nacional que, a propuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional, concede al Presidente de la República la atribución de sofocar con el Ejército movimientos sociales, políticos, laborales y electorales, y decretar el estado de excepción en entidades o regiones del país.
Junto con Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) confirmó que desde la Junta de Coordinación Política gestiona con las comisiones de Defensa, Seguridad Pública, Justicia, Derechos Humanos y Gobernación para que sólo una o dos de ellas voten el dictamen y el resto se allanen, para tratar de que se vote esta misma semana.
No obstante, en la mesa directiva se consideró difícil que el documento entre al pleno en el actual periodo de sesiones, debido a la inconformidad que ha generado en el resto de las bancadas.
En conferencia de prensa, Alfonso Navarrete Prida (PRI) dijo que su grupo parlamentario está dispuesto a asumir los costos políticos de votar una reforma que, como publicó este diario la semana pasada, facilita al Ejecutivo el uso de tropas cuando considere que está en riesgo la seguridad interior. Incluso, el priísta acotó que si en los operativos se cometen abusos contra la población civil, ello será responsabilidad de la autoridad que los aplique y no resultado de una ley.
Al concluir ayer la segunda reunión para evaluar la propuesta de Navarrete Prida que modifica sustancialmente la minuta del Senado, diputados de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) informaron que se solicitó modificar el artículo 74, fracción VII, párrafo segundo del proyecto de dictamen, porque como está planteado abre la puerta para que las fuerzas armadas actúen contra protestas civiles.
Ese párrafo advierte: No procederá la declaratoria de afectación a la seguridad interior cuando la solicitud tenga su origen o causa para dar cumplimiento a requerimientos o resoluciones emitidas por autoridades administrativas o del trabajo; tampoco procederá por acciones relacionadas con movimientos o conflictos de carácter político, electoral o de índole social, excepto cuando las acciones derivadas de los mismos constituyan un desafío o amenaza en los términos del artículo 3 de esta ley.
Según Navarrete Prida, esa redacción “camina en la intención de prohibir que las fuerzas armadas puedan reprimir una manifestación pacífica y civil… salvo que de un asunto de éstos se rebase y constituya un obstáculo o amenaza” a la seguridad interior.
En contraste, el presidente de la Comisión de la Función Pública y secretario de la de Defensa, Pablo Escudero (PVEM), resaltó que en las observaciones al texto de Navarrete se insistió en dejar muy claro que las fuerzas armadas no pueden acometer movilizaciones civiles.
Además, debe definirse con precisión que en la declaratoria de afectación a la seguridad interior no pueden suspenderse las garantías individuales, declaró.
Teresa Incháustegui (PRD), secretaria de la Comisión de Seguridad Pública, afirmó que si PRI y PAN pretenden que el dictamen se vote sólo por una comisión, primero deben reunirse las mesas directivas de las cinco que tienen la minuta. De otra manera, la Junta de Coordinación no tiene capacidad de excluir a tres o cuatro de las comisiones, a menos que quiera pasar por encima del reglamento, dijo.
Expresó que aun cuando las bancadas priísta y panista argumentaron ayer que existen candados en la propuesta para evitar la violación de derechos humanos, es evidente que quieren criminalizar los movimientos sociales; además, no hay garantía de respeto a las garantías individuales, y los derechos quedan sujetos al protocolo de la declaratoria de riesgo a la seguridad interior.
Incháustegui aseguró que sería un despropósito que, aun con el riesgo que esas disposiciones representan, PRI y PAN aplicaran una mayoría mecánica para aprobar el dictamen.
Por su parte, Jaime Cárdenas Gracia (PT) consideró que el documento contiene al menos cuatro deficiencias constitucionales. Primera, el Consejo de Seguridad Nacional, que también tomará decisiones en torno a la declaratoria de estado de excepción, no está sujeto a revisión, y sus acuerdos no podrían combatirse con una controversia constitucional.
Segunda, la exposición de motivos incluye una definición muy libre sobre el estatus de guerra y de paz, al suponer que existe una etapa intermedia, con la que justifica la intervención militar.
Tercera: la posibilidad de intervención del Ejecutivo federal con operativos del Ejército y la Marina sin consultar a los gobernadores, a los congresos de los estados y a las presidencias municipales.
Y cuarta, la aplicación de detenciones, interrogatorios a civiles, allanamientos, retenes e investigación y persecución de delitos, que son atribuciones exclusivas del Ministerio Público.
Más aún, se entromete hasta en las atribuciones que son del Instituto Federal Electoral, al considerar que el consejo nacional realice campañas de cultura democrática, que corresponden a la autoridad electoral, afirmó.
El ex consejero electoral aseguró que, en suma, como está planteado el proyecto de dictamen concede un poder inmenso al Ejecutivo y al Consejo de Seguridad Nacional, y constituiría un golpe de Estado, porque además el presidente de la República puede ordenar la intervención militar en situaciones urgentes, sin el permiso del Congreso.
Tapachula Chiapas.- La muerte de dos bebés en el Hospital Regional de Tapachula ha provocado malestar e indignación entre sus familiares, quienes aseguran que perdieron la vida por negligencia médica.
El día martes, la señora Gladys Galindo llevó a su hija embarazada al nosocomio, debido a que presentaba dolores de parto, pero en el hospital no la quisieron atender, argumentando que no pasaría a más y la regresaron a su domicilio. Sin embargo, para el día Miércoles Santo todo era demasiado tarde porque el bebé ya había fallecido en el vientre de su madre, por el mal diagnóstico proporcionado.
Por otra parte, fue el Jueves Santo cuando Wilfrida Vázquez Martínez, manifestó que junto con su hija, a punto de dar a luz, acudieron al Hospital Regional para su atención y fue ahí que les informaron que llevarían a cabo una cesárea para que el nacimiento no tuviera complicaciones, pero resultó que por no haber quirófano disponible y hacer caso omiso a la labor de parto en el que la afectada se encontraba, el bebé falleció antes de nacer.
"Hace unos días se le había hecho un ultrasonido a mi hija y todo indicaba que estaba bien, sin embargo, empezó con dolores de parto, acudimos al Hospital General, donde desafortunadamente no fue atendida de manera correcta y se murió la criatura", expresó la madre de la afectada.
Menciona que ante tal hecho acudieron con el director del hospital, José Luis Guerrero Flores, pero éste ya se encontraba de vacaciones, por lo que se dirigieron con el subdirector Jovito Vivaldo Salazar, en busca de una respuesta ante tal hecho, sin embargo, la actitud de Jovito fue déspota y prepotente y expresó que hicieran lo que quisieran, pues a él no le importaba.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó hoy el asesinato del defensor de derechos humanos Javier Torres Cruz en Guerrero.
La CIDH pidió la adopción inmediata y urgente de todas las medidas necesarias a fin de garantizar la integridad física y seguridad de los familiares del defensor.
A través de un comunicado difundido este lunes en Washington, la Comisión también solicitó que esas medidas se hagan extensivas para todas las defensoras y defensores de derechos humanos en México.
La CIDH llamó a investigar el crimen, “esclarecerlo judicialmente y sancionar a los responsables materiales e intelectuales”, puntualizó.
Torres Cruz fue asesinado el pasado 18 de abril por hombres armados cerca de su comunidad, La Morena, en el municipio de Petatlán, Guerrero.
Según el comunicado, su muerte habría sido consecuencia de sus actividades de defensa del derecho a un medio ambiente sano en la sierra de Petatlán como integrante de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra del mismo nombre.
La CIDH ya había recibido información sobre presuntas amenazas, actos de hostigamiento y atentados que tanto Torres Cruz como varios miembros de su familia venían padeciendo desde 2007.
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COMUNICADO DE PRENSA
No. 35/11
CIDH CONDENA ASESINATO DE DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO
Washington, D.C., 25 de abril de 2011 - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato en México del defensor de derechos humanos Javier Torres Cruz, integrante e la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán. La CIDH insta al Estado mexicano a investigar este crimen, esclarecerlo judicialmente y sancionar a los responsables materiales e intelectuales.
Según la información recibida por la CIDH, el 18 de abril de 2011 Javier Torres Cruz fue asesinado por hombres armados cerca de su comunidad, La Morena, en el municipio de Petatlán, estado de Guerrero, México, presuntamente en relación con sus actividades de defensa del derecho al medio ambiente sano en la sierra de Petatlán. La información recibida también indica que su hermano Felipe Torres, quien lo acompañaba al momento de los hechos, resultó gravemente herido.
La Comisión Interamericana ha recibido información sobre presuntas amenazas, actos de hostigamiento y atentados sufridos por Javier Torres Cruz y varios de sus familiares desde 2007. La información recibida indica que el 3 de diciembre de 2008, Torres Cruz habría sido detenido ilegalmente por soldados del Ejército mexicano, y que éstos presuntamente lo entregaron a otras personas que lo habrían sometido a torturas durante varios días. Esta situación fue denunciada por Javier Torres Cruz ante la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero y ante el Ministerio Público.
La CIDH recuerda que es obligación del Estado investigar de oficio hechos de esta naturaleza y sancionar a los responsables. Asimismo, la Comisión insta al Estado de México a adoptar en forma inmediata y urgente todas las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de los familiares de Javier Torres Cruz, y para la debida protección de las defensoras y defensores de derechos humanos en el país.
Como ha señalado la Comisión anteriormente, los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos no solo afectan las garantías propias de todo ser humano sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad y sume en la indefensión a todas aquellas personas para quienes trabajan. La Comisión recuerda asimismo que la labor de defensores y defensoras es esencial para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera, y tienen un papel protagónico en el proceso para el logro pleno del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
• Javier Torres Cruz era un líder comunitario que había enfrentado al narco-cacique de la zona Rogaciano Alva Álvarez y a sus grupos de sicarios y era uno de los testigos clave en la investigación del asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido.
• En diciembre del 2008 fue retenido, secuestrado, torturado y desaparecido durante 10 días por miembros del Ejército Mexicano integrantes del 19 Batallón de Infantería, y desde esa fecha se encontraba bajo amenazas e intimidación constante por parte de efectivos militares.
El día de ayer lunes 18 de abril del 2011 a las 5:30 de la tarde, fue asesinado por un grupo de sujetos armados el campesino ecologistaJavier Torres Cruz, de 30 años de edad, Torres Cruz fue asesinado cuando transitaba por un lugar conocido como “Puerto de la Mosca”, paraje cercano a la comunidad de La Morena donde habitaba Javier con su familia.
Según la información proporcionada por familiares de Javier y por algunos testigos de los hechos, un grupo de sujetos armados atacó arteramente a Javier quien se trasladaba en compañía de su hermano Felipe Torres quien resultó herido en este ataque; cuando transitaban por el mencionado paraje, “Puerto de la Mosca” es ubicado y ha sido señalado como el lugar de operación de un grupo de sicarios al servicio de Rogaciano Alva Álvarez que son conocidos como “Los Arreola” por pertenecer a la familia de ese nombre.
Este ataque en contra de Javier Torres se circunscribe dentro de una serie de otras agresiones, amenazas y actos de intimidación en su contra desde el año 2007 cuando decidió declarar ante laProcuraduría General de Justicia del Distrito Federal para señalar a los responsables del asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido asesinada en el año 2001, a raíz de esa declaración y de su férrea denuncia pública en contra de las atrocidades y violaciones cometidas por el narco-cacique Rogaciano Alva Álvarez, y de su labor como ecologista en la región, tanto fuerzas militares como civiles armados dirigieron una serie de ataques que concluyeron el día de ayer con su muerte.
Es importante destacar el periodo de 10 días que permaneció desaparecido Javier Torres Cruz del 1 al 10 de diciembre del 2008, durante el cual fue torturado y amenazado de muerte por militares pertenecientes al 19 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano quienes según le externaron a Torres “actuaban para la gente de Rogaciano”, desaparición y tortura que nunca fue investigada por las autoridades competentes.
Otros hechos que se relacionan con las amenazas en contra de Javier se ubican durante el año 2009 cuando por lo menos en 6 ocasiones distintas, elementos del Ejército ingresaron a la comunidad de La Morena agrediendo a familiares de Javier y amenazándolo de muerte, todas estas violaciones así como las incursiones fueron denunciadas puntualmente, sin que hasta la fecha la autoridad competente haya resuelto algún caso.
La agresión más reciente y quizá la más grave antes del asesinato de Javier, se ubica el 16 de febrero de 2010 cuando de nueva cuenta elementos del Ejército Mexicano irrumpieron en las cercanías de la comunidad de La Morena abriendo fuego en contra de hombres y mujeres que trabajaban en el campo en ese momento, resultando asesinado Adolfo Torres Rosas y herido Isaías Torres Rosas(ambos primos de Javier), deteniendo arbitraria e injustamente aAnselmo Torres Quiroz (abuelo de Javier) y Húber Vega Correa(amigo de la familia), estos últimos dos permanecen hasta el día de hoy injustamente presos en el penal de Acapulco por presuntos delitos contra la salud, que les fueron fabricados por los militares en su incursión.
Estos hechos se denunciaron y actualmente está abierta una investigación en el Ministerio Público Militar bajo la Av Prev 27ZM/16/2010 para deslindar responsabilidades y sancionar a los militares que dispararon por la espalda contra un grupo de hombres y mujeres campesinos desarmados.
En todos estos hechos existen dos constantes, el uso de la fuerza y de la violencia por civiles armados y militares en contra de Javier Torres Cruz y su familia, y la ominosa complicidad de las autoridades estatales y federales para investigar y sancionar a los responsables.
El asesinato del campesino ecologista Javier Torres Cruz, no puede quedar en la impunidad por todo lo que representa, por haber tenido la fuerza, el coraje y el respaldo comunitario para denunciar los abusos y atrocidades del narco-cacique Rogaciano Alva Álvarez y por haber enfrentado y denunciado los abusos militares que se comenten en la sierra de Petatlán desde hace muchos años.
El gobierno del estado de Guerrero tiene que actuar inmediatamente para recabar las pruebas y los testimonios necesarios para detener, desarmar y desmovilizar al grupo conocido como “Los Arreola” quienes actúan bajo las órdenes del grupo criminal del cacique preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano.
Este asesinato lo haremos del conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Oficina del Alto Comisionado para los derechos Humanos de la ONU en México y de todas aquellas organizaciones civiles defensoras de derechos humanos que seguirán exigiendo castigo a los responsables, alto a la impunidad y alto a los abusos militares en Guerrero y en todo México.
ANAD / CCTI
FIN DEL REENVÍO
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"Por que ser defensor de los derechos humanos no es sinónimo de terrorista"
¡LIBERTAD PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA!www.comitecerezo.org / www.vientodelibertad.org / www.revistarevuelta.org
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Cockcroft ha publicado apenas, también en el Monthly Review, que “un volcán social está burbujeando en México. Casi la mitad de los votantes del país mostró su disgusto con los partidos políticos del país al mantenerse alejado de las urnas en las elecciones de julio de 2010. Todos los principales partidos políticos se han convertido en neoliberales y corruptos. Los movimientos sociales de base amplia se resisten a una ofensiva de la derecha, la cual, en 28 años de políticas económicas neoliberales, ha conducido a la creciente militarización del país. A raíz de la fraudulenta elección de 2006 de Felipe Calderón –Cockcroft maneja que AMLO ganó por casi 2 millones de votos al actual ocupante de Los Pinos--, de un reinado de terror desatado por medio de su inconstitucionalidad, desató una autoproclamada "guerra" contra los cárteles de la droga supuestamente involucrados en luchas internas sangrientas.”
Apunta que, además, las políticas económicas del neoliberalismo han sido genocidas, al causar “incontables muertes prematuras y ha generado la pobreza humillante para las tres cuartas partes de la población. Muchos en las clases medias han sido empujados hacia abajo a las filas de los pobres, cientos de miles de trabajadores han perdido sus puestos de trabajo, con estrategias de ‘trabajo flexible’ y antisindicales que se han convertido en la norma –aunque estén fuera de la ley--, y millones han sido obligados a emigrar…La agonía económica de las masas ha generado una creciente resistencia: las guerras de guerrillas y levantamientos locales violentos.
Washington ve en estos acontecimientos con los ojos funestos y aceita sus armas. Después de todo, México es el segundo socio comercial de los Estados Unidos y el tercer proveedor más grande del oro negro al gigante del norte.”
En este artículo, intitulado México: Estados Fallidos, Nuevas Guerras, Resistencia, Cockcroft revisa el papel jugado por EU en nuestras políticas internas: “Durante décadas, Washington ha vertido ayuda militar a México. En 2008 había seis mil tropas de EU en la frontera mexicana, y en 2010 el presidente Barack Obama decidió enviar más. En la frontera, el lado de EU está militarizado, como lo era antes y durante la Revolución Mexicana de 1910-1917 y periódicamente desde entonces. Los drones –aviones no tripulados—realizan vuelos de rutina en el espacio aéreo mexicano. En los Estados Unidos, los juegos de video ya muestran a tropas estadounidenses invadiendo a México.
“Estados Unidos a menudo ha enviado tropas y agentes a México. Hay una larga historia de participación de EU en los asuntos internos de la nación desde la toma sangrienta de la mitad del territorio de México --el resultado de la guerra imperialista de 1846-1848. Hoy la Alianza para la Prosperidad y Seguridad de América del Norte, organizada por los gobiernos de los Estados Unidos, Canadá y México en 2005, sirve como un arma militar. La Alianza es una ampliación del Plan Puebla-Panamá de 2001, cuyo objetivo fue la integración del sur de México con América Central y Colombia. En 2008, la Alianza se vio reforzada por la Iniciativa Mérida / Plan México, un tratado internacional de seguridad establecido por los Estados Unidos con México y América Central con el pretexto de luchar contra el narcotráfico y la integración de México y América Central con el Comando Norte de los Estados Unidos.”
Pero estos planes, en realidad, incrementan las posibilidades de Washington para su abasto energético, “dado que México, Guatemala, Belice y Colombia son países petroleros. Los planes también hacen que sea más fácil para los Estados Unidos, Canadá y México usar sus armas contra las amenazas externas y, sobre todo, la oposición interna. Los planes, en fin representan una nueva fase del imperialismo contemporáneo.
Revista Emet
http://www.jamescockcroft.com/node/203
RECHAZAMOS LA REFORMA A LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL Y EL ESTABLECIMIENTO DE UN ESTADO POLICÍACO-MILITAR
Los grupos parlamentarios del PAN y el PRI emitieron un proyecto de dictamen en la Cámara de Diputados para reformar la Ley de Seguridad Nacional. Este proyecto modifica lo referente a dicha reforma en el sentido de que el Presidente solicite la intervención de las fuerzas armadas en contra de movimientos de carácter político, electoral, social o del trabajo cuando lo considere una amenaza a la seguridad interior. Esta reforma también brinda atribuciones a militares, marina y CISEN para realizar tareas de espionaje. La Ley sitúa en la misma clasificación al crimen organizado y a los movimientos de carácter político, social y electoral. Permite que el Ejército revise las pertenencias de los particulares en las calles y que para requerirles información utilice “cualquier herramienta que resulte necesaria”. Prevé informantes anónimos del ejército y usar “cualquier método de recolección de información”. Bajo el concepto de “prevención social” la reforma pretende que la ciudadanía este obligada a colaborar en investigaciones judiciales y militares. Esto significaría una suspensión de garantías sin la necesidad del decreto de estado de excepción.
La reforma solamente enuncia el respeto a los derechos humanos, pero abre la puerta a que sean violados de manera “legal”. Hay contradicciones en el planteamiento de la reforma que en conjunto con el momento en que se está queriendo aprobar nos hace pensar que la intención de fondo no es únicamente el combate al crimen organizado sino el camino a un golpe de estado por vías legislativas y al establecimiento de un estado policiaco. Esta reforma pretende ser aprobada antes del 30 de abril, durante el período vacacional.
La reforma se encuentra en manos de las comisiones a cargo de:
Comisión de Gobernación
Dip. Javier Corral Jurado (PAN)
Tel: (55) 50360000 ext. 57130
Twitter: @Javier_Corral
Comisión de Seguridad Pública
Dip. José Luis Ovando Patrón (PAN)
Tel: (55) 50360000 ext. 51217
Twitter: @JLOvandoP
Comisión de Defensa Nacional
Dip. Rogelio Cerda Pérez (PRI)
Tel: (55) 50360000 ext. 66004
Twitter: @rogeliocerda
Comisión de Justicia
Dip. Victor Humberto Benítez Treviño (PRI)
Tel: (55) 50360000 ext. 57148
Twitter: @HumbertoBeniTre
Comisión de Derechos Humanos
Dip. Manuel Cadena Morales (PRI)
Tel: (55) 50360000 ext. 66318
Twitter: @manuelcadena38
Como ciudadanos que exigimos ¡No más Sangre y un Alto a la Guerra de Felipe Calderón! proponemos:
1. Enviar desde este momento mensajes al correo y Twitter de los presidentes de las comisiones responsables diciendo: ¡Rechazamos la reforma a la Ley de Seguridad Nacional y el establecimiento de un Estado Policial-Militar!
2. Llamar a partir del lunes 25 de abril a las 8:00 hrs a los teléfonos de los presidentes de las comisiones responsables diciendo: Llamo porque rechazo la reforma a la Ley de Seguridad Nacional y el establecimiento de un Estado Policial-Militar.
NODHO de Derechos Humanos
Las bancadas de PRD y PT en la Cámara de Diputados denunciaron que se prepara un albazo, a fin de aprobar de forma acelerada, en las pocas sesiones que restan al periodo ordinario, reformas a la Ley de Seguridad Nacional con las que se creará un régimen militar similar al que operó en el Chile de Pinochet y violenta la Constitución en principios fundamentales, que tienen que ver con las libertades ciudadanas.
La diputada perredista Teresa Encháustegui y el petista Mario di Costanzo coincidieron en que la única posibilidad de que no se apruebe en San Lázaro ese dictamen que da al Ejército facultades por encima de las definidas en la Carta Magna, es que una parte de la bancada del PRI se oponga a ese proyecto que los legisladores afines a Enrique Peña Nieto negociaron con el presidente Felipe Calderón y el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván.
Entrevistados por separado, ambos legisladores coincidieron asimismo en que la izquierda no puede permitir una legislación que vulnera el régimen constitucional de garantías y sienta las bases de un Estado militar, con el pretexto de dar mayores instrumentos al gobierno federal para seguir adelante con su fallida estrategia contra el crimen organizado.
En un contexto en que las fuerzas armadas han incurrido en infinidad de violaciones a derechos humanos, en que han disparado y matado a civiles sólo porque no se detuvieron en retenes, sería gravísimo que se aprobara esa reforma que faculta al Ejecutivo federal para actuar como si se viviera un estado de excepción, recalcó Di Costanzo.
Señaló que tiene información de que PRI y PAN planean sesionar hasta el último día del periodo, el próximo sábado 30, para sacar ese dictamen, presentado por el priísta mexiquense Alfonso Navarrete Prida. Encháustegui hizo notar que los impulsores de esos cambios a la minuta del Senado seguramente intentarán mayoritear el próximo lunes, para aprobar sólo en la Comisión de Defensa el proyecto y dejar fuera a las otras cuatro comisiones dictaminadoras.
La perredista recalcó que no cree que todos los diputados del PRI avalen ese dictamen, que es una afrenta para los senadores, incluidos los del tricolor, ya que desechó los cambios que se formularon en Xicoténcatl a la iniciativa presidencial. Confiamos en que los priístas que tienen en su haber la transición más tersa en la historia nacional, el paso del régimen militar al civil en la década de 1940, rechacen esta barbaridad.
Di Costanzo consideró evidenteque hay un acuerdo entre los diputados del tricolor afines a Peña Nieto con Calderón, con miras a 2012 y que se ha apresurado el proceso legislativo para evitar que la ciudadanía lo digiera y rechace. Si bien, dijo, Navarrete Prida lo impulsa con todo y los integrantes de la Comisión de Defensa están doblegadosante el general Galván, la única esperanza de que no pase es que parte de los priístas lo rechacen.
Secretaria de la Comisión de Seguridad Pública, Encháustegui expuso que para su bancada son inaceptables las modificaciones que le hicieron PRI y PAN a la minuta. Nosotros estamos en favor de una política para combatir al crimen organizado que incluya la participación del Ejército, pero con plazos temporales y sin que se violente la Carta Magna.
Expuso que en el dictamen de la Comisión de Defensa se faculta al Ejecutivo federal para decretar una afectación a la seguridad interior, que no es otra cosa que decretar estados de excepción, donde la información se considera secreta.
Hizo notar que el artículo 21 asienta que hasta por una mentada de madre a alguno de los funcionarios responsables de seguridad habrá represalias y se considerará a quien lo haga alguien que obstaculiza el proyecto nacional. Aquí cabe preguntarse, recalcó, ¿a qué proyecto se refieren, al del gobierno actual?
Di Costanzo agregó que se trata de una regresión muy grande para el país, pues los militares podrán interrogar a ciudadanos en la calle, revisar sus pertenencias, integrar expedientes confidenciales con fines políticos, usar testigos anónimos; es la legalización delmichoacanazo”. En general, le dan armas al Ejército para avanzar a un Estado totalitario y lo facultan para ir contra movimientos sociales, laborales o electorales.
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