Madres de familia integrantes del comité de gestoría del Jardín de niños “Club de Leones”, contra la construcción de la gasolinera Akishino ubicada sobre el bulevar de ese mismo nombre y frente a la institución informaron que la construcción de la gasolinera está rodeada de corruptelas y mentiras.
Dijeron que ante estas arbitrariedades no pararán hasta lograr se castigue a los funcionarios que participaron en estos actos de corrupción y de ocultamiento de información para aprobar los permisos de construcción.
Graciela De León Zacarías, integrante de comité gestor sentenció que las autoridades municipales incurrieron en actos ilegales al expedir permisos de construcción alterando información por ejemplo de la distancia entre la obra y el jardín de niños “las autoridades plasmaron en los documentos que había una distancia fuera de riesgo, cuando las medidas permisibles son de 200 metros y la gasolinera solo tiene menos de 20 metros de distancia con el kínder”.
La gestora resaltó la declaración de la propia titular de la SEMAVI, Lourdes Adriana López Moreno quien destacaba que la documentación de los empresarios estaba en regla, por ello mencionó que es necesario hacer una investigación detallada.
Y es que a decir de Graciela de León se ignoró que en la parte posterior de la gasolinera se ubica una escuela de educación especial y un poco más de 50 viviendas, las cuales se verían afectadas con la emanación de gases y olores del combustible, además de que representa un riesgo permanente en caso de alguna contingencia.
Por su parte Ruth Tercero Aguilar, del comité hizo incapie en la deserción escolar que ha provocado en el jardín de niños debido a este problema y por el temor de los padres a poner en peligro a los niños que se retiraron del kínder.
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Capítulo Uno
El sexenio de Televisa inició antes de las elecciones presidenciales del 2 de julio de 2006 y pretende prolongarse más allá del 2012. El consorcio mediático más poderoso del país y uno de los diez más grandes del mundo leyó bien las circunstancias de debilidad y de divisiones existentes en la clase política mexicana, como resultado de una frustrada e incompleta transición. Heredera de un modelo de control informativo y con prácticas comerciales monopólicas, típicas de la era de los gobiernos del PRI, Televisa pronto se blindó y neutralizó las demandas de democratización del régimen de medios de comunicación electrónica, especialmente, en la televisión comercial.
Televisa ha ignorado y minimizado sistemáticamente los reclamos de transparencia en el otorgamiento de las concesiones de radio y televisión, pluralidad y calidad en los contenidos, autonomía de los organismos reguladores de la radiodifusión para eliminar el “presidencialismo televisivo”, así como mayor y mejor competencia en la pantalla. De paso, logró bloquear durante “su sexenio” a su más fuerte competidor, Telmex, futuro y temido competidor en el mercado del triple play (audio, video y datos convergentes).
Televisa sobrevivió a la caída del PRI en la presidencia de la República porque los partidos políticos privilegiaron la alternancia electoral para dejar en un segundo plano la democratización en el terreno del derecho a la información.
A finales de la década de los noventa, la crisis de Televisa, a raíz de la muerte de Emilio Azcárraga Milmo, El Tigre, era de credibilidad frente a una sociedad que se acostumbró a verla como una extensión del régimen priista. La nueva generación encabezada por Emilio Azcárraga Jean enfrentó esa crisis con medidas superficiales que no transformaron el modelo de televisión que configuró El Tigre. Para ellos, la pantalla es, ante todo, un negocio y no un servicio público concesionado. Y le apostaron a incrementar el gran negocio que representa controlar los contenidos mediáticos.
Las prácticas monopólicas se incrementaron y el chantaje frente a una clase política que glorificó la imagen y el tiempo de acceso a la pantalla le sirvieron a este conglomerado mediático para defender sus intereses. En la práctica, operó lo que el Banco Mundial ha clasificado como “captura del Estado”, es decir, cuando los poderes no institucionales se ponen por encima de las instituciones públicas y acaban condicionándolo para imponer sus propios intereses.
Televisa hizo dos apuestas durante el gobierno de Vicente Fox, el primer presidente del PAN tras siete décadas de régimen priista:
a) Dejar de ser un “soldado del presidente” y transformar la ecuación, de tal manera que los políticos de todos los partidos se volvieran sus propios soldados.
b) Trasladar su condición de monopolio televisivo a la de gran corporativo de telecomunicaciones, dominante en la nueva era de la digitalización y del triple play. El final del modelo de televisión analógica y la transición hacia una televisión digital, con opciones de convergencia tecnológica en telecomunicaciones ha sido el principal desafío para los directivos de Televisa.
En otras palabras, ser el gran poder en materia de producción y contenidos audiovisuales, pero también de servicios convergentes en telefonía e internet, el gran negocio del nuevo milenio. Televisa, bajo la presidencia de Emilio Azcárrraga Jean, se ha soñado como una mezcla de Bill Gates y su emporio Microsoft, y de Rupert Murdoch, el magnate australiano de los medios de comunicación anglosajones, propietario de la televisión satelital Sky y de una serie de canales de televisión restringida bajo el signo de la compañía Fox con una agenda muy conservadora en lo político y muy proclive al sensacionalismo y la chabacanería mediática.
Para lograrlo, Azcárraga Jean se desembarazó durante una década de los compromisos adquiridos por su padre, Emilio Azcárraga Milmo, El Tigre, fallecido en 1997; formó un equipo de nuevos CEO’s, compañeros de generación, que tomaron por asalto la administración del consorcio bajo la fantasía infantil de ser una especie de “Los Cuatro Fantásticos”; realizó sociedades financieras con Carlos Slim, el magnate de Telmex, y con otros empresarios para sacar adelante a la empresa de sus deudas y luego deshizo estas sociedades desde mediados de esta década; se concentró en el mercado mexicano y latinoamericano ante el fracaso concretado en 2006 para adquirir las acciones mayoritarias de Univisión, la cadena de televisión hispanohablante más grande de Estados Unidos.
Por último, entendió que si quería dejar de ser un “soldado del presidente”, Televisa tenía que convertirse en una nueva maquinaria dedicada a la mercadotecnia política, mezclando su poderoso aparato publicitario y su dominio en la pantalla para doblegar a una clase política adicta a los valores del rating.
Televisa dejó de cabildear para transformarse en legislador de sus propios intereses. La iniciativa de contrarreformas a la Ley Federal de Radio y Televisión y a la Ley Federal de Telecomunicaciones, que la revista Proceso bautizó como Ley Televisa se convirtió en la síntesis de las ambiciones de la nueva generación al frente del consorcio televisivo.
La empresa demostró a finales de 2005 y en el primer trimestre de 2006 que podía arrodillar a los candidatos presidenciales, a la mayoría de los diputados federales y de los senadores para imponer sus intereses. En la Cámara de Diputados, 305 legisladores de todos los partidos aprobaron en menos de diez minutos, sin discusión, el paquete de reformas que constituyen la Ley Televisa. En el Senado, sólo un puñado de políticos que inicialmente fueron 11 –de un total de 126- dio la pelea para evitar que se concretaran los cambios aprobados por los diputados. No consiguieron frenar la ley. Los equipos de los candidatos presidenciales, en especial del PRI (Roberto Madrazo) y del PAN (Felipe Calderón) presionaron para que el 31 de marzo de 2006 se aprobara la Ley Televisa sin modificarle “una sola coma” en el Senado. La ley fue promulgada el 11 de abril de 2006 en el Diario Oficial de la Federación, con el visto bueno de Vicente Fox, el presidente que había prometido el “cambio” como un acto de propaganda.
Los senadores del PRI, PAN y PRD que se opusieron a estas reformas impulsaron una acción de anticonstitucionalidad contra esta ley. Fueron un total de 47 legisladores que interpusieron un recurso de anticonstitucionalidad. La Suprema Corte discutió en mayo de 2007 los diferentes aspectos que violentaban la Constitución Política Mexicana y en junio del mismo año desechó aspectos sustanciales de estas reformas.
Sin embargo, el plan de negocios y el proyecto transexenal de Televisa continuaron. El golpe de la Suprema Corte de Justicia ha sido invalidado en los hechos durante estos años de gobierno calderonista. No sólo eso. La reforma electoral que se discutió casi en paralelo con la anticonstitucionalidad de la Ley Televisa, orilló que esta empresa, junto con TV Azteca y los principales grupos radiofónicos desafiaran abiertamente la nueva legislación que estableció la prohibición absoluta de la compra de tiempo-aire en los procesos electorales.
El Congreso prohibió la mercadotecnia político-electoral –siempre bajo la obsesión de reformas en el marco de la contienda de las leyes electorales-, pero no impidió el gran truco de estos años: la venta de publicidad integrada o mejor conocida como infomerciales disfrazados de contenidos informativos o de entretenimiento para promover a los políticos con aspiraciones políticas.
El joven gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto, del PRI, se transformó en el modelo a seguir y en el argumento de venta más poderoso de Televisa: si lograban transformar a un político sin experiencia ni trayectoria en la figura más popular de los últimos años, entonces, demostraban que el control de las elecciones no pasaba por el Congreso sino por la pantalla.
Una decena de gobernadores y dirigentes políticos han copiado el “modelo Peña Nieto” generando uno de los despilfarros más grandes de las cuentas del erario público y glorificando esta operación. Lo importante entonces no es ganar con votos sino con spots, infomerciales, marketing, y con mucho dinero para que en la televisión no los borre (como hicieron con el senador panista Santiago Creel, su ex aliado) o los convierta en villanos políticos (como han hecho con el perredista Andrés Manuel López Obrador) o tengan una operación cercana al sadomasoquismo (como ha ocurrido con el presidente Felipe Calderón).
La reforma electoral nació muerta. Antes de que el Congreso ordenara la prohibición y modificara varios artículos constitucionales, Televisa logró darle la vuelta a los nuevos candados, gracias a las lagunas legales existentes aún en la Ley Federal de Radio y Televisión y en la Ley Federal de Telecomunicaciones.
Nada prohíbe expresamente a Televisa comercializar sus contenidos editoriales, de entretenimiento y de espectáculos para que se conviertan en una pasarela de políticos con aspiraciones. De la república del spot pasamos a la dictadura del advertainment, es decir, a la mezcla de mercadotecnia y entretenimiento, sin que exista instancia gubernamental comprometida a regular este fenómeno.
Telenovelas, noticiarios, programas musicales y de variedades, los programas de deportes, teletones, promocionales de los estados, así como los reality shows al estilo del Big Brother y hasta las estrellas de factura efímera (como la actriz Angélica Rivero, la “novia” de Peña Nieto) se transformaron en el escenario para el nuevo dominio de Televisa en la república de pantalla.
Su última y gran apuesta, con miras a la sucesión del 2012, es la Iniciativa México, una operación de cooptación de organismos sociales y ciudadanos, de intelectuales, comentaristas, medios de comunicación ajenos a su dominio, bajo la apariencia de filantropía ciudadana. La Iniciativa México, creada bajo el pretexto de los festejos del Bicentenario de la Independencia en 2010, en realidad es una campaña adelantada para que Televisa diga quiénes son los “ciudadanos” y los “valores” que deberán promoverse para salir adelante.
Toda esta operación constituye una serie de historias no contadas ni fiscalizadas, aunque ampliamente documentada en los contenidos de los canales de Televisa, en especial, del canal 2, el de “las estrellas”.
En paralelo, el gobierno de Felipe Calderón, débil en su legitimidad y ambicioso en su plan de militarización del país y polarización del debate político, se volvió un rehén de Televisa para lograr sus objetivos. El calderonismo se propuso resarcir a las televisoras por la supuesta pérdida de los ingresos en spots electorales, prohibidos a raíz de la reforma electoral, a cambio de contar con su apoyo en pantalla.
Nada de esto ha sido gratuito. El gasto en publicidad gubernamental se disparó en los primeros cuatro años de la administración de Felipe Calderón. Entre diciembre de 2006 y mayo de 2010 el gobierno federal ha destinado casi 17 mil millones de pesos (16, 977 millones de pesos) para promocionarse en medios de comunicación, un gasto que implica un crecimiento de 500 por ciento en relación con lo que destinó el gobierno de Vicente Fox, según el análisis de la organización Fundar. Más del 60 por ciento de estos recursos se fueron a las televisoras y un porcentaje muy elevado, aún no especificado por el gobierno, se concentró en Televisa.
Tan sólo durante 2008 –el año posterior a la reforma electoral- el gobierno de Calderón ejerció 5 mil 473.47 millones de pesos en publicidad mediática, y en 2009 –el año de las elecciones federales que desembocaron en el retorno del PRI como primera mayoría en la Cámara de Diputados-, el calderonismo ejerció 5 mil 371.41 millones de pesos, según el reporte entregado a la Comisión Permanente del Congreso (ver Reforma, 14 de julio 2010, p. 5).
Otros datos de la consultora Central Media confirman que el principal cliente para la televisión y la red de empresas de Televisa es el gobierno federal. De acuerdo con esta consultora, en 2009 el gobierno de la República invirtió 4 mil 585 millones 052 mil pesos en televisión, prácticamente duplicó a la compañía Nestlé, la cuarta en la lista, que invirtió 2 mil 196 millones de pesos en publicidad para la televisión.
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